El expresidente de Asaja Valladolid declara desde prisión sobre la compra de sedes que se pagaron con fondos públicos

Rodríguez, que cumple condena por estafa en la cárcel de Dueñas, lo hizo a través de videoconferencia, mientras que quien fue su mano derecha en la organización, compareció en persona, al igual que quien fuera el secretario de la cooperativa, que actualmente no tiene actividad pero sigue siendo la propietaria de los locales cuya titularidad reclama la actual directiva de Asaja Valladolid, la arrendataria.

Hora y media estuvo respondiendo Lino Rodríguez a las preguntas, muchas de ellas formuladas por la jueza, y en sus respuestas el exdirigente agrario responsabilizó a Gerardo Rico, su exsocio, quien dimitió y en la actualidad está desvinculado de la organización. Rico aseguró después, durante su declaración, que se había falsificado su firma en actas de asambleas y juntas que nunca se celebraron en la filial, pero que «todo se hacía en buena armonía, por el bien de la organización».

La denuncia sobre los locales de Campo Abierto forma parte de la larga guerra judicial que mantienen en los tribunales miembros de la anterior cúpula de Asaja Valladolid. En este caso, dos socios de Campo Abierto presentaron en julio de 2017 un escrito ante la Fiscalía para que se investigaran las operaciones de compra de los locales que sirven como sede de la organización agraria en Peñafiel, Medina y Rioseco, pero que son propiedad de la cooperativa filial. En su denuncia aseguraban que dichos locales se compraron con fondos públicos que fueron concedidos para cursos de formación. Dicha compra no habría sido acordada por la asamblea de socios ni por parte del consejo rector. Al parecer, la cooperativa, en la fecha de la adquisición de las sedes, no disponía de ingresos económicos para realizar tal operación de compra de los inmuebles. Los locales objeto del litigio se ubican en Peñafiel y las dos Medinas (uno de ellos, embargado por impago de los alquileres).

El primero fue adquirido en 2002 por 120.000 euros y, según los denunciantes, se traspasaron fondos de las cuentas de Yficar, otra filial, que había recibido de la Administración más de 2,1 millones de euros entre 1996 y 2003. También procedía de Yficar el dinero que sirvió para comprar en 1996 el local de Rioseco, 96.000 euros. Para la sede de Medina, que se adquirió en 2012 por 105.000 euros, se suscribió un préstamo de 75.000 euros y el resto se abonó mediante transferencia cargada a la cuenta de la Asociación Remolacheros de Valladolid.

Aunque en principio este procedimiento había recaído en el Juzgado de Instrucción 4, tras inhibirse su titular el asunto finalmente ha sido asumido por la magistrada Soledad Ortega, instructora desde 2013 del caso Asaja, que investiga la supuesta malversación de siete millones de euros en fondos europeos por parte de la dirección de la organización agraria. En la actualidad, el procedimiento está en la Audiencia de Valladolid pendiente de los recursos planteados por los investigados al auto de apertura de juicio oral.