El turno de oficio de Valladolid constata el aumento de las denuncias de violencia de género

Estas solicitudes en el ámbito de la violencia de género aumentaron un 8,9% en relación al año anterior, con lo que se alcanzaron las 762 peticiones. Las consultas en materia de extranjería y asuntos sociales, que subieron un 49% y un 32% respectivamente, aunque con cifras totales más moderadas, son las otras dos áreas en las que la labor de los abogados de oficio fue más intensa que el año anterior, ya que las peticiones del resto de jurisdicciones bajaron con respecto a 2021, explican desde el Icava.

La jurisdicción Penal, predominante en los asuntos tramitados a través de la justicia gratuita, atendió el año pasado un total de 4.950 peticiones, un 3% más que el año pasado y la cifra más alta de toda la década. Dentro de este ámbito jurídico se encuentran, entre otros, los casos relacionados con la violencia contra la mujer, que alcanzaron las 762 solicitudes, 62 más que el año anterior. «Los casos de violencia de género siguen subiendo, lo cual demuestra que es un tema complicado y problemático, pero los abogados del turno de oficio asistimos a las mujeres cuando ya han sufrido la agresión. Es verdad que cada vez se dan más servicios y hay más información, pero nuestra intervención se produce ya a posteriori, y para evitar que se siga produciendo esta lacra habrá que buscar medidas más efectivas para que no lleguen a ocurrir», señaló el responsable del Turno de Oficio del Icava, Fernando Rosat.

Desde el Colegio se presta un turno especializado de Asistencia a Mujeres y Niñas Víctimas de Agresiones y/o Abusos Sexuales, gracias al convenio suscrito por el Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, que en 2022 ha permitido la intervención letrada en 47 asistencias.

Dentro de los expedientes penales, los de violencia de género son apenas los únicos que han subido, con una subida del 8,9% en los últimos 12 meses. En este periodo cayeron aquellos asuntos relacionados con el juzgado penal (37% menos) y vigilancia penitenciaria (6,3%), mientras que los de menores e instrucción se mantuvieron prácticamente estables, con unas variaciones cercanas al 2%. Los de la Audiencia Provincial, incluidos de igual manera en este apartado, también subieron al pasar de 8 a 12, unas cifras tan reducidas que apenas tienen incidencia en la estadística global.

En otras jurisdicciones, Extranjería fue la que más incremento experimentó en el último año al pasar de 150 a 224 expedientes atendidos. Cuando los letrados del turno de oficio intervienen en este tipo de casos es para asistir a extranjeros en situación irregular que se encuentran en procedimientos de expulsión del territorio español. En este sentido, Rosat explica que «con la pandemia hubo una paralización porque no hubo tanto trasiego de personas, pero ahora que se han levantado las restricciones la gente ha vuelto a moverse de un sitio para otro, lo que provoca que hayan aumentado este tipo de solicitudes».

Por su parte, los expedientes de la jurisdicción Social se elevaron un 31,6%, con un total de 276 casos atendidos en los últimos doce meses. «Ya lo habíamos advertido: en el momento en el que hemos vuelto a una cierta normalidad de la actividad económica y a una presencialidad en las empresas, se han vuelto a producir las reclamaciones laborales que han estado paralizadas durante la pandemia», apuntó el responsable del Turno de Oficio.

Las caídas más significativas las protagonizaron los asuntos civiles, que descendieron un 10,3% en 2022 al pasar de 1.947 a 1.746 peticiones, y los del ámbito contencioso-administrativo, que experimentaron un retroceso del 15%, de 243 a 206 casos. Precisamente, este último ha pasado, en un año, de ser la tercera jurisdicción con mayor número de casos a la quinta, cayendo por debajo de los asuntos sociales y de extranjería.

En el caso de los expedientes civiles, la bajada se debe a dos factores, apunta Rosat: «Por un lado, la paralización y suspensión en los procedimientos judiciales de desahucios por la nueva normativa provoca que haya menos solicitudes y, por otro, en asuntos de Familia, la incertidumbre económica provoca que la gente no inicie procedimientos para divorcios, guardias y custodias, modificaciones de pensiones alimenticias o liquidación de gananciales, sino que prefieren posponerlo a ver cómo se va desarrollando la situación».

Por su parte, los expedientes de la jurisdicción Militar también se redujeron en el último año, con unas cifras de nuevo muy reducidas que no influyen en la estadística colectiva.

La estadística recoge todos los expedientes tramitados por el Icava en 2022, pero alrededor de 300 resultan archivados por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita al detectarse falta de firma o algún tipo de defecto formal en la solicitud. Estos fallos provocan que no se reconozca la justicia gratuita y que, por tanto, ni el profesional perciba ninguna compensación por el servicio prestado, ni el Colegio por las labores de tramitación. «Esto supone que los profesionales asistimos, actuamos en el procedimiento, pero no se nos retribuye al no estar tramitado correctamente el expediente, algo que se escapa de nuestras facultades. Hay veces que actuamos y ni siquiera se nos retribuye nada por una cuestión formal ajena al profesional que ha prestado el servicio», lamenta Rosat, que añade: «El Ministerio de Justicia se está negando por el momento a abonar a los profesionales la intervención en los expedientes de solicitud del beneficio para los asuntos penales archivados por falta de documentación, algo que aparece establecido en el artículo 42 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita».