Juicio por Meseta Ski

La Fiscalía señala la «participación ineludible» de Centeno y apunta a su «amistad» con la constructora

El proyecto, emplazado sobre un monte quemado, fue sometido, a juicio de la fiscal del caso, a modificaciones sustanciales tras su adjudicación a la constructora Corsan-Coviam por cuatro millones de euros en julio de 2006. Hasta el punto de que lo ejecutado se correspondió con un «segundo proyecto», según lo declarado por el arquitecto director de la obra encargado de la elaboración del mismo, que no estaba respaldado por ningún contrato y que se desarrolló al margen de la «norma administrativa». Hechos que la fiscal jefa de Valladolid Soledad Martín, al frente de la acusación pública, «hubiera calificado de malversación», de no haber sido porque fue prescrita por el juzgado durante la fase de instrucción y ratificada por la Audiencia Provincial tras la reapertura del caso por prevaricación.

Entre los acusados está Alfonso Centeno, el actual alcalde de Olmedo que presidía Sodeva en calidad de vicepresidente de la Diputación en aquellos años; Luis Torreglosa, exjefe del área de Urbanismo de la Diputación, miembro de la mesa de valoración de las ofertas presentadas para la licitación y consejero de la mercantil a partir de 2007; Pedro Pariente, ex vicepresidente ejecutivo de Sodeva, encargado de autorizar los pagos a la constructora a partir de noviembre de 2007; y Valentín González, arquitecto de Sodeva y considerado por las acusaciones el interlocutor con con la dirección de las obras a cargo de la constructora tras lo manifestando por los testigos, aunque con menor responsabilidad en los hechos para el letrado de la acusación popular, que pide con carácter general once años de inhabilitación y una indemnización cercana a los doce millones.

El informe final de la Fiscalía ha sido contundente con respecto a la implicación de los cuatro encausados en los hechos enjuiciados, señalando como principal responsable a Centeno, cuya participación en los hechos presuntamente delictivos ha calificado de «ineludible». Entre las cuestiones alegadas ha señalado la existencia de una relación de amistad de Centeno con el propietario de Corsan-Coviam la empresa adjudicataria de las obras, que fundamentada en un viaje a Japón de carácter privado entre ambos, en compañía de sus respectivas familias.

Una amistad que la fiscal «sospecha» que está relacionada con las modificaciones efectuadas al proyecto que «triplicaban la extensión», encarecían el suelo de la pista e incorporaban nuevos elementos y que los acusados han justificado en la falta de experiencia en este tipo de proyectos. Un carácter «innovador» que ha sido rechazado por la Fiscalía, ya que bases para la licitación se definieron tras un estudio que tomaba como referencia unas pistas en Francia y en ese momento ya se habían visitado otras instalaciones en Portugal.

Ante estos hechos la acusadora pública fija el «carácter prevaricador» en el proceder de los acusados, pues según queda acreditado en «el propio expediente administrativo», se solicitó una nueva oferta directamente a Corsan-Coviam, sin informar a la segunda empresa que se había presentado a la licitación y sin formalizar tan si quiera un nuevo acuerdo, ya que «en ningún caso la ejecución puede ir más allá del contrato firmado».

Y no fue hasta marzo de 2008 cuando el Consejo de Administración de Sodeva dio luz verde al proyecto refundido conteniendo las obras ejecutadas hasta la fecha, que «superaban los nueve millones de euros» y excedían lo definido en el proyecto presentado ante el Ayuntamiento de Tordesillas y la Consejería de Medio Ambiente para la concesión de la licencia, «engañando» a las respectivas administraciones.

Un refundido que para la acusación popular tampoco tiene otra razón de ser que la de dotar a la cúpula de Sodeva de un «mecanismo» para seguir pagando las facturas a la adjudicataria de esos trabajos que habían excedido lo aprobado en el proyecto, tras la paralización judicial de las obras en septiembre de 2007.

El letrado ha calificado los hechos como el «capricho de una persona que tiene el poder para beneficiarse a sí mismo y a una empresa concreta», en alusión a la amistad de Centeno con el gerente de Corsan-Coviam manifestada por la Fiscalía. Tras adherirse a lo manifestado por la acusadora, al considerar que el contrato fue en todo momento «papel mojado», ha puesto de manifiesto la responsabilidad de los acusados en los trabajos posteriores a la declaración de Meseta Ski como proyecto de interés regional en el verano de 2010, un aspecto que la fiscal ha dejado en manos del juez.

La acusación popular considera que la iniciativa de elevar la propuesta a las Cortes partió del núcleo de Sodeva y no de la Diputación, como ha defendido Luis Torreglosa, encargado de elaborar la memoria del proyecto regional que supuso nuevos pagos a la constructora y que por tanto existe una continuidad del delito de prevaricación hasta agosto de 2010.

Por su parte las defensas han solicitado la libre absolución de los acusados y la aplicación de las dilaciones indebidas, ya que consideran que todas las decisiones estuvieron respaldadas por los votos favorables del Consejo de Administración de la mercantil y posteriormente por la Diputación y la Junta tras la declaración del proyecto regional, frenado por el Tribunal Constitucional en 2014 tras declarar nula la ley autonómica.