Valladolid

Desesperados con los okupas de lujo en ochenta pisos en Arroyo: «Tenemos miedo continuamente»

Tres de los vecinos con los que ha hablado El Norte acceden a quedar para relatar la situación que están viviendo, pero a unos 500 metros de su bloque. Temen que les vean «hablando con la prensa». «Yo tengo niños pequeños y no me atrevo a salir por el portal del edificio. Siempre lo hago por el garaje para sentirme más seguro», dice uno de ellos desde el anonimato. «Los portazos y los gritos son continuos, pero lo peor es que aquí se está trapicheando con droga o con lo que sea. Hay mucho trasiego de gente que viene a lo que viene. Vemos que a altas horas de la noche aparcan los coches y meten cosas y al minuto se van. También vemos grupos de gente con cadenas, con varas o incluso bates de metal. Así no podemos salir y en ocasiones nos tenemos que quedar medio agazapados en el coche hasta que se van por temor a que nos pase algo», apostilla otro.

Nos permiten el acceso al edificio, aunque no nos acompañan. Quieren que comprobemos cómo está el ambiente y lo cierto es que nada más entrar ya se nota enrarecido. Nos sentimos observados desde las ventanas. «¿Serán vecinos u okupas? Esta promoción de viviendas tiene forma de 'U' y está situada en las calles Narciso Monturiol y Arturo Duperier. Se divide en dos bloques. Los portales pares son los que están okupados (2, 4, 6, 8, 10 y 12), pero no todos. Once de las cien viviendas pertenecen a propietarios «que lo tienen todo en regla». Del resto, unas ochenta están en manos de unos inquilinos «nada deseables». Hay trasiego de grupos de personas que salen y entran cargados con bolsas y maletas.

Además de la incertidumbre por el tema de seguridad, está la económica, ya que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) está metiendo a los vecinos «en un atolladero importante». Esta entidad les adeuda más de 270.000 euros en concepto de cuotas de la comunidad y derramas. Unos impagos que han llevado a los vecinos a tomar una drástica decisión: duplicar el importe de las cuotas de la comunidad para hacer frente a los gastos ocasionados del arreglo de los desperfectos causados por los okupas. «En mi caso, yo venía pagando una cuota de 90 euros mensuales. Ahora voy a pasar a pagar unos 200 euros al mes. No nos hemos podido negar a esta subida, porque no queremos que la comunidad entre en un proceso de impago», puntualiza un vecino.

«Trapicheos constantes»

El pasado martes, reunida en asamblea ordinaria, la comunidad de propietarios decidió judicializar la reclamación a la entidad de participación pública. «Mientras la Sareb no nos abone la deuda, a nosotros se nos genera un agujero de 6.300 euros al mes. Las cuentas de la comunidad están tiritando. Hemos optado por dejar sin arreglar algunos desperfectos en la piscina y en la pista de pádel hasta más adelante, y este verano las dejaremos cerradas y sin poder disfrutar de ellas, algo que no hicimos ni en pandemia», prosigue otro vecino. «Lo que no queremos es entrar en conflicto con los okupas porque llevaríamos las de perder. Ya hemos tenido alguna pelea y nos ha tocado llamar a la policía y a la Guardia Civil y no queremos que se repita», añade otro. Estos vecinos coinciden en que esta ocupación se debe a «una mafia organizada». «No se trata de cuatro familias desesperadas por una vivienda y que han visto aquí el lugar ideal en el que meterse a vivir. Esto es gente peligrosa, que se conocen entre ellos, porque vemos como pasan continuamente de un portal a otro, trapicheando, suponemos que con droga», opina.

Los propietarios reclaman que la Sareb se haga cargo de esa deuda de más de 270.000 euros y que mantenga una reunión con ellos, como parte interesada, para esclarecer qué piensa hacer con estos pisos. «Nosotros consideramos que no los pueden convertir en viviendas de alquiler social, ya que sería un alquiler social de lujo, con piscina y pista de pádel», apostillan. También están hartos de los desperfectos que se están encontrando en los elementos comunitarios y afirman que ya están teniendo problemas con las compañías de seguros. «Nos han echado de varias compañías porque estamos continuamente dando partes. Y claro, llegará un momento en el que nadie nos quiera asegurar», dicen.

La delincuencia se ha incrementado, lo mismo que los enganches ilegales de agua y gas. «Durante meses ha habido una plantación de marihuana y están enganchados a la luz de los vecinos. No lo hacen desde los contadores, sino desde las casas contiguas, con el peligro que ello conlleva. Con las conexiones de gas pasa lo mismo, conectan con un tubo y ya tienen suministro. Un día de estos habrá un escape o saltará una chispa y saldremos todos por los aires», aventuran.

La presencia de los cuerpos de seguridad es constante. Pero ni siquiera eso tranquiliza a los vecinos. «No tenemos nada que reprochar a la policía y a la Guardia Civil porque siempre que les hemos llamado, han acudido. Tienen el cielo ganado con nosotros. El problema es que de lunes a viernes por la noche, no hay policía local en Arroyo, con lo cual estamos desprotegidos», comentan los vecinos. «Eso sí, ahora tenemos la parcela llena de comerciales de empresas de seguridad. Han visto que nuestra comunidad es un paraíso de ventas para ellos», añade otro.

Los propietarios piensan que esta situación se podría haber revertido hace tiempo, cuando comunicaron las primeras okupaciones. «Avisamos al administrador concursal hace un año, pero no nos hicieron caso. Si hubieran puesto vigilancia en esa zona de la comunidad, no hubiéramos llegado a esto. El concurso de acreedores no se ha hecho de forma correcta, y ahora los que lo sufrimos somos nosotros», apostilla otro. «Las escrituras se firmaron en abril, pero no se ha completado el trámite registral. Por lo tanto, estamos con las manos atadas, ya que mientras no se registren no abonarán las deudas y tampoco se actuará para del desalojo», reclaman.

Por su parte, el Consistorio arroyano, que gobierna Sarbelio Fernández, reitera su apoyo con los vecinos afectados, y ha exigido a la Sareb que «actúe y requiera el desalojo de las viviendas ilegalmente ocupadas, ya que como titular es la única que puede denunciar e iniciar los trámites para el desalojo de los pisos ocupados. Urbanísticamente no contamos con más medios para atajar el problema», remarca el alcalde, quien añade que «la permisividad e impunidad amparadas por el Gobierno ha provocado un aumento de las ocupaciones ilegales y, lamentablemente, esa situación también ha llegado a Arroyo».