Alertan del «claro descontrol en seguridad» tras el susto con un niño en el encierro de Arrabal

La Fundación Franz Weber ha exigido a la Junta de Castilla y León que abra un expediente o inicie una investigación a partir de los sucedido en las fiestas de Arrabal de Portillo, cuando un menor «de muy corta edad estuvo a muy poco de sufrir la cogida de uno de los astados durante un encierro«. A su juicio, lo ocurrido «evidencia el claro descontrol en materia de seguridad que rodea a los actos taurinos en la vía pública». «La familia, que pudo sufrir una enorme tragedia, se encontraba detrás del quitamiedos justo a la entrada de la localidad cuando el animal se acercó», recordó la Fundación. El toro se quedó inmóvil delante de ellos durante unos instantes y no actuó, lo que hubiera podido acabar en tragedia.

La organización se escudó en el que animal se escapó del recorrido, lo que es una «excusa» para la Fundación Franz Weber y un «insulto a la inteligencia que demuestra errores en la planificación y en la elaboración de contingencias en materia de riesgos». «Si un animal sale del espacio señalado no existe protocolo de urgencia que impida cogidas a todo tipo de personas, incluidas las ajenas a la propia convocatoria», apuntó en el comunicado.

El vídeo se ha viralizado en redes sociales y en él se observa que los adultos presentes en la escena «no son capaces de reaccionar, lo que podría evidenciar un contexto sobrevenido para el cual ni siquiera están preparados».

Los naturalistas explicaron que en Castilla y León la Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia incluye un artículo muy específico sobre la presencia de menores en actividades lesivas para su integridad física o moral. Se trata del artículo 30, apartado a), que resalta la prohibición de acceso a «aquellos en los que tengan lugar actividades o espectáculos violentos, pornográficos o de contenido perjudicial para el correcto desarrollo de su personalidad».

Con estos antecedentes, la ONG internacional, con estatus consultivo ante el Comité de los Derechos del Niño (CDN) de Naciones Unidas, exigió explicaciones al Ejecutivo autonómico, «responsabilidades que también se podrían hacer extensibles a los adultos que trasladaron al menor a esa situación de riesgo».

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