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Las manifestaciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, situando a su partido en «el extrarradio de la Constitución» a causa de la proposición de ley de amnistía autoenmendada para incluir delitos de terrorismo, dio lugar a una réplica contundente por parte de ... distintos responsables del PSOE. Con Óscar Puente, ministro de Transportes, situando al secretario general de los socialistas castellanomanchegos en el «extrarradio» del partido. Siendo probable que el marco de las manifestaciones de García-Page, un encuentro deliberado en Fitur con los barones populares Juan Manuel Moreno Bonilla, Carlos Mazón y Fernando López Miras enervase a los dirigentes socialistas.
El episodio no tiene fácil distensión en las relaciones entre el presidente de Castilla-La Mancha y su partido, que ha tomado como afrenta unas palabras que en otro entorno hubiesen pasado como la última discrepancia de Page. La reacción del aparato y la incomodidad generada entre los cuadros socialistas revela mucho más que un disenso. El PSOE preside únicamente tres comunidades autónomas. Castilla-La Mancha con mayoría absoluta. Asturias con el apoyo de IU y Podemos. Navarra en coalición con Geroa Bai y Contigo Zurekin, junto al plácet de EH Bildu. De modo que el centro de gravedad del socialismo de Pedro Sánchez se encuentra en el Congreso de los Diputados y en el Consejo de Ministros, sin más contrapesos. La encrucijada planteada tras el 23 de julio, salvar la coalición precisa para seguir en el Gobierno o renunciar al poder, establece el criterio principal de cohesión interna. Hacer de la necesidad virtud. Siendo ésta impedir que el PP se haga cargo del país con el apoyo de Vox. Pero lo que genera inquietud en el seno de los socialistas es que, para ello, deban atender íntegramente las exigencias del independentismo. Desplegando un argumentario que se actualiza día a día, a medida que decaen las líneas rojas fijadas para la negociación con Junts y ERC.
La composición del Parlamento resultante del 23-J legitima la alianza de la investidura. Nadie puede cuestionarlo sin cuestionar la democracia parlamentaria. Pero solo una interpretación ventajista de la voluntad popular puede concluir que era esto –la amnistía– por lo que votaron los ciudadanos hace seis meses. Del mismo modo que resulta abusivo recurrir a los cambios sociales experimentados desde 1978 para alegar que es obligado releer la Constitución precisamente como lo hace el Gobierno.
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