El mandamiento judicial da vía libre a los funcionarios del grupo para obtener los datos neecesarios que les permita completar el informe que están elaborando sobre el consumo de gas tanto en el tanatorio como en el horno del cementerio Parque El Salvador. Puntualiza la instructora que es pertinente esta nueva entrada en las instalaciones de la funeraria porque se quiere llevar a cabo un estudio comparativo de los consumos de gas y para ello se necesita el libro registro de incineraciones de 2017, «que no fue encontrado en los registros ya efectuados» y el libro de registro de incineraciones de 2019.
El primero de estos libros de registro de cremaciones corresponde al año en el que se iniciaron las actuaciones judiciales que se abrieron por el delito de extorsión por el que fue condenado Justo Martín Garrido, el trabajador jubilado de la empresa que quiso chantajear a Morchón padre. Ese mismo año se abrieron las diligencias de investigación del denominado caso Ignis, que están en curso. Fue el 31 de enero de 2019 cuando se levantó el secreto de las actuaciones y se produjeron las entradas, registros y detenciones del patriarca de la familia Morchón, dos de sus hijos y varios trabajadores de la empresa de pompas fúnebres
La operación policial, reconoce la jueza en el auto al que ha tenido acceso El Norte de Castilla, incidió en el volumen de incineraciones. «Se trata de dos periodos concretos que pueden resultar importantes a los efectos de llevar a cabo una comparación con los otros periodos de los consumos de gas de las dos instalaciones«.
Bases de datos
Tambiém autoriza el acceso a las bases de datos informatizadas tanto del tanatorio como del cementerio de Santovenia con el fin de realizar una copia de los archivos que contengan la relación de las incineraciones realizadas en dichas instalaciones en 2019. «la relación de las incineraciones es una información necesaria, idónea y proporcionada para complementar el informe«, apostilla la jueza ante la oposición del letrado defensor de la familia Morchón, que remitió un escrito de oposición al Juzgado ante esta nueva intervención policial.
La jueza solicita a los responsables de las empresas Parque El Salvador SL y Agencia Fneraria Castellana SA que faciliten el acceso a las instalaciones y la práctica de estas diligencias a la policía judicial. En caso de negativa, apostilla el mandamiento, se dictaría «la resolución correspondiente»
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