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Investigan de nuevo si mandos de la base militar de Santovenia desviaron fondos para disfrutar de un ágapeNueva investigación en el seno de la base militar de El Empecinado en Santovenia de Pisuerga y otra vez en la Agrupación de Apoyo Logístico ... 61 (AALOG 61). A la instrucción desde hace un año del Tribunal Militar Central de Madrid por presuntamente malversar 180.000 euros por parte de al menos tres altos mandos, se suma ahora un nuevo procedimiento por desviar dinero público para celebrar un ágape entre mandos, justificados inicialmente con una jornada de instrucción durante 24 horas para 200 personas.
Toda esa documentación ya la investiga el Juzgado Togado Militar de Valladolid, dependiente del de La Coruña, después de que a principios de agosto se presentara una denuncia donde se relata este presunto ilícito penal. «Dichas irregularidades consisten en la utilización indebida de fondos públicos para un beneficio personal de personas pertenecientes al ámbito militar que han desviado fondos del patrimonio público sin que exista debida causa y motivación para dicha utilización», refleja la denuncia con la que el juzgado ha incoado diligencias.
Los hechos se circunscriben al 6 y 7 de septiembre del año pasado, cuando se justificó un presupuesto de 1.920 euros para una jornada de instrucción continuada de 200 militares. Ese dinero supuestamente era para abonar la comida y la cena del día 6 y el desayuno del día siguiente. Una adquisición de comida, continúa la denuncia, que se efectuó a través de dos empresas de Valladolid. «La jornada de instrucción nunca ha llegado a realizarse», detalla.
Precisamente en la documentación aportada al Juzgado Togado Militar se informa que ese mismo 6 de septiembre de 2023 tuvo lugar un ágape con motivo de un relevo de un teniente coronel, acto al que presuntamente se desvió el dinero y no a las supuestas jornadas con 200 militares.
Precisamente, destaca la denuncia, que durante esos días, al ser las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, el horario en la base militar se redujo de 9:00 a 13:00 horas. Ante toda esa documentación, el Juzgado Militar de Valladolid investiga a seis mandos, uno de ellos ya inmerso en la investigación que se inició hace más de año y medio por unos presuntos delitos de características similares.
Porque desde Madrid, en el Tribunal Central Militar, se lleva la instrucción contra al menos tres mandos de El Empecinado que, en connivencia con representantes de siete empresas, «solicitaban y consentían» la emisión de facturas por parte de terceros, sin que estos llegasen a prestar esos servicios.
Un proceso de instrucción en el que la Guardia Civil, en auxilio del togado, completó al menos dos registros en El Empecinado. En mayo de 2023, agentes de la Policía Judicial se llevaron el servidor central para analizar los datos y ahondar en la investigación de las presuntas irregularidades, mientras que en marzo del año pasado el Instituto Armado acudía a la base militar por primera vez para intervenir ordenadores y discos duros, además de recopilar documentación que retiraron en grandes cajas con diversas facturas.
Todas ellas de la AALOG 61, en la que se engloba la plana mayor de la Agrupación, el grupo de abastecimiento I/61, el grupo de mantenimiento II/61, la compañía de mando y personal y la unidad de servicios y talleres 611.
Esa causa, que continúa en la fase de instrucción, arrancó a mediados de diciembre después de que la Fiscalía Provincial recibiera una denuncia anónima que el Ministerio Público derivó a la jurisdicción militar. En la misma, se recalcaba «la utilización indebida de fondos públicos para un beneficio personal y privado de personas pertenecientes al ámbito militar que, en comandita con determinadas empresas privadas de Valladolid y una de Burgos, y un plan diseñado a tal efecto, han estado desviando fondos del patrimonio público, sin que exista debida causa y motivación para dicha utilización».
Los hechos denunciados se circunscriben a los años 2021 y 2022, aunque también se solicitaba que se ampliara la investigación a años anteriores. En alguna de esas peticiones se llegaba a solicitar la emisión de una factura para cubrir comidas y otros gastos, no justificados y sobre los cuales no existía autorización de pago con cargo a fondos económicos del Estado.
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