La jueza sienta en el banquillo a la familia Morchón y al denunciante del 'cambiazo' de los ataúdes

La instructora del procedimiento judicial, abierto desde 2017 en el marco de la Operación Ignis, ve indicios suficientes de un delito continuado de estafa agravada y/o apropiación indebida (de tres a seis años de prisión), blanqueo de capitales (prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes), profanación de cadáveres (pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses) y pertenencia a organización criminal (con penas de cuatro a ocho años de prisión para quienes planifiquen y dirijan y de un año de prisión a tres para los miembros, en función de su participación).

Así, además de al denunciante del supuesto 'cambiazo' de los feretros, figuran como investigados la esposa del veterano funerario fallecido, María del Rosario Vaquero Luengo y los hijos, Ignacio, gerente de las empresas, Laura, María Rosario y el resto de los trabajadores de la empresa familiar, casi todos ellos, emparentados: Victorio S. S., María del Carmen B. C., Andrés y José Antonio M. A., José Luis L. G., Hipólito C. G., Guillermo y Mario C. L., Antonio y Ángel P. V., José Manuel P. F., Carlos S. D., Emilio G. E., Felicísimo A. G., David M. G., Luis Miguel A. B., Álvaro R. S, Raúl L. M., Eladio G. M. e Isidro M. A. V. Por los cuatro delitos, cada uno de los investigados se enfrenta a penas que van de cinco hasta los cuarenta años de prisión.

La magistrada María Teres Javato Martín encausa como responsables civiles a las entidades mercantiles Agencia Funeraria Castellana y Parque El Salvador y da traslado de las actuaciones al ministerio fiscal y a las acusaciones personadas, que representan a cerca de 6.000 fallecidos cuyos féretros destinados a la incineración, supuestamente, fueron cambiados por otros de menor valor para ser reutizados los más caros para obtener un beneficio ilícito. Según el listado de fallecidos que obra en el auto, serían 5.292 los finados afectados por la sustitución de ataúdes y/o flores antes de la incineración en las instalaciones de la Agencia Funeraria Castellana en el periodo comprendido entre 1995 y 2015. La lista no está completa porque en el juzgado se sigue ultimando el ofrecimiento de acciones a los perjudicados.

En el auto judicial, fechado el pasado 3 de febrero, se indica que se da un plazo de cincuenta días al ministerio público y las acusaciones particulares para que soliciten apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, solicitar la práctica de diligencias complementarias «imprescindibles». La magistrada justifica un plazo tan amplio en lo voluminoso del procedimiento, con 25.000 acontecimientos a estudiar por las partes.

Con carácter provisional, la instructora indica que los hechos podrían ser constitutivos de un delito continuado de estafa agravada de los artículos 248 y 250 del Código Penal y/o de apropiación indebida ya que «bajo la confianza depositada por quien finalmente fallece y ha contratado previamente una póliza de seguro o por sus familiares, si la contratación del servicio es en el momento del fallecimiento, se ha obtenido una cantidad y no se ha prestado el servicio contratado«. Si ha concurrido el engaño en esta conducta, precisa la magistrada, constituye un delito de estafa. En el caso de que el engaño no preceda a la contratación, »sería un delito de apropiación indebida, al no dar el destino pactado al metálico recibido«.

Además entiende que podría existir un delito de blanqueo de capitales (artículo 301 del Código Penal), dirigido a «conseguir dar apariencia legal a los beneficios obtenidos de modo fraudulento», al existir otras empresas vinculadas de forma directa o indirecta con Agencia Funeraria Castellana y Parque El Salvador «que han podido coadyuvar para canalizar los beneficios que se han podido obtener de forma fraudulenta».

El tercer delito que se atribuye a los 25 investigados es el de profanación de cadáveres del artículo 526 del Código Penal «a la vista de la conducta de manipulación de cadáveres, sacándoles de los féretros correspondientes, realizando fotografías y en algunos casos, vídeos de los mismos, y procediendo a la incineración en meros sudarios, tapas de féretros, cajas de reciclaje u otros elementos, lo que supone una clara falta del respeto debido a la memoria de los difuntos». El cuarto delito al que apunta la magistrada es el de pertenencia a organización o grupo criminal.

En todos estos delitos cree la instructoras que hay «indicios suficientes» de la participación en los hechos de los 25 investigados. En el caso de la viuda de Ignacio Morchón padre, señala que, aunque ha manifestado en su declaración judicial que era «únicamente ama de casa», figuraba como administradora única de todas las empresas y ha firmado e intervenido en todas las actuaciones administrativas de la sociedad por lo que «no puede ser desconocedora de las prácticas de la empresa» y «participó se benefició de las operaciones de integración y transformación de los incrementos patrimoniales derivados de las operaciones descritas».

Respecto del hijo mayor, señala que sustituyó al padre como director gerente de Parque El Salvador, que gestionaba el cementerio y horno crematorio de Santovenia de Pisuerga desde que se jubiló el fundador de la funeraria en 2010 y figura como apoderado en la entidad. Es además gerente del nuevo tanatorio de Valladolid desde su inauguración. «Tenía, por tanto, el control de la actividad funeraria de ambas instalaciones, siendo responsable de las irregularidades en la inscripción en los libros de registro de incineraciones y del control de los empleados y su actividad». En un documento del primer pendrive intervenido al exempleado Justo Martín se refleja que «todos los recepcionistas están enterados, sobre todo Laura e Ignacio Morchón Vaquero, todos los hijos son cómplices». El denunciante y también investigado declaró durante su interrogatorio judicial que «cambió algunas cajas, no muchas pero sí algunas».

En el detalle de la supuesta participación en los delitos también está Laura Morchón quien, junto con su hermano mayor y su padre, han sido los únicos que fueron puestos en prisión preventiva tras estallar la Operación Ignis. Como trabajadora en la Agencia y administradora de la sociedad Patrigola, sustituía a personal en vacaciones y su nombre figura también en los documentos de Justo Martín, al igual que acusa al resto de sus hermanas de estar al corriente de los 'cambiazos'. La instructora considera que participó y se benefició como el resto de los investigados. Su hermana María Rosario era la responsable de la contabilidad del grupo empresarial por lo que se considera que «sin cuya aportación sería imposible documentar la adquisición de los féretros necesarios para justificar la actividad de sustracción para su nueva venta».

El resto de trabajadores, como el hermano jubilado de Ignacio Morchón padre, Andrés, habrían participado en la sustitución de ataúdes. En su caso, habría realizado, al menos, 25 sustituciones. Otro de los hermanos, José Antonio, figura en los autos como que habría realizado esta actividad en, al menos 88 ocasiones y habría intervenido en gran parte de los traslados de los féretros desde el tanatorio Parque El Salvador al cementerio.

Pero, de todos los trabajadores de la funeraria investigados, son dos empleados, José Luis L. G. e Hipólito C., casados con sobrinas de los Morchón, los que habrían intervenido en el cambio de más féretros: sumarían 400 ataúdes entre los dos.

La jueza deja fuera del procedimiento y declara el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto de dos empleados: Borja S. B. por falta de indicios y Rachid E. B., extrabajador de la funeraria, finalmente exculpado por el testigo de cargo.