La okupación de 24 pisos derivó en el crimen de Santovenia

Con esos antecedentes, los propietarios de esas casas no se han sorprendido tras ver y oír lo que sucedió en la madrugada del pasado viernes, cuando Pablo Antonio Santamaría Herranz, vecino del bajo A del número 8, mató presuntamente a Dionisio Alonso Pardo, inquilino del tercero A del mismo bloque, y al teniente coronel Pedro Alfonso Casado.

No les pilló por sorpresa, pero su miedo, el que padecen desde hace una década, se acrecentó al escuchar el tiro que acabó con la vida de Dionisio y al ver cómo atendían al guardia civil en plena calle tras el impacto de bala.

Esto sucedió el 1 de julio de 2022, pero su historia de «una mala compra» se rebobina al 2008, en el inicio de la crisis del ladrillo y con los precios de la vivienda disparados. Eso propició que muchos vallisoletanos empezaran a otear la opción de trasladarse al alfoz, concretamente a Santovenia de Pisuerga, para esquivar una adquisición que en la capital era impensable. Sus precios rondaban los 180.000 euros, cantidad «inalcanzable ahora mismo por la fama que tiene la calle». «Tal vez el posible aterrizaje de Switch Mobility los revalorice un poco», apuntaban los vecinos de la calle, que prefieren no desvelar su nombre por seguridad. En ese 2008, los pisos de los once bloques se vendieron de una forma continuada, con la salvedad del número 8. Es el último de la calle, y de las 16 viviendas se compraron solo cinco. Las once restantes permanecieron okupadas ilegalmente.

En Alfredo Martín desembarcaban, principalmente, parejas jóvenes con ganas de asentarse en un municipio que no ha parado de crecer en número de habitantes (en 2011 no se alcanzaban los 4.000 vecinos y ahora ya hay más de 4.300).

Fue en esos primeros años cuando los problemas de okupación aparecieron en Santovenia, aunque la problemática aún no residía en la calle Alfredo Martín. A la par que estas jóvenes familias se instalaban en el alfoz, hacían lo propio clanes de la capital de forma ilegal, que se movían de Barrio a España a Santovenia. Salían de la capital para mudarse a un municipio que se encuentra a no más de diez minutos de su antigua residencia.

En 2012, y en un bloque de viviendas con un gran porcentaje de pisos vacíos, okupó una de esas casas la familia de Dionisio Alonso. En la misma calle, su suegra, que había sido desalojada de una propiedad en la calle Paraíso de Santovenia, también se instalaba de forma ilegal en el número 4 de la calle Alfredo Martín.

Al poco de aterrizar la familia de la víctima del pasado viernes, llegaba también de forma ilegal la del presunto autor de los disparos, la de Pablo Antonio Santamaría Herranz. En esta ocasión, al bajo A del número 8. Hasta el punto de que en ese bloque había más pisos okupados que comprados. «Al principio no daban guerra. No pagarían, pero no eran problemáticos para la convivencia», señalan los vecinos de la zona. «Eso sí, los gastos de comunidad, al no abonarlos, corrían de nuestra cuenta y prácticamente teníamos que subir las cuotas para cuadrar las cuentas», recalcan.

De forma simultánea y más mediática, salía a la palestra el caso del Edificio Isla, en la calle Marqués de San Felices, y que acabó con seguridad privada tras la okupación de sus viviendas. «Todo el pueblo se manifestó por lo que se empezaba a vivir en Santovenia. Todos recordamos en esa concentración que al pasar cerca de la calle Alfredo Martín nos empezaban a tirar huevos», rememoran vecinos del municipio.

Desde el 2012 hasta el 2018 esa fue la tónica de la calle Alfredo Martín de Santovenia, aunque la situación empezaba a deteriorarse. La empresa propietaria de las viviendas, Patrimonial A. F. Urbanismo, inició la negociación con los inquilinos ilegales de las 24 viviendas que por aquel entonces ya estaban okupadas (se incluye alguna de la calle Cañada de la Aguilera, 14, que padecen el mismo problema) tras denunciar Patrimonial A. F. Urbanismo la okupación de sus viviendas ante la Guardia Civil.

Eso obligó a que el instituto armado interviniera y empezara a pedir unos contratos de alquiler inexistentes hasta la fecha. Finalmente, en junio de 2018 se pactaron unos precios de arrendamiento que rondaban los 200 euros más los 60 euros de los gastos de comunidad. Se regularizaba una situación hasta ese momento ilegal, aunque los problemas de menudeo y peleas no desaparecían de la calle Alfredo Martín.

Patrimonial A. F. Urbanismo, que promovió la venta desde el inicio, se financió para la construcción de los bloques con una partida económica de una entidad, que finalmente se incorporó al Banco Mare Nostrum. «Esos inquilinos actualmente tienen sus contratos y están pagando el alquiler», recalcan desde Patrimonial A.F. Urbanismo, sin la figura del administrador desde 2018 tras fallecer en ese año. Asimismo, un fondo adquirió la deuda generada que tenía el banco y el proceso se encuentra en un tedioso procedimiento en los juzgados. «En algún momento esas viviendas se subastarán y el fondo será el propietario para poder hacer algo», apuntan los representantes del fondo.

Un hecho que no modificó la «pesadilla» de los vecinos de la calle Alfredo Martín, que en su día a día continuaban con peleas y menudeo en sus calles. Hasta que llegó la tormenta del 1 de julio. «Sabíamos que esto iba a pasar. No entendemos la inacción del alcalde», añaden los vecinos.

Y es que la postura del regidor, Bernardo Canedo, desde el mismo día del suceso ha sido la misma. «No esperábamos que en Santovenia pudieran pasar estas cosas», apuntaba en el inicio de la calle del crimen.

Frases que contrastan con las afirmaciones de los propietarios. «Sabemos que no son Las Viudas ni el Bronx. Es una calle de Santovenia que convive con lo que rodea la okupación. Es una sola calle», concluyen.