La fiscalía pide para la excúpula de Asaja 26 años de prisión y casi 4 millones de euros

La Fiscalía solicita a la Audiencia de Valladolid la apertura de juicio oral contra la excúpula de Asaja, para quienes pide que se les imponga penas de prisión que suman más de 26 años de prisión e indemnizaciones por un monto global de 3.901.599 euros, a abonar a la organización agraria y sus filiales Ifycar, Derco, Productores de Patatas, Remolacheros, Campo Abierto e Indycons. Estas sociedades, junto a una séptima, Ecoambiente, habrían movilizado unos siete millones de euros en ingresos esos años.

El ministerio público imputa al expresidente de Asaja Valladolid, en concepto de autor, los delitos de administración desleal y un delito continuado de falsedad en documento público en concurso medial con otro de apropiación indebida. Por estos delitos solicita que se le impongan penas que suman 13 años y seis meses de prisión. A su esposa, Ana Isabel de la Fuente, como cooperadora necesaria, se le piden dos años de cárcel.Al exsecretario Fernando Redondo le atribuye apropiación indebida y se solicitan para él seis años y al exvicepresidente de la organización y que fuera mano derecha de Rodríguez, Gerardo Rico, le atribuye otro delito de apropiación indebida por el que pide cinco años. A estos se les atribuye además un delito de falsedad en documento mercantil.

Lino Rodríguez, que actualmente cumple condena por falsedad y fraude en el cobro de subvenciones de la Junta, «se ganó desde el principio la confianza de los asociados y se hizo con el control absoluto de Asaja y las asociaciones y sociedades creadas a su amparo, lo que le permitió el movimiento de los ingresos de aquellas a su antojo». Subraya la Fiscalía que, «aprovechando su posición, destinó una parte de tales ingresos a fines distintos de los que son objeto las asociaciones, incluso en beneficio propio o de otras personas».

Este entramado de asociaciones a la sombra de Asaja se creó con el fin de conseguir fondos de las subvenciones otorgadas para la Fundación para Formación Continua (Planes Forcem) que luego se denominó Fundación Tripartita y finalmente, Fundación Estatal para la Formación de Empleo (Fundae). El Inem y el Sepe ingresaban estas ayudas en las cuentas corrientes de las sectoriales de Asaja. A los movimientos de dinero que realizó Rodríguez en estas cuentas, «con quebranto para el patrimonio de las mismas», puntualiza la Fiscalía, contribuyó la esposa del dirigente agrario «al menos en parte, desde el año 2000, a través de la asesoría Sodeprin». Desde ese año, esta empresa constituida por el matrimonio comenzó a llevar la contabilidad de la organización y de algunas de las sectoriales, sus principales clientes.

Fernando Redondo y Gerardo Rico se habrían lucrado «con el consentimiento» de Rodríguez.