Valladolid

La fiscal del caso Esther López ya pidió prisión provisional para el único sospechoso

La fiscal jefe de Valladolid, Soledad Martín, a quien el juzgado ahora le ha pedido que se pronuncie, ya solicitó la prisión provisional bajo fianza para Óscar S. Fue el 15 de diciembre, cuando el investigado fue citado a declarar en calidad de investigado por la muerte de Esther López. Tras una hora de interrogatorio, la acusación pública pidió el ingreso en la cárcel provisional eludible bajo fianza de 20.000 euros. Y lo argumentó porque «como mínimo e independientemente de la futura calificación» existían indicios que podrían ser ya calificados de homicidio imprudente al conducir bajo los efectos del alcohol, además de un posible delito de omisión de socorro. «La pena puede ser de hasta 4 años de privación de libertad», recalcaba Soledad Martín hace nueve meses.

A pesar de todo, la titular del juzgado no decretó la entrada en prisión de Óscar S. y le dejó en calidad de investigado con medidas cautelares. Situación que se mantiene actualmente. Consideró, tras el interrogatorio del sospechoso, que «no existen motivos para pensar que el investigado pretenda eludir la acción de la justicia».

E incluso, subrayaba en el auto, «aunque ha estado sometido a una gran presión mediática, siempre ha comparecido a los llamamientos policiales y judiciales, ha colaborado en cuantas diligencias se han practicado sin oponer resistencia alguna, facilitado teléfono, correos, coche, llaves del mismo...». Su actitud durante las diligencias y su arraigo «personal, familiar y profesional» fue valorado por Soledad Ortega para descartar la prisión provisional comunicada que habían solicitado todas las acusaciones. Además, como sucede actualmente todavía no está claramente definido el tipo delictivo que se le atribuye dentro de las variantes del homicidio.

La magistrada concluía ese 15 de diciembre que el riesgo de fuga «se puede conjurar con otras medidas menos drásticas e igualmente eficaces, como la comparecencia apud-acta, todos los lunes en las dependencias de la Guardia Civil más cercanas a su domicilio y la prohibición de salida de territorio nacional, la retirada del pasaporte o prohibición de expedición de uno nuevo».

También entendía que no era necesario imponerle una fianza «por un mínimo importe que carece de efecto disuasorio», en relación a la petición de la Fiscalía para que se le impusiera prisión soslayable con 20.000 euros de multa.

Nueve meses después, en su último día, la titular del juzgado ha acordado dar trámite a la Fiscalía para que se pronuncie, mientras que el testigo del procedimiento, en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, lo recoge Teresa Mangas.