«La gente sigue sin tener conciencia del riesgo aunque tenga el fallecido en casa»

Son las dos de la tarde del sábado cuando la furgoneta blanca de Nevasa aparca en una calle de Laguna de Duero.Por su discreto uniforme, jerséis verdes y corbata a juego, camisa blanca y pantalón oscuro, los funerarios podrían pasar perfectamente por empleados de un cátering navideño o ser miembros un equipo deportivo. Hasta que abren las puertas de atrás del vehículo y empiezan a colocarse los equipos de protección individual, los buzos herméticos y las imponentes máscaras antivirus. En el segundo piso de uno de los nuevos edificios de la calle, justo al lado de otro balcón por el que trepa un Papa Noel de juguete, varios miembros jóvenes de una familia, con las mascarillas puestas, se asoman al balcón abierto y esperan. Por la mañana, la madre, de 77 años, que apenas días atrás empezó a sentirse mal, apareció muerta. Fueron a llevarle la comida y se la encontraron desmayada «sin saber por qué». No se recuperó. Llamaron al 112 y la unidad médica de emergencia que asistió a la enferma solo pudo certificar la muerte. La señora tenía coronavirus. Prácticamente toda la familia se había contagiado de covid. Hacía aproximadamente un mes que empezaron a dar positivo uno tras otro y se les acababa de dar el alta.

Mientras dos parroquianos de un bar próximo miran disimuladamente la escena, Julián Polanco Bartolomé y Jesús Ángel de la Fuente sacan la camilla de la furgoneta y cruzan la calle hasta el portal para entrar en el domicilio de alto riesgo. Lo peor de los EPI en los que van enfundados, explican, es que «estorban mucho, se empañan las gafas y es muy molesto». Pero, nueve meses después de trabajar con la impedimenta de protección, tienen automatizado el procedimiento y el orden a seguir, pieza por pieza. Se lo ponen siempre que tienen que trasladar a un fallecido con covid desde los hospitales o desde un domicilio particular y si tienen que recogerlo en una residencia de mayores, tenga coronavirus o no el difunto, llevan el buzo puesto.

Tardan menos de cuarto de hora en volver a bajar con el cuerpo de la fallecida, cubierto con doble sudario hermético, totalmente sellado. Explican mientras realizan la maniobra que en estos casos que tienen que atender en domicilios no llevan el féretro porque la mayoría de las veces no cabe en habitaciones que suelen ser estrechas. Así que después completarán el ritual funerario en las instalaciones del cementerio de las Contiendas. Aunque en los casos de coronavirus, la manipulación del cuerpo se limita a introducir el cadáver, tal y como llega, en el ataúd que, además, se higieniza y se sella completamente. La cinta aislante que se coloca alrededor de la tapa del féretro no es una medida obligatoria del protocolo de salud pública, señalan, en realidad sirve como «advertencia» para el resto de empleados: aunque la familia suplique, amenace o implore que se levante la tapa para ver a su ser querido por última vez, eso no será posible. Es un cuerpo contaminado y el riesgo de infección sigue existiendo. Bajo ningún concepto puede destaparse la caja de un fallecido covid.

En el momento en que los funerarios introducen la camilla con el cadáver en el vehículo para después quitarse los trajes de protección, una vecina del edificio anejo mira hacia el balcón donde, en ese momento, hay seis familiares de la finada y les pregunta, con incredulidad: «¿Ha sido tu madre?» Los familiares asienten: «Se puso mala de repente» , le confirma una de las hijas desde lo alto. «Me has dejado...», le responde la comadre, que les acompaña en el sentimiento, coge a su pequeña y entra en el otro portal.

Antes de llegar a la necrópolis de las Contiendas, donde Nevasa tiene su cuartel general, el furgón se detiene en el antiguo Hospital Militar, actual sede de Sacyl y de la central de emergencias de Castilla y León 112. Allí solicitarán al facultativo de la unidad medicalizada que acudió al domicilio de Laguna «los papeles» para poder agilizar los trámites y que la familia pueda enterrar el día siguiente a la madre. No será la sepultura en ninguno de los cementerios de la capital vallisoletana sino en el camposanto de Zaratán. Ni allí, ni tampoco el día antes en el tanatorio, podrán estar todos los familiares y allegados, como antes de declararse la pandemia. En la sala dispuesta en las Contiendas para el velatorio solo pueden entrar diez «y sin rotar» y en el entierro el aforo máximo es de 15 personas.

Y son muchas, si se compara con el primer estado de alarma, cuando se cerraron al público tanatorios y camposantos. «A esto la gente no se acostumbra, se han producido problemas entre familiares porque no se ponían de acuerdo en quiénes tenían que estar, ha habido muchas tensiones con esto también entre parientes y los vigilantes del cementerio, es muy difícil tenerle que explicar a una persona que no puede despedirse de su madre o su padre, pero tiene que ser así, hay que cumplir las normas. La gente quiere que sea como antes, no se acostumbra. Hay familias muy extensas y no tienen suficiente con diez plazas», indica Jesús Ángel de la Fuente, que lleva cinco años trabajando en la funeraria municipal. Su compañero, Julían Polanco, un veterano que lleva 24 años mirando cada día a la muerte y que ha visto «de todo» señala con naturalidad que este trabajo «al final, se lleva como cualquier otra cosa. Es un trabajo, hay que hacerlo y punto. Alguien tiene que hacerlo». En total, en la empresa mixta son 40 empleados.

