La policía pide a la jueza del caso de los ataúdes investigar las incineraciones de 2019 en la funeraria de Morchón

La policía judicial analiza actualmente la documentación relacionada con el consumo de gas de los hornos crematorios tanto del tanatorio de El Salvador como del cementerio jardín Parque El Salvador y justifica su petición del nuevo mandamiento judicial en que necesita conocer el número de incineraciones anotadas en los libros de ambas instalaciones «y relacionarlas con el consumo del combustible necesario para el funcionamiento de los hornos» desde el 31 de enero de 2019, «dado que sería un fiel reflejo de una actividad que se considera normal».

El grupo ya dispone de la factura del suministro de combustible del tanatorio hasta julio de ese año y se considera suficiente este periodo de tiempo posterior a la operación policial «para considerar que la relación del consumo con el número de incineraciones «no estaría adulterada». La UDEV-I en su nueva petición al juzgado argumenta que «la repercusión mediática» de la operación incidió temporalmente en el descenso de la actividad empresarial del grupo funerario de la familia Morchón «por lo que la facturación del consumo de combustible en ambos hornos crematorios no sería por sí sola una referencia válida si no se relaciona con el número de incineraciones efectuadas tras la operación policial».

Por eso cree imprescindible, para complementar el informe sobre el gas, que se intervengan los libros registro de incineraciones del tanatorio y del cementerio correspondientes a 2019, así como que funcionarios del grupo puedan acceder de nuevo a las bases de datos informatizadas de ambos para realizar 'in situ' una copia de los archivos en los que se encuentre la relación de las cremaciones realizadas.

Además se solicita a la instructora que inste a los responsables del grupo empresarial a entregar el libro registro o dietario de las incineraciones del cementerio Parque El Salvador de 2017, un libro que los investigadores no encontraron durante los primeros registros.

Así como las acusaciones y plataformas que representan a los familiares de los fallecidos cuyos féretros supuestamente se cambiaron por cajas de baja calidad para su incineración se han mostrado de acuerdo con la ampliacíon de diligencias policiales, el letrado de la familia Morchón ya ha remitido al juzgado un escrito de alegaciones en el que se opone a que se amplíe la investigación con una nueva entrada en los ordenadores de sus clientes. Para el abogado Guillermo Ruiz Blay, esta diligencia es «innecesaria» porque 2019 «no fue un año normal, sino con poco trabajo, debido al impacto social de la Operación Ignis» y en 2020, «la covid provocó un incremento de incineraciones e inhumaciones, por lo tanto no tiene validez lo acontecido estos años por excepcionales yen 2021 se siguen arrastrando las consecuencias del tremendo impacto sufrido en la reputación societaria y consideración social».

Respecto de la intervención de nuevo en los equipos informáticos, la defensa subraya que los investigadores ya tuvieron acceso a ellos hace dos años y que la actual petición «excede del periodo de comisión del presunto delito y es una investigación prospectiva». Critica en su escrito que ante «la falta de resultados incriminatorios, se esté conviertiendo el procedimiento en una caza de brujas desde el ámbito policial, judicial y tributario».

La policía judicial montó la Operación Ignis a raíz de las confesiones de un trabajador jubilado de la empresa Funeraria Castellana en 2015, que intentó chantajear al dueño de la firma, Ignacio Morchón Alonso. Justo Martín, que trabajaba en el cementerio de Santovenia y se ocupaba del horno crematorio, fue condenado en 2018 por extorsión a una multa de mil euros, pero los agentes siguieron la investigación a partir de unas libretas con apuntes que le requisaron. En ellas tenía anotados a mano los 'cambiazos' con nombres, apellidos, fechas y fotos.