Valladolid

El Ayuntamiento plantea rebajar a un tercio la zona de bajas emisiones

La idea que baraja el actual es que la zona de bajas emisiones cuente con poco más de un kilómetro cuadrado, tal y como adelanta el concejal de Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca. «Lo que dice el reglamento y la Ley es que para tener en cuenta la zona de bajas emisiones debe haber un instrumento adecuado, que es el Plan de Movilidad Urbana. En el Plan Integral de Movilidad Urbana, Sostenible y Segura de la Ciudad de Valladolid (Pimussva) ya se recogía una propuesta de zona de bajas emisiones y en ese entorno es en el que va a estar. Ahora, necesitamos que los informes técnicos reafirmen que esa es la mejor opción», explica el edil.

La propuesta de ZBE que se refleja en el Pimussva y que pretende llevar a la realidad el Ayuntamiento, si da luz verde el equipo técnico, cuenta con 1,08 kilómetros cuadrados, frente a los 3,1 kilómetros cuadrados de la propuesta diseñada en el anterior mandato (quedaba marcada por las calles Puente Mayor-Juana de Castilla, Arzobispo José Delicado, Paseo del Hospital Militar, Paseo de Arco de Ladrillo, Santa Fe, Farnesio, túnel de Labradores, calle de la Vía, Unión, Nicasio Pérez, plaza de San Juan, Huelgas, Real de Burgos, Chancillería, Gondomar, Rondilla de Santa Teresa, Mirabel, plaza de San Nicolás y Puente Mayor).

«Dentro de lo que es el Plan Integral de Movilidad Urbana, Sostenible y Segura de la Ciudad de Valladolid, que aprobó el anterior equipo de gobierno, se establece esa posible zona de bajas emisiones y es con lo que vamos a trabajar, con el instrumento que tenemos, independientemente de que en el futuro se haga otro Plan Integral de Movilidad y otros estudios. De forma inmediata, cuando finalice el plazo de sugerencias para la aprobación inicial de la ordenanza, tenemos que concretar ya las calles que recogen la zona de bajas emisiones», recalca Alberto Gutiérrez Alberca.

Mucho es el trabajo que hay por delante para que la zona de bajas emisiones se empiece a implantar en Valladolid. El plazo de consulta pública finaliza el viernes 15 de septiembre. A cuatro semanas de que concluya, se han presentado 49 consultas, aunque el concejal espera que el número de escritos se multiplique a partir de ahora. «Sabemos por otros procesos que la mayoría de la gente suele esperar a última hora para presentar estas consultas», explica el edil, quien indica que una vez que acabe ese periodo consultivo habrá que definir de forma concreta la propuesta final de la zona de bajas emisiones. «Cuando acabe el plazo tenemos que aprobar una ordenanza y ahí será donde se haga la definición de la zona, que tiene que ir con los informes técnicos correspondientes. Lo que podemos decir es que hay una normativa de la que nos podemos escapar: la Ley de Cambio Climático y el reglamento de las zonas de bajas emisiones», añade.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética lo deja bien claro. Antes de 2023, todos los municipios de más de 50.000 habitantes, así como los territorios insulares en España, debían establecer una zona de bajas emisiones, pero han pasado ya casi nueve meses de año y este delicado asunto ha vuelto a la casilla de salida en Valladolid tras el cambio del equipo de gobierno. El proceso para implantar la ZBE en la capital vallisoletana se va a dilatar en el tiempo y Gutiérrez Alberca mira al PSOE y a VTLP a la hora de hablar de incumplimiento de plazos. «El plazo lo ha incumplido el anterior equipo de gobierno porque pensaron que electoralmente les venía mejor aprobarlo en el segundo semestre del año. Nosotros no tenemos ese condicionamiento temporal porque ya estaba incumplida esa fecha», asegura el concejal de Movilidad, quien se fija en el resto de ciudades del país. «¿Cuántas ciudades de España han aprobado su zona de bajas emisiones en este momento y cuántas las aprobarán antes de que termine el año? Muy poquitas y del tamaño de Valladolid, ninguna. Estamos en la misma línea que el resto de ciudades. No nos preocupan los plazos», zanja Gutiérrez Alberca un instante antes de corregirse a sí mismo e indicar que sí, que hay un plazo que preocupa en el Ayuntamiento respecto a este tema. «El único plazo en el que estamos condicionados es por una contratación con fondos europeos del sistema de cableado y cámaras, pero seguiremos con ese tema en el momento en el que se haga la aprobación inicial de la ordenanza», afirma.