Un informe policial sostiene que hubo delito en las incineraciones de la funeraria de Morchón

El informe entregado en el Juzgado de Instrucción número 6, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, se enmarca en las pesquisas llevadas a cabo por el Grupo UDEV-I de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Valladolid en el entorno del grupo empresarial El Salvador, por las que la juez titular mantiene en calidad de investigadas a 25 personas, entre ellas miembros de la familia Morchón, titular del negocio.

Los peritos han analizado un total de 22 dietarios--desde 1997 a 2019, si bien falta el de 2017--con ocasión de los registros llevados a cabo en varias de las instalaciones del citado grupo empresarial el 31 de enero de 2019, fecha de 'explotación' de la denominada 'Operación Ignis'. La documentación se intervino en dependencias del Cementerio Parque El Salvador, en Santovenia de Pisuerga (Valladolid).

La veintena de dietarios ha sido además cotejada con las 26 libretas intervenidas al extrabajador Justo M.G, cuyas manifestaciones destaparon el supuesto escándalo registrado entre los años 1995 y 2015 en el grupo funerario, periodo en el que, presuntamente, se dio el 'cambiazo' a féretros de alta calidad por otros mucho más barato antes del proceso crematorio.

Al respecto, la Policía constata que las declaraciones del extrabajador, quien reconoció que en muchos casos las incineraciones no se realizaban en el Tanatorio El Salvador sino en el cementerio, «evidencian que los datos aportados por éste se ajustan a la realidad», y ello a pesar de que la defensa de los investigados haya puesto en tela de juicio la veracidad de sus afirmaciones e incriminaciones y enmarque todo en un intento de extorsionar a la familia Morchón.

Pues bien, los expertos de la Policía Nacional consideran probado «de forma categórica» que familiares de los fallecidos presenciaron el inicio del proceso de incineración en las instalaciones del Tanatorio El Salvador si bien, posteriormente, la incineración se llevó a cabo en las instalaciones del cementerio de Santovenia, «sin el conocimiento ni autorización de la familia».

Ya en un informe anterior 'Declaraciones Familiares' (I), la brigada incide en que no solo los propios familiares observaron el proceso «fraudulento» del inicio de la incineración, sin ser conscientes de que todo era una suerte de «montaje» por parte de los empleados del Tanatorio El Salvador, sino que los propios responsables de la Agencia Funeraria Castellana en muchos de los casos comunicaban al Registro Civil correspondiente que el destino final de algunos cadáveres era la cremación en el Tanatorio El Salvador (algunos de estos certificados obraban en poder de dichos familiares), cuando quedó constatado que se llevó a cabo en el cementerio de Santovenia, «no existiendo inscripción de estas incineraciones en los libros registro» de este camposanto.

Es más, en algunos casos se entregó a la familia un certificado de incineración en el que constaba que la misma se había llevado a cabo en las instalaciones del Tanatorio El Salvador, cuando las evidencias demostraron que se había realizado en el Cementerio El Salvador.

Entre las conclusiones del nuevo estudio que ya obra en poder de la instructora, la Policía Nacional certifica que el trabajador, también investigado, que dio origen a la 'Operación Ignis', Justo M.G, siempre desarrolló su actividad en el Cementerio El Salvador, entre el 7 de abril de 1995 y el 27 de febrero de 2015, fecha de su jubilación, y que las primeras anotaciones a él atribuidas se remontan al dietario de incineraciones del camposanto el día 3 de enero de 1997 y que la última data de febrero del 6 de febrero de 2015.

Precisamente, en la última anotación el entonces trabajador hace constar que no hay parte de defunción porque han sido todos retirados para que no los pueda coger o copiar, «dejando claro que antes de su jubilación impidieron que tuviera acceso a los libros registro o a los partes de defunción de cadáveres que, supuestamente, deberían ser incinerados en el Tanatorio, una vez se inauguró el mismo a principios del año 2013«.

En los dietarios se ha comprobado que existen diferentes tipos de caligrafías, además de la de Justo M.G, pudiendo tratarse de empleados que cubrían las bajas por enfermedad, vacaciones o compensaciones laborales en la recepción del cementerio y, por lo tanto en el proceso de incineración.

«Esta última circunstancia pone de manifiesto que estos empleados -algunos de ellos los identifica Justo en las anotaciones intervenidas- eran colaboradores y cooperadores directos tanto de las irregularidades en las anotaciones en los libros registro como en la sustracción de féretros, principalmente cuando éstos deberían haber sido incinerados en el Tanatorio El Salvador tras su inauguración», apuntan los peritos.

El hecho de no anotar en los libros registro estas incineraciones, a juicio de los autores del informe, «denota una evidente intencionalidad de ocultar una actuación claramente delictiva en la que participaban tanto los responsables de Recepción, como los responsables del traslado del féretro desde el Tanatorio hasta el Cementerio cuando eran conocedores de que la familia creía que la cremación se estaba realizando en aquellas instalaciones».

La policía ha localizado errores en las anotaciones (asientos duplicados, ausencia de asientos, inscripciones dobles, etc..), circunstancia que si bien pudiera considerarse como un error puntual y, por lo tanto, testimonial, entiende que responde a una «evidente intención de ocultar datos ante posibles inspecciones» debido al ingente número de irregularidades, «de una voluntariedad palmaria».

En un apartado del informe, los expertos recogen también del libro de incineraciones del cementerio anotaciones tan llamativas como: «Se incinera cuando se pueda», «está en el horno» o «sale a las 16:45 del Tanatorio al Parque», algo que, a juicio de los peritos, «además de denotar una falta de respeto a familiares y difuntos, también avala que las anotaciones de Justo reflejan las irregularidades que estaban sucediendo» en ambas instalaciones, «tratándose de algún tipo de comunicación interna entre los empleados».

El caso de los ataúdes, como se conoce coloquialmente a la operación Ignis en Valladolid suma cerca de un centenar de afectados por el supuesto «cambiazo» de unos 6.000 féretros para la incineración, según sostiene la Policía en el marco de la operación Ignis.