En las últimas semanas, constatan, los avisos que reciben en la funeraria para recoger fallecidos por covid ha menguado considerablemente respecto de los peores meses en la primavera, cuando en los picos más altos llegaron a realizar, en un día, hasta 15 servicios, cuando la media diaria normal estaba en tres o cuatro fallecidos diarios antes de la covid. «Esos meses críticos, el 95% de los servicios que realizamos eran covid». También a mediados de noviembre se notó un repunte, coincidente con el incremento en el número de contagios, aunque en diciembre las cifras volvieron a estabilizarse. Hay que tener en cuenta, recuerdan, que Nevasa no es la única funeraria que opera en Valladolid, de forma que la cifra de muertes diarias solo por coronavirus en abril y mayo resulta escalofriante. Solo esta empresa mixta, coparticipada por el Ayuntamiento y Ferrovial, que factura el 30% de los servicios funerarios que se realizan en Valladolid capital y que gestiona los tres cementerios municipales de Nuestra Señora del Carmen, las Contiendas y Puente Duero, ha contabilizado a fecha de 18 de diciembre 295 fallecidos con certificado de defunción con covid confirmado, lo que en sus libros supone el 20% más de servicios fúnebres de marzo a diciembre respecto del año pasado. Ya de enero a octubre se igualó la cifra de todo 2019 y hasta este viernes pasado se han contabilizado, en total covid y no covid, 1.274 servicios. Santos González, el gerente, puntualiza que «ello no quiere decir que la sobremortalidad respecto del año pasado sea toda por covid o que todos los fallecidos por coronavirus no hubieran podido morir de otras patologías, habida cuenta de que la mayoría eran de edad muy avanzada y padecían de otras afecciones».

La estimación, si se suma a las cuentas de Nevasa el otro 70% de facturación que aportan las funerarias privadas que operan en Valladolid –como Agencia Funeraria Castellana-Grupo Parque El Salvador, Mémora y otras firmas que integran la Asociación Vallisoletana de Empresas de Servicios Funerarios (Avasef)– es que, en Valladolid, se han realizado los sepelios de 1.333 víctimas de la epidemia por covid confirmado.

Pero ese aumento en el número de servicios, puntualiza el gerente, no significa que la facturación sea mayor. «No, porque si el precio medio está en 3.000 euros, con la covid la gente recorta gastos porque no se puede exponer el cadáver como antes ni tampoco lo entierros son multitudinarios, así que muchos se limitan a contratar lo esencial», señala.

En las cifras de Nevasa no entrarían los muertos del principio de la pandemia, cuando nadie se atrevía a certificar la muerte por covid, lo que llevó el pasado mayo al Tribunal Superior de Justicia a clarificar el batiburrillo estadístico tirando del recuento de los certificados de defunción expedidos por el Registro Civil, hoy por hoy, la estadística más fiable para establecer la sobremortalidad por la pandemia. Solo de residencias de Valladolid la Junta cuenta 527 fallecidos por covid confirmado y otros 125 usuarios fallecidos con síntomas compatibles con la enfermedad en las primeras semanas de la pandemia, cuando no había test, según los datos publicados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Ante la duda entre covid y casos sospechosos, la empresa ha optado por aplicar el protocolo de máxima seguridad a todos los fallecidos que, aunque en su certificado de defunción no establezca como causa cierta de la muerte el coronavirus, pudieran haber tenido síntomas compatibles con la enfermedad. «No nos podemos arriesgar a que uno de nuestros empleados contraiga la enfermedad, así que aplicamos el protocolo a rajatabla». Y toca madera porque, hasta la fecha, ninguno de los trabajadores se ha contagiado durante su tarea. «El par de casos que hubo fueron externos al trabajo, hemos tenido suerte», subraya.

Se remonta a las primeras semanas de la pandemia, cuando los equipos de protección personal se cotizaban «a precio de oro» en el mercado, cuando el Gobierno aseguraba que las mascarillas no eran necesarias y hasta temieron en el sector que se produjera escasez de ataúdes. «Llegamos a pagar la mascarilla a 10 euros la unidad», rememora. También analiza los meses más críticos, especialmente, abril, cuando en un día se alcanzaron picos de 15 servicios fúnebres y «solo tenemos seis salas de velatorios».

En este análisis del incremento en el número de servicios gestionados por la empresa mixta desde el inicio de la pandemia, con esos 295 difuntos de covid confirmado, el gerente apunta también otros factores, «como, por ejemplo, la distribución de nuestras instalaciones, con módulos independientes, mucho espacio al aire libre y amplitud y ventilación, lo que ha podido decidir a los familiares a contratar el servicio con nosotros». Incluso, señala, ha podido incidir, a la hora de escoger su funeraria, el escándalo del caso del 'cambiazo' de los ataúdes, con Parque El Salvador, la de mayor volumen de negocio de la provincia, bajo investigación judicial.

Fuera de las oficinas, Julián Polanco Bartolomé y Jesús Ángel de la Fuente se preparan para «otro servicio», esta vez en el hospital Río Hortega, no sin antes asegurarse de que todo está higienizado y «en orden». A modo de despedida, dice Julián que «en esta pandemia que nos ha tocado sufrir deberíamos remar todos en la misma dirección y ser más sinceros: ocultar la enfermedad no ayuda a combatirla». Fernando Fernández, el jefe de explotación, apostilla, con un aviso a navegantes descuidados ante la tercera ola en ciernes: «Todavía en la UCI caben los milagros, pero aquí, no; este es el final».

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