Los trabajadores vuelven a la huelga en Auvasa este jueves y el viernes

El máximo órgano de representación de la plantilla está compuesto por 17 miembros de los que ocho son de la Candidatura de Trabajadores de Auvasa (CTA), cuatro de CC OO, tres de CSIF y dos de UGT. Todos se han posicionado a favor de volver a movilizarse salvo estos últimos, puesto que el pasado domingo la Unión General de Trabajadores nacional anunció que se desvinculaba del calendario de paros tras alcanzar un acuerdo con las patronales Confebus y la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC).

De la resolución adoptada por el Comité de Auvasa ha informado su presidente, Arturo Barrull, que ha asegurado que «consideramos totalmente insuficiente el acuerdo alcanzado por UGT, por la falta de acotación ya no solo de una aplicación efectiva, sino porque queda completamente en el aire la aplicación real de los coeficientes reductores (en el cálculo de la pensión), que son la base de lo que se persigue».

Cabe recordar que los ocupados del sector llevan más de una década reivindicando que se les permita anticipar su retiro, teniendo en cuenta que está contrastada la pérdida de reflejos asociada a la edad. La falta de respuesta a sus demandas llevó a las centrales de la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras a dar un golpe en la mesa y programar seis jornadas de huelga que se convertirían en un paro indefinido desde el 23 de diciembre en caso de no llegar a ningún consenso. La presión sobre las compañías propició un acuerdo para el transporte sanitario, de mercancías y las grúas autopropulsadas, pero quedó pendiente en el caso de los viajeros.

«No entendemos la distinción que se hace con nuestra profesión, con la profesión de conductor del transporte de viajeros», ha manifestado Arturo Barrull, que ha sentenciado que «el acuerdo debe ser unánime» para todos los afectados y ha justificado en esta circunstancia la determinación de «continuar con las movilizaciones». Unas movilizaciones que se traducen en un llamamiento a parar tanto mañana como el viernes, a las que se sumará durante esta última jornada una nueva manifestación por las calles de la ciudad, a partir de las 8:30 horas, desde las cocheras de la calle Bronce hasta la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, en la plaza del Milenio. Es previsible, en este sentido, que al igual que la vez anterior se produzcan problemas de tráfico durante su desarrollo y retrasos en las líneas que estén operativas.

Lo que también se repite son los servicios mínimos, que el Ayuntamiento de Valladolid ha vuelto a fijar en el 70%, un porcentaje que los sindicatos tildaron entonces de «abusivo». En concreto, esto supone que se mantienen sin cambios las expediciones y horarios habituales de las líneas 4, 10, 13, 14, 16, 17, 23, 24 y 26, así como las matinales, las de los polígonos industriales, las universitarias y las lanzaderas a los barrios.

La determinación adoptada por los representantes de los empleados de la empresa de autobuses urbanos de Valladolid denota que los argumentos de UGT para justificar su pacto con la patronal no han calado. Este martes el sindicato en Castilla y León hacía público un comunicado en el que defendía que se trataba de «un paso significativo hacia las mejoras laborales y la sostenibilidad del transporte de viajeros por carretera» y destacaba que Auvasa estaba adscrita a la ATUC. Junto a esto, señalaba que «con la normativa anterior no se establecía un plazo específico y obligatorio para que la Administración respondiera a las solicitudes de aplicación de coeficientes reductores», una situación que «queda resuelta» con el compromiso de que la petición se tramite «dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles desde la entrada en vigor del Real Decreto» que determinará el procedimiento general, que se espera «para febrero de 2025».

Otra de las razones que argüía UGT en pro de la firma es que «se ha desvinculado de la solicitud de coeficientes reductores el desarrollo de la mesa técnica, de nueva creación, en la que se valorará la forma de compensar los desequilibrios financieros derivados del incremento del coste que pueda ocasionar esta medida a las empresas«, porque considera que «debe existir un equilibrio financiero para que no haya problemas en el empleo».