El alcalde de Arroyo exige a la Sareb que actúe ante los okupas

Desde el Consistorio, según un comunicado recogido por Ical, se recuerda que el pasado 24 de enero el Ayuntamiento ya se dirigió a la Sareb y, ante la falta de respuesta, información y actuación por parte de la sociedad gestora, el alcalde solicitó una reunión a la subdelegada del Gobierno. «Urbanísticamente no contamos con más medios para atajar el problema que requerir la actuación de la Sareb», lamentó Fernández.

Además, el pasado mes de diciembre el alcalde mantuvo una reunión con representantes de los vecinos afectados. «Se trata de familias que han hecho un gran esfuerzo para comprar una vivienda y asentarse en Arroyo, pero ahora encuentran que su proyecto de vida se ve truncado por la actuación ilegal de unos y la falta de respuesta de otros», afirma Sarbelio Fernández.

A su vez, el regidor se ha referido tanto a los directamente afectados como a los ciudadanos en general ante la preocupación y sensación de angustia que se genera al percibir que los ocupas actúan con impunidad. «La permisividad e impunidad amparadas por el Gobierno ha provocado un aumento de las ocupaciones ilegales y, lamentablemente, esa situación también ha llegado a Arroyo», aseveró.

Por otra parte, Sarbelio Fernández recordó que el Pleno aprobó una moción solicitando al Gobierno de España que, entre otras medidas, no se considere domicilio un inmueble ocupado. Además, se reclamó capacidad jurídica de las comunidades de propietarios para realizar acciones preventivas contra la ocupación y acudir a las autoridades, cuando en ausencia del propietario, los ocupantes realicen actividades prohibidas, incívicas o insalubres. Por último, se pidió que se reconozca la figura del administrador de fincas como denunciante, se facilite el desalojo de las viviendas ocupadas en un plazo de 24 horas o se tipifique penalmente la pertenencia a mafias que se lucran alquilando viviendas ocupadas.

En palabras del alcalde de Arroyo se ha desaprovechado la nueva ley de vivienda para abordar seriamente el problema social y de seguridad de la ocupación dando lugar a situaciones en las que «se protege al delincuente» abandonando a propietarios y vecinos.