Valladolid

La investigación por el «fraudulento» ágape de la base militar de Santovenia se centra sobre seis mandos

Ante tales hechos denunciados, el Juzgado Territorial inició unas pequisas que ya han llegado al Central. Juzgado que ha citado para declarar, en calidad de investigados, a los presuntos implicados. «Dichas irregularidades consisten en la utilización indebida de fondos públicos para un beneficio personal de personas pertenecientes al ámbito militar que han desviado fondos del patrimonio público sin que exista debida causa y motivación para dicha utilización», reflejaba la denuncia presentada en agosto de 2024.

Ese escrito relataba lo sucedido durante las fiestas patronales de la Virgen de San Lorenzo de 2023, cuando existía horario reducido por tal motivo en la base militar. Los hechos se circunscriben al 6 y 7 de septiembre de 2023, cuando se justificó un presupuesto de 1.920 euros para una jornada de instrucción continuada de 200 militares. Ese dinero supuestamente era para abonar la comida y la cena del día 6 y el desayuno del día siguiente, si bien, según relata ya el Juzgado Militar Central, esas jornadas «no se realizaron», «toda vez que en esa fecha estaba programado el acto de relevo del mando del grupo de mantenimiento de la AALOG 61».

Además de citar a los investigados, el juez también ha llamado al denunciante para ratificarse en la denuncia.

Entre estos implicados se encontrarían también algún mando investigado en el primer caso de malversación de El Empecinado, en el que en connivencia con representantes de siete empresas «solicitaban y consentían» la emisión de facturas por parte de terceros, sin que estos llegasen a prestar esos servicios.

Un proceso de instrucción en el que la Guardia Civil, en auxilio del togado, completó al menos dos registros en la base militar. En mayo de 2023, agentes de la Policía Judicial se llevaron el servidor central para analizar los datos y ahondar en la investigación de las presuntas irregularidades, mientras que en marzo de ese año el Instituto Armado acudía a la base militar por primera vez para intervenir ordenadores y discos duros, además de recopilar documentación que retiraron en grandes cajas con diversas facturas.

Esa causa, que continúa en la fase de instrucción, arrancó el 14 de febrero de 2023 después de que la Fiscalía Provincial recibiera una denuncia anónima que el Ministerio Público derivó a la jurisdicción militar. En la misma, se recalcaba «la utilización indebida de fondos públicos para un beneficio personal y privado de personas pertenecientes al ámbito militar que, en comandita con determinadas empresas privadas de Valladolid y una de Burgos, y un plan diseñado a tal efecto, han estado desviando fondos del patrimonio público, sin que exista debida causa y motivación para dicha utilización».

Los hechos denunciados se circunscriben a los años 2021 y 2022, aunque también se solicitaba que se ampliara la investigación a años anteriores. En alguna de esas peticiones se llegaba a solicitar la emisión de una factura para cubrir comidas y otros gastos, no justificados y sobre los cuales no existía autorización de pago con cargo a fondos económicos del Estado.