Valladolid prevé 50 multas diarias por entrar en la Zona de Bajas Emisiones

La concejala delegada de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Sánchez, explica que esas cifras «son una estimación que ha hecho el Instituto de Movilidad a petición nuestra porque nosotros entendíamos que en la memoria técnica tenía que ir un estudio de alguien reconocido». ¿Y cómo se ha llegado a la conclusión de que esas cifras pueden convertirse en realidad en 2024? María Sánchez lo explica así: «Se ha hecho un cálculo en comparación con otras ciudades que nos llevan la delantera, que son Madrid y Barcelona. Había que poner una estimación y se ha estimado que 40 y 50 multas pueden ser los escenarios», indica la edil, que piensa que, pese a lo reflejado en el estudio, «Valladolid es una ciudad más manejable y más cómoda que Madrid o Barcelona y lo mismo aquí no sucede algo parecido. Veremos a ver qué pasa. Lo mismo en los primeros seis meses decimos que son menos o más», señaló Sánchez.

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La reforma de la Ley de Tráfico, que entró en vigor el 21 de marzo de 2022, establece que no respetar las Zonas de Bajas Emisiones y acceder a ellas con un vehículo que no está autorizado supone una multa de 200 euros, 100 pronto pago. El estudio anteriormente citado se basa en una media de 150 euros por multa (cantidad mediana recomendada en las directrices para la implantación de las ZBE) y esos datos llevan al Instituto de Movilidad a esa estimación de ingresos anuales de 2,25 millones de euros. En este sentido, María Sánchez quiso recodar que «las sanciones son las que marca la DGT. Los Ayuntamientos no tenemos potestad para poner una cantidad u otra a la cuantía».

El Ayuntamiento de Valladolid iniciará en los próximos meses la instalación de las cámaras que controlarán el acceso de vehículos a la Zona de Bajas Emisiones a través de sus matrículas para determinar con qué etiqueta ambiental cuentan. Ya está adjudicado el proyecto de instalación de las cámaras, englobado dentro de los Fondos de Recuperación y Resiliencia, y el Ayuntamiento se está encargando de negociar con la empresa del calendario de actuación. Aún no hay una fecha fijada para la instalación de estas cámaras, aunque todo el sistema para controlar los accesos deberá estar disponible en el último trimestre del año, momento en el que Consistorio quiere emprender un proceso de prueba y concienciación. «Vamos a estar entre dos y tres meses avisando a la población cuando estén las cámaras puestas. Si entras en la zona con un vehículo no autorizado en ese momento inicial, se te va avisar y no se te va a sancionar. Entendemos que en esa campaña previa, en la cual no se sanciona, las personas que puedan estar un poco despistadas van a conocer cómo funciona el sistema y no van a tener sanción», incide la concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

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«Esto no nos va a pasar una factura electoral»

Son muchos los vecinos que se van a ver afectados por las restricciones a los vehículos en el centro de la ciudad y la concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, augura que ni las medidas que se van a aplicar ni el hecho de doblar la superficie prevista de manera inicial para la Zona de Bajas Emisiones van a tener consecuencias en las elecciones de mayo.

«Esto no nos va a pasar una factura electoral», afirma María Sánchez, que para llegar a esa conclusión se basa en lo sucedido en la anterior cita con las urnas. «Pusimos en marcha el Plan de Emergencia de la contaminación en 2017. Entramos a gobernar en 2015 y eso no supuso un problema electoral en 2019, cuando la ley no era tan clara para exhortar a los municipios a este tipo de planes», añade para centrarse luego en los beneficios de la medida y en su obligatoriedad. «Cuando estamos hablando de salud, la ciudadanía cada vez es más consciente de que los políticos no estamos aquí para estar cómodos y mirar hacia otro lado. Además, la Ley de Cambio Climático obliga a las ciudades mayores de 50.000 habitantes a hacerlo y el problema lo van a tener los partidos que no tengan un plan para esto, que viene de Europa», concluye.

