La lucha del Ayuntamiento de Valladolid contra el vandalismo ha modificado el protocolo del Servicio de Limpieza a la hora de afrontar el borrado de las pintadas que afean fachadas de edificios y elementos del mobiliario urbano. Desde el pasado verano, la Concejalía de Salud ... Pública y Seguridad ha dado indicaciones a los responsables del área de esperar a que la unidad policial dedicada a combatir estos ataques al patrimonio público documente los grafitis y borratajos que con los que algunos vecinos incívicos estropean el ornato de la ciudad. Alberto Palomino, concejal responsable de ambos departamentos –Limpieza y Policía– explica que cuando ahora llega alguna aviso sobre pintadas al 010 este se deriva directamente a la Jefatura para poner en marcha el operativo de análisis de los daños mediante fotografías y toma de declaraciones en el caso de que haya habido testigos.
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La unidad recopila esta información y comunica después a sus compañeros de Limpieza que ya pueden realizar su trabajo de eliminación de los daños. El archivo, con más de 10.000 imágenes, facilita muchos datos sobre el autor o autores, muchos de ellos con firma y estilos propios en sus dibujos. «En el momento en que se les localiza 'in fraganti' se les puede responsabilizar de otros actos anteriores tirando de esa documentación», explica el edil. Que el sistema diseñado y el trabajo de un perito calígrafo de la Policía Municipal, especializado en la materia, ha sido efectivo se acaba de demostrar con la multa de 3.000 euros y el inicio de diligencias judiciales contra dos miembros de la banda UPRS, responsable de los grafitis en la pista de skate de Las Moreras.
Según los datos facilitados por la Policía Municipal, en lo que va de año la unidad antivandalismo ha abierto 52 expedientes de investigación por pintadas en edificios públicos y se han eliminado un total de 137.
Estos actos vandálicos generan un gasto anual a las arcas públicas de unos 350.000 euros, según apunta el concejal. El Servicio de Limpieza cuenta con una brigada específica, con seis operarios, encargada de reponer a su situación original los espacios afectados. La Ordenanza de Protección del Medio Urbano recoge en su artículo 6 la prohibición de realizar pintadas, escritos, inscripciones y grafismos en cualesquiera bienes, públicos o privados, incluidas las calzadas, aceras, árboles, farolas y señales.
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Este tipo de conductas están tipificadas como infracción grave (artículo 19.b), con multas entre 750 y 1.500 euros. No obstante, pueden llegar a considerarse como infracción muy grave cuando los daños a los equipamientos sean relevantes y también en el caso de reincidencia, con multas de 3.000 euros y obligación de hacerse cargo del coste de la intervención.
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