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La guerra abierta contra los grafitis iniciada por el Ayuntamiento hace tres años, cuando creó una unidad policial especializada en la localizacion de los autores (más de sesenta han sido identificados desde entonces), comienza a dar sus frutos en forma de un reguero de ... multas contra algunos de los artistas más activos de la ciudad. Dos de ellos, integrantes de la banda que rubrica sus obras como 'UPRS', acaban de ser sancionados precisamente con multas de 1.501 euros cada uno (3.002 en total) por estampar una de sus obras en el 'skate park' de La Rosaleda unos días antes de su inauguración en agosto del año pasado.
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La Junta de Gobierno ha aprobado hoy el expediente sancionador contra los dos grafiteros, D. F. V. y L. A. M. L., por «causar un grave y relevante deterioro de espacios públicos». Ambos fueron identificados el 23 de mayo de este mismo año como autores de la pintada, rubricada por 'UPRS', en la que dibujaron el verano anterior, antes de la apertura del 'skate park' Ignacio Echeverría (el español que murió cuando trataba de proteger a las víctimas del atentado de Londres en 2017), una caricatura de un cerdo con una gorra de policía -su habitual reto contra los agentes- junto a unas letras ininteligibles.
El Ayuntamiento ya advirtió entonces de que la presencia de la pintura en una de las rampas de la 'piscina' central de las instalaciones generaba un «grave riesgo» para los patinadores y por eso ahora ha calificado la realización del grafiti como una infracción muy grave de la ordenanza de protección del medio urbano, castigada con la citada sanción de 1.501 euros para cada uno de los autores identificados por la unidad especializada de la Policía Local.
Pero la labor de este grupo de investigación, que cuenta con un experto en caligrafía, va mucho más allá y desde su creación han documentado cientos de pintadas realizadas en los muros de la ciudad (nada menos que diez mil). Su trabajo se tradujo meses atrás en un amplio atestado remitido a la Fiscalía en el que se identificaba a los integrantes del hiperactivo grupo (o 'crew' en argot') 'UPRS', a los que se atribuía decenas de pintadas por toda la ciudad, muchas de ellas realizadas en espacios públicos, como los túneles bajo las vías, que embadurnaron uno tras otro a medida que iban siendo rehabilitados entre 2019 y 2020, y otras en muros de edificios privados.
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Aquella investigación, después de pasar por la lupa del Ministerio Público, conllevó la apertura de diligencias previas contra los sospechosos por parte del Juzgado de Instrucción número 6. El Ayuntamiento, en un acuerdo aprobado también hoy por la junta de gobierno, ha aprobado personarse como acusación particular contra los integrantes del grupo 'UPRS' en la causa judicial abierta contra ellos por un delito de daños.
La labor de documentación de la unidad de la Policía Local que combate las pintadas en el casco urbano comenzó en 2019 y permitió reunir más de diez mil fotografías de grafitis estampados en los muros de la ciudad. La labor de su responsable, un agente experto en caligrafía, en colaboración con las vigilancias de agentes de paisano, examen de grabaciones de cámaras de vigilancia..., ha permitido atribuir solo este año más de un centenar de pintadas a sesenta 'artistas'. La sanción mínima por los grafitis, calificada como una infracción grave, alcanza los 750 euros. En el caso de las pintadas del 'skate park' de La Rosaleda la multa asciende a 1.501 al ser considerada muy grave (la horquilla oscila entre 1.501 y 3000) por el riesgo que suponía para los usuarios.
En dicha causa se acumulan no solo los informes de la unidad de lucha contra los grafitis del 092 sino también distintas diligencias llevadas a cabo por los policías nacionales. Todas ellas se han agrupado en una sola causa, apoyada por informes caligráficos de especialistas de dichos cuerpos, que investiga el citado juzgado y que atribuye a los sospechosos daños en el mobiliario (público y privado) por un valor de 200.000 euros, según confirman fuentes municipales.
Entre las pintadas que se atribuye al grupo, muchos de cuyos integrantes han ido cayendo de manera sucesiva en los últimos meses, se encuentran las realizadas en el parque Tomás Rodríguez Bolaños, en el que las iniciales 'UPRS', de un tamaño descomunal, cubrieron el mural de un bosque dibujado en el muro de hormigón al día siguiente de su ejecución en septiembre de 2020. Casi a la vez, y a medida que se iban rehabilitando, en algunos casos, como en el del túnel peatonal de Labradores, con murales, los pasos subterráneos bajo las vías (Salud, San Isidro, Arco de Ladrillo...), todos ellos recibieron en las horas siguientes a su apertura la visita de los grafiteros para embadurnar sus paredes, en la mayoría de las ocasiones, con las iniciales 'UPRS'.
Los juzgados vallisoletanos ya acogieron hace cuatro años un juicio contra uno de los entonces grafiteros más activos de la ciudad, que dibujó más de cuatrocientos 'ojos del diablo' (una suerte de triángulo con ojos) y 'aviones de papel' por toda la ciudad y que llegó a sentarse en el banquillo el 12 de marzo de 2018 acusado de un delito de dañoso, por el que la Fiscalía solicitó una multa de 7.200 euros y una indemnización de 1.473 para seis de los particulares perjudicados. El juez acordó finalmente absolverle por falta de pruebas al no aceptar el informe caligráfico que le atribuía dichas 'obras'. El acusado negó a su vez la autoría.
El artículo 263 del Código Penal, que recoge el delito de daños, establece que «el que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos de este Código será castigado con multa de seis a veinticuatro meses, atendidas la condición económica de la víctima y la cuantía del daño». La pena puede ser, incluso, de prisión (de uno a tres años) si los bienes afectados son públicos.
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