Las patatas de la discordia que cocieron la Operación Cebada

Indycons reclama a Rico y a Rodríguez la apropiación de 80.000 euros en esas tres transferencias, justificadas mediante documentos falsos y realizadas 'on line' desde la cuenta de la patatera a la de Campo de Peñafiel con las firmas mancomunadas de ambos.

Ambos exdirigentes también acordaron vender el excedente de patatas de Indycons de la campaña 2011-2012 a Campo de Peñafiel, como presidente y administrador de una y otra sociedad. Decidieron verbalmente que la patatera de Tordesillas facturaría a la mercantil solo el precio pactado con los socios, 127,37 euros la tonelada, más 10 euros por tonelada el porte hasta Peñafiel para los socios que transportaran por su cuenta. Estipularon que todo lo que consiguiera Campo de Peñafiel por su cuenta a mayores por la venta de esas patatas quedaría como beneficio para ella. En noviembre de 2012 se llevaron desde el campo 506 toneladas de patatas directamente a los clientes de Campo de Peñafiel (Patatas Lázaro, Patatas AGM Valderrey y Patatas Meléndez) y esta les facturó a ellos. Otras 899 toneladas se enviaron desde las explotaciones de los socios de Indycons al almacén de Campo de Peñafiel entre el 22 de octubre y el 6 de noviembre de 2012. Además se entregaron 48 toneladas a Patatas Meléndez directamente desde el almacén de Indycons el 22 de marzo de 2013. El precio acordado de estas entregas fue el mismo que pagaría la cooperativa tordesillana a sus socios, sin ningún incremento.

Así que, en total, Indycons vendió 1.455 toneladas de patatas a Campo de Peñafiel. Pero en el informe que la mercantil peñafelense entregó a sus socios se indica que la venta fue por 267.588 euros y que se pagó a Indycons 180.000 euros y no el precio de venta pactado inicialmente de 211.144 euros, con lo que la patatera de Tordesillas habría perdido 31.144 euros.

Para la representación de Indycons en el caso Asaja, estos hechos constituyen un delito continuado de apropiación indebida en relación a los 80.000 euros en transferencias, otro continuado de falsedad en documento mercantil por las ocho facturas falsas presentadas y un delito de apropiación indebida por los 31,144 euros del excedente de patatas de la cooperativa. Son responsables como autores, indica la acusación particular, Lino Rodríguez y Gerardo Rico, para quienes solicita las mismas penas: seis años de prisión y multa de doce meses con una cuota diaria de diez euros por el delito de apropiación, tres años de prisión y multa de doce meses con una cuota diaria de diez euros; y por la apropiación indebida del excedente, seis años de prisión y multa de doce meses con una cuota diaria de diez euros. En total, para cada uno de ellos, solicita 15 años de cárcel. En concepto de responsabilidad civil, interesa el pago solidario de 111.144 euros más los intereses. De las tres acusaciones (Fiscalía, Asaja e Indycons), es la que pide condenas más elevadas para los encausados.

Fue el extesorero de Asaja vinculado a Indycons, Alberto Cano, quien, en noviembre de 2013, por quitarse la espina de las patatas, decidió querellarse contra Lino Rodríguez y sacar a la luz una intrincada trama societaria en el seno de la organización agraria diseñada para captar fondos públicos que no se destinaban a los fines para los que habían sido concedidos. La investigación policial dirigida por la magistrada del Juzgado de Instrucción 5, que se denominó Operación Cebada, rastreó los movimientos de las cuentas bancarias de la sociedades de Asaja desde 1999 a 2015, el uso de las tarjetas de estas y las cuentas personales de los cuatro acusados. Esta investigación, que sustenta todo el armazón de la acusación pública contra Lino Rodríguez, Ana Isabel de la Fuente, Gerardo Rico y Fernando Redondo, destapó la utilización de parte del dinero de las subvenciones por la cúpula del 'sindicato' para gastos suntuarios como viajes al extranjero, compras de lujo, estancias en clubes de alterne y casinos, tratamientos médicos y celebraciones familiares.

Asaja de Valladolid es la otra acusación particular. Excluye a Gerardo Rico, el 'lugarteniente' de Lino Rodríguez y al exsecretario y a veces gerente, Fernando Redondo quien, según sostiene la defensa, fue el verdadero ingeniero de la madeja societaria. La organización agraria dirige la acusación contra el antiguo líder y su esposa, Ana Isabel de la Fuente, economista. Desde Sodeprin, su asesoría, se habrían fabricado facturas falsas, los contratos de Lino en Derco y maquillado a su antojo los números de Asaja y sus filiales.