Los okupas de Arroyo se bañan en la piscina de la parcela pese a estar clausurada

Este bloque de viviendas, situado entre las calles Narciso Monturiol y Arturo Duperier de Arroyo denunció hace dos meses la situación que se da en el edificio, en el que de un total de 190 viviendas la comunidad asegura que 80 son propiedad de Sareb y que buena parte de ellas se encuentran okupadas ilegalmente.

La situación desde entonces, lamentan en un comunicado recogido por Europa Press, «lejos de mejorar, se ha vuelto no solamente insostenible sino peligrosa», a lo que suman el «agravante» de una deuda por parte de la Sareb con la comunidad de propietarios, que afirman que ya asciende a «cerca de los 300.000 euros», mientras que aseguran que las cuotas comunitarias se ven «duplicadas» ante esta situación.

La comunidad ha tomado la decisión, «consensuada en junta», de cerrar el acceso a parte de las instalaciones comunes como la pista de pádel y la piscina y ha instalado un cierre físico. Pese a ello, afirman que han detectado intrusiones no permitidas de varias personas y «baños ilícitos con el riesgo para la integridad de las mismas que acceden a dichos espacios», ya que lo hacen saltando la valla.

En cualquier caso, la comunidad de propietarios se exime de «toda responsabilidad legal» si se diera algún problema, porque además añaden que han informado «pública y puntualmente» de que el acceso a dichas zonas no está permitido.

Además, diferentes propietarios de los inmuebles han manifestado recibir «amenazas e insultos en distintos momentos por personas que no residen legalmente en los inmuebles propiedad de la Sareb», y han añadido que en algunos de los inmuebles se han realizado «obras ilegales, reenganches a instalaciones eléctricas, agua y gas», que «ponen el riesgo la seguridad de la edificación y por tanto del resto de vecinos».

A ello suman que se han producido «nuevas okupaciones» en los últimos meses, según denuncian.

Otro de los puntos de confrontación de esta comunidad de vecinos es la detección de la instalación «ilegal» de piscinas portátiles «de grandes dimensiones» en las terrazas de las viviendas, que son propiedad de la comunidad, aunque con uso privativo. El problema, afirma la comunidad, es que la presencia de estructuras llenas de gran cantidad de agua provoca un peso sobre el forjado del edificio que puede perjudicar la integridad de la estructura.

Otra queja de los vecinos es que «algunos de los inquilinos okupas arrojan a diario basuras por sus ventanas a patios colindantes o bien a cualquiera de las tres vías públicas anexas, que incrementan el riesgo de salubridad del entorno y de dicha zona urbana del municipio que se está viendo afectada mediante el aumento exponencial de roedores e insectos».

La Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, consultada por Europa Press, ha asegurado que ya trabaja sobre el terreno con los residentes irregulares de esta comunidad, pero advierten de que los procedimientos llevan su tiempo.

La entidad estima que puede conllevar unos 100 días desde que tomaron posesión de las viviendas a mediados de mayo el determinar la manera de actuación con los ocupantes, pues habrá personas que sean vulnerables y otras «conflictivas», que serían las que derivarían en un procedimiento judicial para el desalojo.

Además, han recordado que hay personas que tenían un contrato de alquiler con la empresa promotora inmobiliaria que era propietaria de esas viviendas hasta hace unos años, por lo que también deben trabajar con ellos para regularizar los contratos si así se determina.

Por otro lado, con respecto a la deuda que mantienen con la comunidad, la Sareb ha subrayado su voluntad de solventar la situación, aunque lo tiene «en estudio» para comprobar las cantidades.

Mientras tanto, fuentes del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda han apuntado que hacen todo lo posible dentro de las competencias que tienen, como por ejemplo potenciar la presencia policial en las calles del entorno de este inmueble.