Valladolid

El juicio por el despilfarro de Meseta Ski empieza este lunes sin peticiones de cárcel

En el banquillo de los acusados se sentarán el actual alcalde de Olmedo y exvicepresidente de la Diputación, Alfonso Centeno; el exalcalde de Villaverde de Medina y exdiputado provincial, Pedro Pariente; el exjefe de Servicio de Urbanismo de la Diputación, Luis Torroglosa; el arquitecto de Sodeva, Valentín González, responsables del proyecto que se inició en 2006. Ni la Fiscalía, que si lo hacía inicialmente, ni la acusación popular, han pedido la imputación del director de la obra, Santiago González.

Se enfretan a un presunto delito de prevaricación continuada, para el que la Fiscalía solicita siete años de inhabilitación. Las acusaciones particulares, ejercidas por Valladolid Toma la Palabra (VTLP) y Ecologistas en Acción, han solicitado a mayores el pago conjunto y solidario por parte de los acusados, de una indemnización de 11.615.097 euros, a excepción del director de obra, Santiago González, para quien no formulan acusación.

El caso será juzgado en la Audiencia Provincial de Valladolid, que en 2022 reabrió la causa por la denuncia presentada cuatro años antes por el PSOE, VTLP y Sí se puede ante la Fiscalia, por posibles delitos de malversación, falsedad documental y prevaricación. Denuncia que fue archivada en 2021 por el Juzgado de Instrucción nº 4, al considerar que no existía malversación ni falsedad documental y que la prevaricación había prescrito.

Un año después el tribunal estimó parcialmente el recurso presentado por Ecologistas en Acción y VTLP, al considerar que no quedaba extinguida la responsabilidad por el delito de prevaricación y en mayo del pasado año el magistrado instructor daba traslado a la Audiencia Provincial del expediente para dar paso a la vista oral, fijada para este lunes

Los hechos se remontan al año 2006, cuando la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid (Sodeva), una empresa pública dependiente de la Diputación creada para la dinamización económica de los municipios de la provincia, planteó la apertura de un centro de deportes de invierno, con una pista de 'ski' y 'snowboard' sintéticas. En enero de ese mismo año ya se había contratado a una empresa para la promoción del centro en FITUR y un mes después se contrató a la misma empresa para evaluar la idoneidad de los terrenos disponibles en la provincia, tal y como recoge el escrito de calificación de la Fiscalía.

El estudio resultante planteaba la realización de dos pistas en Villavieja del Cerro, pedanía de Tordesillas. Una de menores dimensiones para principiantes -30 por 20 metros cuadrados- y una segunda para usuarios avanzados -250 por 30 metros cuadrados- con un coste cercano a los cinco millones de euros. Tras la aprobación de la redacción del proyecto de ejecución, el presupuesto inicial se fijó en 4.060.000 millones de euros. El proyecto fue adjudicado en el mes de junio a la empresa Corsan-Corviam, que presentó un proyecto de una pista principal de 225 metros de largo por 26 de ancho y una para principiantes de 40 metros de largo por 20 de ancho.

Con el proyecto ya adjudicado y redactado y a instancias del entonces presidente del Consejo de Administración de Sodeva, Alfonso Centeno, se propuso reconsiderar la opción de longitud y superficie elegidas para el complejo, solicitando una nueva oferta a la contratista para levantar una pista de 9.600 metros, con una longitud mínima de 280 metros más otra pista de 900 metros, incrementando el coste hasta los 7.498.962,74 euros.

Decisión que llegaría tras un viaje en el mes de julio a Inglaterra para visitar las instalaciones de varias pistas de esquí en seco, que plantearía dudas sobre los materiales y las dimensiones escogidas, sin mediar ningún informe que justificara la necesidad de tales modificaciones. Días antes de que el consejo de administración aprobara la nueva propuesta, la constructora ya había efectuado un «primer pago de 355.000 euros» por los nuevos materiales.

Las obras, que dieron comienzo en julio con los trabajos para la adecuación del terreno «pero sin ajustarse al proyecto inicialmente ofertado y adjudicado», según apunta acusación pública, fueron paralizadas cautelarmente en noviembre por el Ayuntamiento de Tordesillas tras las alegaciones presentadas al proyecto por Ecologistas en Acción y reanudadas en enero de 2007. Pero los problemas con los permisos de construcción «dado que la licencia urbanística fue concedida para la pista de esquí del proyecto inicial», tuvieron como resultado la apertura de un procedimiento en el Juzgado Contencioso Administrativo nº2 de Valladolid.

A pesar de ello, en el verano del 2007 ya se habían ejecutado el 92,9% de las obras, según lo certificado por el estudio de arquitectura mediante un informe en el que solicitaba un nuevo incremento del presupuesto «para el mejor funcionamiento de la instalación». Y con la obra ya casi terminada, en septiembre de 2007, el Juzgado Contencioso Administrativo dictaba un auto en el que ordena la paralización cautelar de las obras ante los referidos problemas con la licencia.

Pese a ello en noviembre de 2007 se acuerda ampliar nuevamente el coste del proyecto, superando los 10 millones de euros. Entonces el director de arquitectura de la entidad, emitió un informe en el que ratificaba la existencia del exceso presupuestario, que achacó a la incorporación de elementos de última hora, como una tirolina, un mirador, señalización e iluminación de la pista, entre otros.

A principios de 2009, con la segunda ampliación prácticamente ejecutada, la sentencia del contencioso administrativo, ratificada en abril de 2010, revocó la concesión de la licencia y la autorización del uso del suelo. Tras el revés judicial y en un intento por salvar las obras acometidas, las Cortes de Castilla y León declararon Proyecto Regional el Complejo de Ocio y Aventura Meseta-Ski, una maniobra que anularía cuatro años después el Tribunal Constitucional, en octubre de 2014