Valladolid

Un informe del secretario municipal avala el contrato «de emergencia» del Arco de Ladrillo

En ese punto discrepan los concejales socialistas, que ya en su momento criticaron al edil, Alberto Gutiérrez Alberca, por su «inacción». Señalaban que el responsable de Movilidad había conocido los informes el 7 de mayo y no había actuado hasta el 24 del mismo mes. El secretario municipal se basa en los datos de los informes para señalar que la actuación fue lo diligente que cabe esperar de una actuación calificada como «de emergencia».

Así, Mozo explica que el primer informe, de Adif, sobre la situación del viaducto, emitido el 24 de enero, le llega al «director del Servicio de Espacio Público e Infraestructura» del Ayuntamiento. «Lo mismo ocurre con los dos informes emitidos por Imesapi. Los tres informes dichos, el de Ineco y los dos de Imesapi, junto con el informe técnico emitido el día 30 de abril de 2024 y fechado el día 7 de mayo del mismo año, son remitidos al concejal de Tráfico y Movilidad en una fecha posterior al día de su firma, es decir al 7 de mayo de 2024, y anterior al día 21 de mayo de 2024, que es cuando el concejal solicita informe complementario», asegura el informe del secretario.

Hay que recordar que el director de área decide registrar el informe para que quede constancia de ello el 7 de mayo. El funcionario en cuestión cesó en su puesto a finales de julio «a petición propia», según el texto que aprobaba la Junta de Gobierno del Ayuntamiento.

El PSOE había pedido un informe al secretario municipal porque tenía dudas sobre el procedimiento elegido para contratar las obras, que suponen un monto importante de 2,3 millones de euros. De hecho, se ha incrementado el coste, sobre lo previsto inicialmente, en 350.000 euros. Consideraba el grupo socialista que debería haberse utilizado, en todo caso, un procedimiento urgente. El secretario, en este punto, avala la decisión del equipo de Gobierno porque encuentra que el contrato de urgencia no era adecuado. «No se considera que la existencia de la situación de grave peligro descrita en el informe pudiera ser, razonablemente, previsible para el órgano de contratación entendiendo, por lo tanto, que concurre el requisito de imprevisibilidad», aduce.

Considera, además, que estaba «acreditada» la existencia de una «situación de grave peligro». Situación que centra en «los elementos de contención, antiguos y obsoletos», que no tienen «la capacidad para absorber impactos en los términos requeridos por las normas vigentes». También admite el riesgo «menos catastrófico pero potencialmente mortal, de desprendimiento de trozos deteriorados de estructura bajo el viaducto», sea por las vibraciones o por las inclemencias atmosféricas.

La gravedad de estas situaciones lleva a Jesús Mozo a considerar que «la gravedad de sus consecuencias obliga a tomar, de manera perentoria, inmediata, las medidas de mitigación de esos riesgos que se estimen pertinentes».

Advierte, eso sí, en el último párrafo de su informe, que la contratación de estas obras obliga a ejecutar «las estrictamente necesarias hasta que desaparezca la situación de emergencia». Hay que recordar que los informes técnicos, además de los daños en los sistemas de contención que se han mencionado, hacen un repaso extenso y detallado de «otras patologías» que precisarán de más reparaciones en el futuro. Pero deberá ser con otros contratos. El propio secretario explica que esto se debe a la necesidad de «evitar un posible abuso de la contratación de emergencia en la fase de ejecución de las obras». Por ello pide, como algo «imprescindible», aumentar «los controles habituales aplicables a la ejecución del contrato de obras para que no se ejecute nada más» de lo necesario para acabar con la situación de emergencia.