Valladolid

El arquitecto de Meseta Ski reconoce que las obras se iniciaron «alejadas» del proyecto aprobado

Santiago González, el director de obra de Meseta Ski, ha explicado que tras los viajes a Inglaterra y Francia, que tuvieron lugar en julio y septiembre de 2006 a «instancias» de Corsan-Corviam, la empresa adjudicataria para la construcción de las pistas de esquí, se inició la elaboración de un «segundo proyecto» y que las obras se ejecutaron «alejadas del inicial». Todo ello a pesar de que la licencia concedida en enero de 2007 autorizaba la construcción de las pistas de esquí en base a la primera documentación aportada, en la que se definía un complejo que costaría cuatro millones de euros y que se disparó hasta los doce, a pesar de estar en el punto de mira de la justicia, que acabó declarando la ilegalidad del centro deportivo y ordenando su desmantelación.

González, que ha comparecido en calidad de testigo tras su desimputación durante la tercera sesión del juicio por prevaricación en la construcción del macrocomplejo deportivo, ha explicado, a preguntas de la fiscal, que tras los dos viajes, en los que se reunieron con «personal técnico» encargado del mantenimiento de las pistas, además de escoger el nuevo material con el que se justificó la ampliación inicial del presupuesto, se tomó de referencia el modelo de explotación de las pistas galas.

Estas les resultaron «muy interesantes» ya que incorporaban «otro tipo de elementos complementarios como las pistas de snow que no estaban en el proyecto inicial». Elementos que acabaron incorporándose al proyecto refundido que Sodeva aprobó en marzo de 2008, a pesar de que en septiembre de 2007 la justicia había ordenado la paralización cautelar de las obras.

Unas modificaciones que se adoptaron por la dirección de obra, tras trasladar su conformidad la «propietaria» -como ha definido a Sodeva- pese a que consideró el material Domo contemplado en el proyecto inicial que elaboró en base a las características y al montante establecido en el pliego de adjudicación, era «adecuado» para las pistas de esquí que se habían planteado. González ha explicado también que durante la elaboración de ese primer proyecto contó con el asesoramiento de una consultoría suiza especializada en la construcción de este tipo de instalaciones.

Así las cosas en julio de 2006 se iniciaron las obras con una licencia básica concedida por el Ayuntamiento de Tordesillas para la adaptación de los terrenos. Estos primero trabajos llegaron a paralizarse tras notificar la Policía Local de Tordesillas que las obras que se estaban ejecutando excedían de lo autorizado, tal y como explicó el pasado martes el ex regidor de la localidad en aquellos años. Sobre este aspecto González, que se ha desmarcado sobre posibles responsabilidades en la gestión irregular, ha reconocido que los trabajos se fueron «reconduciendo hacia la nueva pista» una vez aprobada el acta de replanteo ese mismo mes.

También han comparecido tres consejeros que votaron a favor del proyecto y de los posteriores refundidos, designados dos de ellos por el PP y uno a propuesta de la Agencia de Desarrollo Económico, dependiente de la Junta de Castilla y León, que a preguntas de las defensas han defendido la legalidad del proyecto. Francisco Javier Calvo, que formó parte del Consejo de Administración de la mercantil hasta 2007 ha asegurado que aprobó el proyecto por «confianza en los técnicos y en los directivos», a pesar de que no recuerda si les presentaron un estudio empresarial, pero sí que «se hicieron números» para saber el valor de lo que se iba a construir.

En misma línea se ha pronunciado el exregidor de Zaratán, que ha justificado que todas las decisiones tomadas en el Consejo de Administración, favorables a la modificación del proyecto, se tomarían, a su entender en aquel momento, en que eran necesarias para «intentar salvar» un proyecto que nació con muchas piedras, tras ser preguntado por lo aprobado en el consejo de noviembre de 2006, en el que se dio el visto bueno a aumentar el presupuesto en un 80% para modificar el material y las dimensiones, pasando de cuatro a más de siete millones.

Por su parte Javier Cid Gil, que en aquel momento fue designado consejero de Sodeva en representación de la Agencia de Desarrollo Económico, dependiente de la Junta, ha respaldado que todas las decisiones que se tomaron estaban debidamente informadas, dado que «en general» se les «remitió la documentación» de los asuntos que iban a tratar antes de las reuniones y que siempre «votó libremente». También ha respaldado, a preguntas de la Fiscal, la elección de los terrenos en Villavieja del Cerro, ya que, las pistas requerían un «determinado nivel de inclinación» y la elección del proyecto y sus posteriores modificaciones, que parecieron «correctas» y «justificadas» tras ser sometidas a «diferentes análisis», que no recuerda si quedaron plasmados en informes técnicos.

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