La Fiscalía pide 58 años de cárcel para el acusado del doble crimen de Santovenia

Además, pide indemnizaciones para el acusado, en prisión desde el día de los hechos, por casi 700.000 euros en concepto de daños morales.

Los hechos arrancaron en la noche del 30 de junio de 2022 en el número 8 de la calle Alfredo Martín de Santovenia, donde tuvo lugar una disputa entre vecinos en la que tuvo que intervenir la Guardia Civil de Cabezón de Pisuerga. A la llegada de los agentes, que presenciaron lesiones visibles en Dionisio y su pareja, se disolvió el enfrentamiento inicial.

Los dos heridos fueron trasladados al Hospital Clínico de Valladolid, si bien Dionisio lo abandonó antes de ser atendido junto a su hijo Aitor Alonso.

Sobre las 1:30 horas del 1 de julio, padre e hijo llegaron hasta su vivienda en Santovenia, donde se encontraron con el acusado, quien «con ánimo de acabar con la vida de Dionisio» disparó un fusil previamente cargado y sin posibilidad de defensa sobre el abdomen de la primera víctima. Dionisio Alonso cayó directamente al suelo (los servicios sanitarios certificaron la muerte a las 2:02 horas).

Tras el disparo, 'Chiqui', «también con idéntica intención de acabar con la vida del hijo de Dionisio», le encañonó con el mismo arma. Acción que no pudo completar al conseguir el joven huir por el portal.

A continuación, el acusado entró en su vivienda con el arma para salir instantes después y golpear con la culata del fusil el cuerpo de Dionisio.

Tras los hechos, 'Chiqui' volvió a su vivienda con su arma, atrincherándose en la misma junto a Iván Valbuena. Un hecho que propició la necesidad de más presencia de la Guardia Civil, quien requirió que saliera del domicilio. Se negó, al tiempo que durante las horas que allí se mantuvo tuvo privado de libertad, atado de pies y manos y en algún momento encañonado, a Iván Valbuena, amenazándole con lesionarle gravemente, matarle, y haciendo depender la puesta en libertad de este y su propia entrega o detención de que le llevaran heroína, dinero o un coche.

A las 4:30 horas se requirió apoyo urgente a la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil (UEI) y sobre las 6:45 horas, el acusado, al ser consciente de la presencia de agentes de la autoridad en la puerta de su domicilio, realizó en primer lugar un disparo en el interior de la vivienda y nuevamente, al escuchar a los agentes realizar movimientos al otro lado de la puerta de su vivienda, y «por tanto siendo plenamente consciente de que allí se encontraban, con la intención de causar la muerte a algún agente de la autoridad o asumiendo la probabilidad de que así ocurriera», disparó con el mismo fusil, de forma sorpresiva a través de la puerta de entrada a media altura.

El proyectil disparado alcanzó a Pedro Alfonso Casado en el casco, que formaba parte de su sistema de protección, atravesándolo y causándole la muerte encefálica. Sobre las 14 horas, el acusado se entregó tras liberar al rehén.

El arma empleada era un fusil marca Mauser modelo Oviedo 1916 calibre 7x57 milímetros Mauser, en correcto estado de funcionamiento, número de identificación parcialmente borrado y con correspondiente munición.

La Fiscalía pide por los dos asesinatos 44 años, otros ocho por la tentativa de asesinato de Aitor Alonso, otros cuatro por el secuestro de Iván Valbuena y otros dos por la tenencia ilícita de armas.

La viuda y las dos hijas del guardia civil Pedro Alfonso Casado, por su parte, solicitan una condena global de 84 años de cárcel. Así se recoge en el escrito de calificación provisional que la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc). Además, el abogado que ejerce dicha acusación particular, Francisco Peláez, de PenalTech Abogados, pide una indemnización para las víctimas del delito, esposa e hijas, por el daño moral sufrido y el lucro cesante que asciende a 600.000 euros.