Comienza el juicio contra Sacyl por los casos de ceguera del Ala Octa

El mismo se usa hace más de 20 años en los quirófanos de medio mundo por su gran utilidad para los cirujanos al intervenir el desprendimiento de retina. Han sido miles de pacientes en los que se ha empleado este manipulador que permite aplastar la retina para intervenir con mejores resultados y mayores facilidades, con más garantías en definitiva, hasta que llegó el lote contaminado.

El perfluoroctano de Ala Octa se relacionó en 2015 con cinco pacientes intervenidos el año anterior con ceguera y con un sexto en el que fue posible una reintervención quirúrgica. Todos en el Río Hortega, tal y como confirmó entonces la Consejería de Sanidad. El producto, destacó, solo fue utilizado en dicho hospital y lo emplearon cuatro oftalmólogos diferentes; aunque uno de ellos lo usó sin registrar incidente alguno.

El Ala Octa contaminado, según informó Sacyl entonces, llegó a algún otro hospital de la comunidad pero fue retirado tras la alerta remitida por la Agencia Española del Medicamento el día 26 de junio de 2015, en la que se ordenó el cese y retirada del mercado del mismo.

Ahora, el caso llega al banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid y arranca el día 12 con dos de los afectados y en contra de la Consejería de Sanidad, el fabricante alemán Alamedics, que posteriormente quebró, Mapfre como compañía aseguradora y la distribuidora Wm Bloss de Cataluña.

Es el primer juicio de Valladolid tras no haberse en algunos casos, pese a que la Junta lo anunció en su día, ofertado ni negociado indemnizaciones tal y como anunció entonces Sacyl públicamente tras reconocer su empleo, destacan algunos afectados.

Tras una docena de fallos favorables a los pacientes del sistema público de toda España, el pasado mes de junio el Juzgado de primera Instancia número 97 de Madrid dictó la primera condena a una clínica privada y condenó a la aseguradora alemana Allianz a indemnizar con 307.808 euros a un paciente que perdió la vista en el ojo izquierdo debido al uso de un producto sanitario defectuoso en una operación que tuvo lugar en un centro privado de Córdoba. Y antes, en diciembre de 2018, el Servicio Cántabro de Salud fue condenado a pagar 25.000 euros a una paciente que se quedó ciega por esta causa tras dos operaciones de desprendimiento de retina en el Hospital Sierrallana de Torrelavega.

La distancia de las cuantías son incomprensibles para los afectados. Según explica Amaya Gil, con ceguera total e irreversible del ojo derecho –el izquierdo lo salvó, aunque suma ocho dioptrías, porque fue intervenido con láser–, «son cantidades ridículas, de 28.000 euros o como mucho 34.000 porque han equiparado el daño con las tablas de accidentes de tráfico e incomprensible la distancia con la de Córdoba cuando la única diferencia es si son públicos o privados los centros» y recuerda que su vida ha cambiado a raíz de la cirugía: «Tuve que dejar de trabajar como administrativo, nada de ordenadores». También critica, al igual que otros afectados «la falta de trazabilidad del producto utilizado en el Río Hortega. Al parecer casualmente –dice con ironía– la etiqueta de qué producto se había empleado justo en las cirugías de personas afectadas, se perdió».

Los cinco pacientes de Valladolid reclamaban inicialmente una indemnización de millón y medio de euros, en torno a los 200.000 por caso; variable en función de las secuelas. El despacho vasco Gómez Menchaca lleva su demanda y la de otros afectados del país.

Según explica Amaya Gil, la Agencia Española del Medicamento no tiene registrados los casos de Valladolid porque no se remitieron desde el hospital y, por ello, no están reconocidos como afectados. Sin embargo, al reclamar y conseguir, hace apenas unos días, un informe médico del oftalmólogo en el que se reconoce el uso del producto Ala Octa, la agencia ha vuelto a reclamar al Río Hortega que remita sus casos. Otro de los afectados logró también similar documentación del servicio hospitalario; pero «es que además el propio consejero de Sanidad (entonces Antonio María Sáez Aguado) salió en los medios reconociendo el uso y anunciando indemnizaciones».