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Visto para sentencia. Más peritos de la defensa y los fundamentales testimonios del oftalmólogo que operó a los dos afectados de ceguera, el doctor José Manuel López López y del jefe del servicio del Río Hortega, Javier Montero Moreno, cerraron ayer los dos juicios seguidos ... celebrados en Valladolid por dos de los casos de ceguera. Ambos fueron presuntamente provocados por el empleo de perfluoroctano de lotes tóxicos de la marca Ala Octa que pudo ser utilizado para la cirugía de desprendimiento de retina, como ha habido otros casos ya juzgados en España.
La cuestión a dilucidar no es si este material sanitario utilizado para operaciones de desprendimiento de retina del laboratorio alemán Alamedics estaba o no contaminado, porque la investigación e informe del IOBA de Valladolid así lo ha establecido para varios lotes y además con dos niveles de toxicidad, al 98% y en torno al 46%. En los casos de Valladolid, la cuestión es si se emplearon dichos lotes tóxicos de esta marca alemana en concreto, si esto es demostrable, y si fueron los causantes de las graves secuelas que han dejado ciegos de un ojo a dos pacientes.
En paralelo a la vista oral en la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, el pasado día 28 de octubre, responsables de la Junta se reunieron con los afectados en busca de llegar a un posible acuerdo de indemnización. El vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Francisco Igea, y el gerente de Sacyl, Manuel Mitadiel, llamaron a los afectados para tantear su disposición a un acuerdo y actualmente estudia con sus servicios jurídicos tal posibilidad y cantidades. Los pacientes, que manifiestan que su fe en el sistema judicial «es toda», agradecen no obstante este interés de la Consejería de Sanidad. Hay que tener en cuenta la circunstancia de que este departamento antes estaba en manos del PP y ahora de Ciudadanos. Eso sí, el acuerdo solo se contemplaría si abarca a todos los casos judicializados y antes de sentencia, como es lógico. Hay dos afectados que ya habían acordado hace tiempo con el equipo anterior la compensación económica con Sacyl de algo más de 25.000 y 60.000 euros por los daños. Los pacientes de Valladolid, algunos pendientes de juicio, reclaman vía judicial una indemnización de millón y medio de euros, en torno a los 200.000 por caso; variable en función de las secuelas.
La Agencia Española del Medicamento (AEMPS) retiró del mercado el Ala Octa el día 26 de junio de 2015 y un año más tarde estableció unos criterios, en cuanto a secuelas, para considerar como casos a los afectados. El Río Hortega, según explicó ayer en la vista oral el doctor Montero, remitió 51 casos que incluían los de Amaya Gil y Rafael Martínez. Ambos fueron descartados porque entonces se desconocía el trabajo del IOBA que señalaba que algunos lotes tenían toxicidad más baja, de menos de la mitad, lo cual según la acusación, explicaría el retraso en la aparición de las secuelas. No obstante, pese a que los acusados trataron de demostrar que el agujero macular de la paciente era previo al desprendimiento y no consecuencia de la cirugía, el oftalmólogo indicó ayer «que lo hubiera visto al operar».
La demanda se interpuso contra la Consejería de Sanidad como responsable de la cirugía, el fabricante alemán del producto Alamedics, que posteriormente quebró, Mapfre como compañía aseguradora y la distribuidora del mismo en España Wm Bloss de Cataluña. Si algo quedó claro en la sesión de ayer es que la praxis médica y la indicación de cirugía en los dos casos que se juzgaban fueron «perfectas».
Otra cuestión es que el Río Hortega no tenga entre sus hábitos de buena práctica, o al menos en los casos de estos afectados no figura, pese a que el producto cuenta con una pegatina para ello, el de recoger en la historia clínica qué productos sanitarios se le han aplicado al paciente; aunque el perfluoroctano en concreto se retire tras su uso.
Los oftalmólogos explicaron que reciben ya en jeringuilla el producto y que no es su cometido dejar reflejada la marca. Según explicó el doctor Montero, en aquella época el hospital disponía del Ala Octa y de otras dos marcas que todavía quedaban en almacén porque se venían usando antes de cambiar de proveedor. El especialista López López indicó además en su declaración que le chocó el cambio de marca y preguntó por ello: «Creo que fue Ala Octa, solo tengo constancia de haber usado ese, no he visto otros, yo creo que los otros estaban como muestras».
Montero por su parte explicó que según los datos epidemiológicos, las secuelas de los pacientes fueron peores y algunas solo se dieron durante el año y medio que se empleó Ala Octa en los quirófanos en una comparación con los pacientes operados antes y después de retirarse el producto y añadió que «los hallazgos, como pequeños quistes en la retina también pueden ser indicios de toxicidad». Ambos doctores aseguraron que es imposible garantizar una relación causa-efecto al 100%; pero que los datos son compatibles con el empleo de un producto tóxico y que parece «razonable» que dada la época y las secuelas, se empleara el Ala Octa.
El despacho vasco Gómez-Menchaca que lleva su demanda y la de otros afectados del país destacó ayer que «hemos conseguido acreditar que se usó en aquellas fechas y una sintomatología que se explica por su uso. Ni siquiera los peritos de parte han logrado demostrar otra cosa».
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