Valladolid

Los pequeños municipios reciben más de 35 millones para suministro de agua de consumo

El nuevo plan general del agua se enmarca en una serie de actuaciones, a las que ambos se han referido como «políticas del ciclo del agua» que tanto Junta como Diputación llevan desarrollando de manera conjunta desde 2020, cuando se inició el proyecto con la proyección de nuevas depuradoras para, según ha dicho el presidente de la Diputación, «mejorar el agua tanto en calidad como en cantidad en los pueblos de Valladolid».

Este nuevo protocolo viene a acometer la problemática de abastecimiento que sufren algunos municipios de la provincia, especialmente en los meses de julio y agosto. «El verano supone una prueba de estrés para muchos pueblos que multiplican su población», lo que para Suárez-Quiñones trae serios problemas en los acuíferos que sirven de agua a estos núcleos, que ven reducido su volumen e incluso terminan contaminados. Para hacer frente a este problema, la Junta lleva desde este mismo año actualizando la red interior de las localidades pequeñas con renovación de las tuberías, sustituyendo las de fibrocemento para minimizar las pérdidas, y digitalizando la gestión del consumo del agua.

La firma de este nuevo protocolo para el abastecimiento supone para el Suárez-Quiñones «una formalización del trabajo conjunto con la Diputación para garantizar el suministro del agua» que permite que los técnicos de las administraciones autonómica y provincial evalúen las necesidades de los pueblos y valoren dónde y cómo llevar a cabo estas actuaciones con el objetivo de construir depósitos mancomunados que garanticen las necesidades de agua potable de los municipios con problemas contrastados.

De esta manera, es el trabajo de campo de los grupos de técnicos también el que determina el presupuesto que se destinará para cada obra: «Trabajamos sin previsión de costes, amoldándonos a los estudios que realizan los grupos técnicos, que son quienes deciden en último término qué actuaciones se llevan a cabo. Una vez tenemos el informe, dotamos presupuestariamente la obra para llevar a cabo su elaboración» ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio a los medios durante la presentación del protocolo.

En palabras de Suárez-Quiñones, desde la Junta ven el adecuado abastecimiento de agua potable como «una forma de luchar contra la despoblación», al garantizar «servicios básicos de calidad en pueblos que se enfrentan a un importante reto demogáfico». Conrado Íscar, por su parte, ha recalcado la importancia de servir de agua de calidad a los municipios pequeños que son «la razón de existencia de la Diputación».

El inicio de estas actuaciones conjuntas entre administraciones para la mejora del agua potable surge en 2020, cuando la colaboración entre Junta y Diputación llevó a la instalación de plantas de depuración en municipios de Valladolid de entre 500 y 2.000 habitantes. Actuaciones que, según el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del territorio «ya están produciendo sus frutos».

«A lo largo de la provincia se están llevando a cabo la instalación de un total de 34 depuradoras, con las de Pollos y Geria, entre otros municipios, como obras más avanzadas» según el consejero. Estas instalaciones, que están en diferentes fases de ejecución, tienen un coste total de 22 millones de euros. Además, Junta y Diputación trabajan en otras 100 pequeñas instalaciones depuradoras que se presupuestaron en 12 millones de euros para pueblos de menos de 500 habitantes desde 2023. En total, ya se han invertido 34 millones en obras para mejorar la depuración del agua en municipios de toda la provincia.

A pesar de que la depuración y el abastecimiento de agua potable es una competencia municipal, presidente de la Diputación y consejero han recalcado la utilidad de la intervención de «administraciones más grandes» en búsqueda de «defender el municipalismo», prestando ayuda técnica y económica a aquellos ayuntamientos que no pueden hacer frente a determinadas obras y servicios para sus ciudadanos.

Suárez-Quiñones ha explicado al final de su intervención ante los medios la forma en que se financian estas actuaciones: «el 80% del gasto lo costeamos tanto Junta como Diputación a fondo perdido y de manera equitativa, mientras que el 20% restante lo asumen los ayuntamientos, a quienes desde la Junta ofrecemos la posibilidad de financiar la inversión a 25 años».

Suárez-Quiñones ha anotado al final de su intervención que el objetivo final de estas actuaciones que llevan en marcha desde 2020 es conseguir cero aguas residuales sin depurar en Castilla y León, lo que supone un «reto mayúsculo» que pondría a la Comunidad «a la vanguardia europea» en este aspecto.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha aprovechado la presentación de este nuevo protocolo para exigirle a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) más colaboración a la hora de autorizar las actuaciones de abastecimiento y depuración. «Su ayuda es indispensable y son muchos los pueblos que urgen una solución a sus problemas con el agua potable».

Íscar interpela a la ayuda de la presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente, a la que ya ha solicitado mantener una reunión para resolver los proyectos que ha ido presentando la Diputación y que no han recibido contestación por parte de la Confederación. Conrado Íscar reconoce que el retraso en la ejecución de algunos de estos proyectos en la provincia se debe directamente a este silencio que reciben de parte de la CHD en proyectos que están ya preparados para iniciarse.