Valladolid

Una guardia con un abogado: «La justicia gratuita no puede depender de la buena fe»

«Me van a dar ahora los papeles justo antes de entrar y según los lea tengo que hablar con la denunciante, ver qué ha pasado y atenderla. Supongo que estará citada para un juicio rápido», figura Lázaro, que se ha personado con 20 minutos de antelación para documentarse previamente, sin éxito, sobre el caso. Ya rebasada la hora de la cita vuelve a sonar el teléfono. La secretaria judicial le requiere su presencia y en menos de diez minutos avista un taco de folios para instruirse sobre las pesquisas, mientras habla con la víctima, muy nerviosa, y algunos familiares, para tratar de recabar brevemente su versión.

El magistrado los espera. Echa un último vistazo y pregunta por la denuncia. No hay. Fueron los vecinos los que avisaron a las autoridades al escuchar una disputa verbal en el domicilio y por ello no le ha sido requerida previamente su presencia en dependencias policiales. En caso de haber sido así, le habría supuesto, casi con total seguridad, acudir a la comandancia para asesorar a la víctima a la hora de interponer la denuncia. Una gestión adicional que le supondría un plus «de unos siete euros» para una asistencia por la que cobra un total de 264 euros, precisa, con independencia del tiempo y de la carga de trabajo que pueda conllevar.

A la minuta abonada por el ministerio de Justicia hay que desquitar algunos gastos como los desplazamientos o las fotocopias. También los 81 euros que cobran por estar de guardia durante el turno si no le han sido requeridos sus servicios al finalizar la jornada. Sí se produce un aviso, únicamente cobran lo estipulado por la asistencia prestada, pero no por la disponibilidad. Algo que, asegura, no sucede con otros profesionales que asisten en los tribunales, como peritos o traductores.

La comparecencia concluye sobre las 13:20 horas y en cincuenta minutos aproximadamente, el asunto está resuelto. El juez no ve indicios de delito y decide archivar el caso. Ahora queda comunicar la decisión del magistrado a su clienta, interponer un recurso y hacer las gestiones oportunas para cobrar la indemnización, siempre que con posterioridad se le reconozca a su defendida el derecho a la asistencia gratuita. Hasta que el Ministerio resuelve pueden pasar «dos o tres meses», más otros cuantos de espera hasta que se produzca el pago.

En términos de rentabilidad, esta vez ha tenido «suerte», afirma. «De haber continuado el procedimiento me hubieran citado mañana para presentar el escrito de acusación. Esta tarde tienes que hacerlo, estudiártelo y todo lo que tengas pasa a un segundo plano», ejemplifica. El proceso puede alargarse meses o años: «Si hay un juicio rápido en dos o tres meses está solucionado, pero si son diligencias previas, pues nos podemos ir a dos años tranquilamente. Más luego recursos y todo lo que vaya surgiendo, claro».

Para Lázaro el turno de oficio es un «vicio» poco rentable. «Para que me salga a cuenta tengo que ganar el juicio y ganarlo con costas». En aquellos casos en los que los gastos derivados de la celebración del juicio se le imponen a una de las dos partes, los abogados de oficio pueden llegar a cobrar la minuta del contrario a precio de mercado. Si bien se trata de un proceso «eterno». Si sale bien, deben devolver la compensación económica abonada al Ministerio. «Si cobras 2000€ no te importa, pero claro, hasta que cobras…», suspira.

Unos carteles empapelan las paredes de los juzgados de la calle Angustias. Anuncian las tablas con las «compensaciones económicas» que el ministerio de Justicia abona a los letrados por las asistencias prestadas. Escrito a mano se puede leer un «no quitar». Los abogados del turno movilizados desde hace un año las han colocado para visibilizar la precariedad bajo la que ejercen como garantes de la justicia gratuita en Castilla y León.

El máximo a cobrar por un caso de jurisdicción penal son 405 euros para un procedimiento con jurado, según se expone. Figuran también algunos pluses, como por ejemplo, en aquellos casos en los que el sumario supere los 1.000 folios, que reciben un pago adicional de 22,41 euros por cada millar de páginas. «Solo con imprimirlos, ya se te han ido en el tóner de tinta», bromea con resignación.

«Lo que no está en estas tablas no se cobra», aclara Lázaro, que afirma que hay asistencias que no están remuneradas y que ello interfiere en el derecho a la defensa, algo que rechazan: «La justicia gratuita no puede depender de la buena fe del abogado». Un ejemplo, apunta, es lo que sucede con el recurso de reforma. «Puedes recurrir primero en el juzgado y luego en la Audiencia, pero el primero no lo pagan, por lo que habitualmente se pone directamente el de apelación», afirma. Ello supone «perder una oportunidad» de defensa: «Por muy legal que sea el abogado se va a ver afectado por la situación. No vas a dejar de hacer un asunto que te va dar de comer por un recurso que no vas a cobrar».

Según los últimos datos del Consejo General de la Abogacía Española, los abogados de oficio cobran de media 134 euros por cada asunto en el que intervienen. Aunque el dato varía dependiendo de cada comunidad, ya que en algunos como lo son el País Vasco o Madrid, tienen transferidas las competencias en la materia, lo que se traduce en mejores remuneraciones: «En el País Vasco por esto que he hecho yo hoy, se cobran 700 euros. En todos los lados se cobra más que en la zona ministerial».

Pasadas las 14:30 horas y tras realizar algunas gestiones, abandona los juzgados y se dirige al Colegio, en el edificio contiguo a los tribunales, para recoger sus cosas. Una de las ventanas luce otro cartel. El lema, el grito de guerra de los abogados de oficio desde que comenzaron a movilizarse en noviembre del pasado año, que clama «por un turno de oficio digno».

Pese a la falta de consenso entre los abogados del turno, están todos en el mismo barco. Un barco que Lázaro, que se presenta a las elecciones para presidir el Colegio de Abogados de Valladolid (Icava) de este viernes, aspira a capitanear. Es la única forma, considera, de poner sobre la mesa del Ministerio las reivindicaciones del Sindicato Venia, bajo el que se agrupan los letrados movilizados desde hace un año y del que Lázaro es delegado. Piden, en esencia, que la Administración reconozca su relación laboral con los letrados del turno, un incremento de las retribuciones -congeladas desde hace varios años- y la puesta en marcha de una pasarela RETA para traspasar las cotizaciones de la mutualidad a la Seguridad Social.