La OCU recomienda a los posibles afectados por la funeraria de Valladolid que presenten denuncia

La Organización de Consumidores y Usuraios (OCU) recomienda a los posibles afectados por la funeraria del grupo El Salvador de Valladolid que presenten la correspondiente denuncia, tras conocerse que está siendo investigada por la Policía, en colaboración con la Agencia Tributaria, por una posible estafa continuada a sus clientes

Al parecer, se trataría de un fraude a través del cual, durante más de 20 años, la funeraria ha estado presuntamente cambiando los cadáveres a ataúdes de baja calidad antes de proceder a su cremación para reutilizar y revender las cajas originales, de mayor valor, y sacar con ello un beneficio económico.

De confirmarse los hechos, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera lamentable la actuación de El Salvador y confía en que la situación pueda esclarecerse lo antes posible y se depuren las responsabilidades, que, en su caso, pudieran derivarse.

Además, la OCU ofrece a todos los posibles afectados que hayan hecho uso de los servicios de esta funeraria en los últimos años una serie de recomendaciones para poder reclamar los posibles daños causados:

En primer lugar, recopilar toda la documentación relacionada con el servicio funerario contratado, ya sea a través de una prestación asegurada o no: facturas, contrato, presupuesto, y cualquier documento que recoja las características particulares del ataúd y del resto del servicio contratado.

Acudir a la Policía, Guardia Civil o Juzgado para interponer denuncia como posible afectado, con el fin de que sean tenidos en cuenta en la investigación. La denuncia deberá ir acompañada de una copia de toda la documentación recabada anteriormente.

En caso de que la investigación finalice y la empresa demandada sea declarada culpable, los afectados podrían reclamar el perjuicio ocasionado, tanto económico como moral.

Por último, la Organización de Consumidores y Usuarios solicita a la administración competente que mantengan informados a los posibles afectados, aunque no estén personados en la causa, para que puedan posteriormente ejercitar las acciones civiles que correspondieran.