Desde el Ayuntamiento se confía en que el periodo de prueba inicial establecido ayude a rebajar el número de sanciones. «Comenzaremos a multar el 1 de enero del próximo año, pero antes vamos a avisar. Creemos que esto puede hacer que no haya tantas multas. Lo estamos viendo en otras cuestiones», hace hincapié la edil.

La ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones está en la actualidad en fase de exposición pública y, por el momento, las alegaciones presentadas ascienden aproximadamente a una decena. «Muchas veces la gente lo suele dejar para el final y el plazo acaba el 13 de abril. Así que habrá bastantes más alegaciones de las que tenemos ahora», explica María Sánchez, quien no oculta que un asunto como este, que afecta a un gran número de personas, suscita controversia y, por lo tanto, se espera que el número de alegaciones cuando finalice el plazo sea «elevado».

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Las casuísticas de las personas a las que va a afectar la implantación de restricciones para acceder al centro son de lo más variado y algunos de los que tendrán más complicaciones con el nuevo modelo son aquellos que residen fuera de la ciudad y tienen que ir a trabajar a diario al centro. Esas personas, si no están incluidas dentro de las exenciones de la ordenanza y no quieren dejar todos los días su coche en un parking autorizado, tendrán que acudir a Valladolid en su vehículo para aparcar después fuera del perímetro de la Zona de Bajas Emisiones y acceder en un medio limpio al centro. «Actualmente se tienen siete aparcamientos disuasorios. Hay un estudio en el que se señala que nunca están llenos. Es muy utilizado el de la Feria de Muestras y, a partir de dos personas, es gratuito. También hay otros proyectos en la calle de Boston o la ampliación de Isabel la Católica y en otros lugares para poder dejar el vehículo y coger después un autobús o una bicicleta que te lleve a tu lugar de destino. La clave es la intermodalidad», explica María Sánchez, que cree que los protagonistas de estos casos no utilizan las plazas de la ORA. «Los trabajadores no están bajando cada dos por tres a cambiar el ticket y entendemos que el impacto va a ser menor. Habrá gente que tenga dificultades, pero se están dando alternativas», añade.

La última estadística de la DGT, del año 2021, situaba el número total de vehículos empadronados en la ciudad en 136.924. De ellos, 39.613 carecían, por su antigüedad, de distintivo ambiental, lo que supone casi el 29% del total. Sin embargo, solo 27.500 están en uso, según acotó en su momento el Ayuntamiento, lo que deja el porcentaje en el 20%.

Los siguientes en la lista serán los coches y furgonetas con el distintivo B. Con esta etiqueta hay en la ciudad 45.185 vehículos, que 1 de enero de 2025 tendrán vetada su entrada al centro de Valladolid. Un lustro después, en 2030, se sumarán los que ahora tienen la etiqueta C, que suman 51.211. Ese 1 de enero solo podrán circular sin restricciones los coches 'eco' y cero emisiones, de los que en la capital había matriculados el año pasado tan solo 915 turismos y furgonetas, lo que supone el 0,6% del parque móvil en la capital.

La ordenanza recoge los casos en los que sí se podrá acceder al centro independientemente de la calificación ambiental del automóvil. Los empadronados dentro de la zona no tendrán ninguna restricción de entrada y también se podrá acceder para ir a un taller dentro del perímetro, para aparcar en una plaza privada o pública de un estacionamiento, para acudir a urgencias, citas médicas o clínicas veterinarias. Los clientes de hoteles y otro tipo de alojamientos también podrán circular por el área.

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EL NORTE

Los conductores con rentas más bajas también podrán seguir circulando con sus vehículos, a pesar de que no cuenten con etiqueta ambiental. Los ingresos se fijan en 10.920 euros al año en el caso de que se trate de una persona y en 17.640 euros si es una familia. Los que declaren estas cantidades o menos podrán seguir circulando con sus coches, aunque sean diésel anteriores a 2006 o de gasolina fabricados antes del 2000, los más contaminantes.