Valladolid

El Juzgado Militar Central solicita el informe de los registros en El Empecinado

No lo interpreta de igual manera el juez togado del Militar Central al posponer la declaración del denunciante, con nombre y apellidos, hasta que «no se reciban las diligencias policiales acordadas por Tribunal Militar Territorial número 42 de Valladolid (órgano judicial que inició la instrucción desde Valladolid)».

El auto refleja el proceso por el que ha pasado la instrucción desde que arrancó a finales de febrero y que ha transitado por el Territorial de Valladolid, el Togado Militar Central Decano y que finalmente fue recibido el 5 de octubre por el Militar Central número 2. En esa denuncia se refleja la presunta «inacción de la cadena de mando ante la posible existencia de irregularidades en facturaciones y pagos realizados en la Agrupación de Apoyo Logístico número 61 con sede en Santovenia de Pisuerga durante los ejercicios 2021 y 2022». En esa lista, referente a personas intervinientes en los hechos denunciados, figura en primer lugar una comandante jefe.

Con esos antecedentes, para que avance el proceso en futuras acusaciones o sobreseimientos, se esperará a la prueba pericial de la Guardia Civil en la base militar de Santovenia de Pisuerga obtenida en al menos dos registros. En mayo, agentes de la Policía Judicial se llevaron el servidor central para analizar los datos y ahondar en la investigación de las presuntas irregularidades, mientras que en marzo el Instituto Armado acudía a la base militar por primera vez para intervenir ordenadores y discos duros, además de recopilar documentación que retiraron en grandes cajas con diversas facturas. Todas ellas de la Agrupación de Apoyo Logístico 61, en la que se engloba la plana mayor de la Agrupación, el grupo de abastecimiento I/61, el grupo de mantenimiento II/61, la compañía de mando y personal y la unidad de servicios y talleres 611.

La causa arrancó a mediados de febrero después de que la Fiscalía Provincial recibiera una denuncia anónima que el ministerio público derivó a la jurisdicción militar. En la misma, se recalcaba «la utilización indebida de fondos públicos para un beneficio personal y privado de personas pertenecientes al ámbito militar que, en comandita con determinadas empresas privadas de Valladolid y una de Burgos, y un plan diseñado a tal efecto, han estado desviando fondos del patrimonio público, sin que exista debida causa y motivación para dicha utilización».

Los hechos denunciados se circunscriben a los años 2021 y 2022, aunque también se solicitaba que se ampliara la investigación a años anteriores, situación que no se ha dado al reflejar el último auto que la investigación se centra en los ejercicios de 2021 y 2022. En alguna de esas peticiones se llegaba a solicitar la emisión de una factura para cubrir comidas y otros gastos, no justificados y sobre los cuales no existía autorización de pago con cargo a fondos económicos del Estado.

Los supuestos implicados en el fraude utilizaron los correos oficiales de la base. En una de estas comunicaciones se solicitaba dividir facturas superiores a 5.000 euros «al no poder gestionarla en una conjunta». Otro de los ejemplos detallados en la denuncia reflejan una factura con la venta de 1.000 kilos de harina, emitida por una mercantil dedicada a otros servicios alejados de la alimentación.

El desvío de fondos durante estos dos años se cuantifica en un total de 180.000 euros.