El Río Hortega de Valladolid, incapaz de identificar el producto usado en sus cinco casos de ceguera

Casi todos los peritos reconocieron ayer que identificar qué se emplea en una cirugía ajeno al cuerpo humano, incluso aunque luego se retire como en este caso, no solo es habitual sino una buena praxis. Solo la inspectora de Sacyl indicó desconocer si hay normas o exigencias legales a este respecto. Fuentes jurídicas consultadas apuntan a que es una obligación recogida en la ley sanitaria. Dos de los cinco casos de Valladolid llegaron ayer a la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en una vista oral para escuchar a los peritos. Hay dos afectados que ya han acordado hace tiempo la compensación económica conSacyl de algo más de 25.000 y 60.000 euros por los daños y otro está pendiente de juicio. Tanto a los que Sacyl ha indemnizado ya como los que han ido a los tribunales carecen en su historial de la citada etiqueta para saber qué se empleó.

El proceso judicial también aclaró que en dicha época, en 2014 y 2015, el Río Hortega empleaba otras dos marcas además del Ala Octa de la compañía alemana Alamedics. La demanda se ha interpuesto contra la Consejería de Sanidad como responsable de la cirugía, el fabricante alemán del producto Alamedics, que posteriormente quebró, Mapfre como compañía aseguradora y la distribuidora del mismo en España Wm Bloss de Cataluña.

La sesión de ayer perseguía para los demandados evitar o disminuir el coste de la responsabilidad patrimonial. O bien negando que sea demostrable que se empleó un lote tóxico de Ala Octa, o bien insinuando que tal vez el producto se tardó más tiempo del adecuado en retirarse del ojo y eso pudo provocar su toxicidad; de esta forma, la responsabilidad recaería en una mala praxis médica y en Sacyl y no en la distribuidora o fabricante.

Otro punto clave del caso es el hecho de que cuando, el día 26 de junio de 2015, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) ordenó el cese y retirada del mercado del mismo, estableció unos criterios para considerar un caso como del Ala Octa y estableció así los daños y su aparición temporal. Atrofia óptica, atrofia macular o necrosis retiniana. Estos efectos no deseados se detectaron más tarde de lo establecido en los pacientes que han presentado demanda; en concreto, la atrofia del nervio óptico se diagnosticó a los tres meses mientras que en los afectados de otras autonomías donde sí hay constatación del producto se detectaron al mes. Por ello, los pacientes de Valladolid no cumplían con dichos requisitos para formar parte de los reconocidos por la agencia en su momento y se quedaron fuera. Después no hubo más revisiones ni nuevos informes por parte de la misma.

El bufete que representa a los pacientes, Gómez-Menchaca, defiende que estos afectados no cumplen criterios porque entonces no se conocían que no todos los productos de Ala Octa tenían el mismo grado de contaminación. La investigación e informe del IOBA, posterior a los mismos, estableció que había un lote tóxico al 99% y otro de menor contaminación, solo de entorno al 47%. Este último es el único que llegó a los hospitales de la comunidad y la acusación argumenta que un producto menos agresivo tardaría más en generar las secuelas y, de ahí, la diferencia temporal. Pero la agencia nunca revisó los criterios y los peritos se agarraron una y otra vez a lo establecido por la AEMPS.

Pese a que el Río Hortega finalmente no reportó estos casos a la agencia del Ministerio de Sanidad por no cumplir criterios, años más tarde, el reciente mes de junio, dos especialistas en Oftalmología del hospital han firmado sendos informes en la misma dirección, en la de entender que el daño producido tras las cirugías en sus pacientes solo puede deberse al empleo de un producto «de los lotes de baja toxicidad que se emplearon durante dichas fechas en el hospital» o que tal «evolución atípica y las lesiones pueden ser compatibles con toxicidad por perfluoro-carbono líquido (Ala Octa) utilizado durante la primera cirugía», recogen uno y otro literalmente. Ambos especialistas estaban ayer llamados a declarar; pero ninguno de los dos compareció en la vista oral, por lo que han sido llamados a hacerlo en la próxima, la señalada para el día 14 de noviembre por el TSJ.

Los peritos de los demandados compartieron la falta de consecuencias morales para los afectados y de incapacidades graves que hubieran afectado a sus trabajos e, incluso, indicaron que no constaba certificado de incapacidad de ninguno de los dos demandantes y defendieron como explicación una peor evolución de una cirugía con un éxito establecido en el 90% de los casos e, incluso, defendieron falta de vista previa al desprendimiento de retina.

En cuanto al perito designado judicialmente, su valoración fue muy contraria a los de los demandados. Así, destacó que estos pacientes «sí cumplen los criterios como para establecer una relación causal con el producto retirado» dado que sufrieron sus más graves complicaciones; aunque no figure en la historia clínica; pero «hay otros informes que sí recogen su uso y desde el principio se detecta atrofia papilar y pérdida de agudeza visual.Los propios oftalmólogos –declaró– consideran que se debe al mismo» y señaló que es responsabilidad del médico poner la etiqueta del producto empleado. Primero dicen que no consta y luego en otro informe reconocen su uso. No se pueden eludir responsabilidades».

El despacho Gómez Menchaca manifiesta su satisfacción por cómo ha transcurrido el juicio y valora «el tratamiento dispensado por el TSJ al insistir con mucha paciencia en la documentación requerida a Sacyl».