Los intentos de traslado del Archivo de Simancas, la polémica más repetida en Valladolid

«El Archivo de Simancas, en Simancas». Así de tajante se pronunció Narciso Alonso Cortés, en un artículo publicado en El Norte de Castilla el día 20 de octubre de 1922. Alonso Cortés no solo era ya considerado un sólido erudito entre las instituciones vallisoletanas, sino una voz prestigiosa en el ámbito nacional.

Este pronunciamiento venía a cuento porque una nueva intriga procedente de Madrid estaba tratando de llevarse a la capital de España los fondos del histórico archivo simanquino y, aunque tal atropello encontró en Valladolid apoyo en algún burócrata, un buen número de reconocidas personalidades se negó. Incluso el Ayuntamiento de Valladolid, en el pleno que celebró el 3 de noviembre de ese año, aprobó por unanimidad oponerse terminantemente al traslado, «pues constituiría un manifiesto despojo que la Corporación debe evitar».

Todavía se recordaban dos episodios recientes: en 1914 sacaron del Archivo la documentación de la Inquisición y tres años después se conoció un intento de vaciarlo prácticamente, a propuesta de la Junta Facultativa del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, que pedían sacar del Archivo prácticamente toda su documentación sobre la historia de España. Pero la oposición vallisoletana fue de tal calibre que se cerró el asunto.

Volviendo a 1922, el rector Calixto Valverde, el diputado Felipe Crespo de Lara, el poderoso empresario y político vallisoletano Francisco Zorrilla Arroyo, el influyente terrateniente y diputado en Cortes Julio Pimentel Alonso-Pesquera, el archivero y bibliotecario del Ayuntamiento de Valladolid Adolfo García Olmedo, el director de la Escuela de Comercio Adolfo Delibes y otros alzaron su voz oponiéndose a lo que consideraban «un atropello, una iniquidad, no con nosotros, los castellanos, sino con los propios documentos, con nuestra historia».

Ricardo Martín Llorente, secretario del Archivo de Simancas, publica el 3 de noviembre una larga carta defendiendo el traslado. Entre sus argumentos, indica que Simancas no es un archivo General de Castilla, sino General de España; que Simancas está incomunicada y que no tiene donde se puedan albergar los investigadores; que los facultativos que sacan plaza en el Archivo trabajan sin fe porque buscan otra plaza mejor; y que la clasificación de los legajos está como hace cincuenta años.

Rápidamente se pronuncia el jefe interino del Archivo, Mariano Alcocer, que califica de falsedades lo escrito por Martín Llorente, «pues no es verdad que los índices estén como hace cincuenta años». Y para demostrar lo contrario relata de forma extractada los numerosos trabajos de catalogación realizados en los últimos años, «y, además el señor Llorente silencia que hace ocho días trajeron una nueva caja de índices que mandé construir para dar debida colocación a 8.320 papeletas relativas a los más diversos asuntos». Termina ensalzando el buen hacer y amor al trabajo de los archiveros de Simancas.

El Norte de Castilla también toma partido, y escribe que «los verdaderos motivos que impulsan la campaña, antigua y tenaz en pro del traslado se reducen a dos: el interés particular de algunos, no todos, los archiveros, y la conveniencia de algunos eruditos madrileños, a los que resulta más cómodo que los legajos y los documentos vayan a buscarlos a ellos en vez de venir ellos al Archivo a hacer sus investigaciones».

En prácticamente todos los artículos y cartas al director se habla del «aislamiento» y lo mal comunicada que está la villa de Simancas. Asunto que algunos de los críticos con el traslado indican que es fácilmente solucionable con prolongar la línea de tranvía de la Rubia hasta Simancas.

Curioso y viejo tema lo del tranvía. El archivero del Ayuntamiento de Valladolid, García Olmedo, recordó que cuando el influyente político Segismundo Moret (fallecido en 1913) visitó ese año -o el anterior- el Archivo, se ofreció a resolver la construcción del tranvía, pero que su muerte hizo que el tema se olvidara. Moret fue ministro en varias carteras, presidente del Consejo de Ministros y presidente del Congreso en su dilatada vida política.

Aquel ofrecimiento tenía un precedente. El vallisoletano Benigno de la Vega-Inclán, comisario Regio de Turismo, intentó crear en Valladolid en 1911 una oficina de turismo y establecer una línea de tranvía eléctrico que uniera la capital del Pisuerga con el municipio de Simancas, al que se consideraba un lugar muy atractivo para los turistas de aquella época. Para ello, el 15 de octubre de ese año se reunió en el Gobierno Civil de Valladolid con el señor gobernador Ruíz Díaz, el alcalde Aguirre y con Francisco Zorrilla, gerente de la Sociedad de Tranvías de Valladolid, con los que trató el proyecto del tranvía a Simancas.

Varios años después de amainada la polémica de 1922, el 26 de julio de 1925, en primera página de El Norte de Castilla, se inserta un artículo que incide en los «dos problemas» del Archivo: «Aparte de los zarpazos del centralismo, dos problemas capitales han de resolverse: locomoción y hospedaje. ¿Cómo trasladarse a Simancas los investigadores? ¿Dónde han de hospedarse mientras dure su estancia en el pueblo?».

Estaba claro que el «asunto» del Archivo de Simancas se parecía a los famosos ojos del Guadiana: aparecía y desaparecía de tiempo en tiempo.

Y de nuevo, en 1942, en plena posguerra, se suscita de nuevo con una fuerza tremenda. El rector de la Universidad de Valladolid, Cayetano Mergelina, se dirige por carta oficial el 16 de noviembre de ese año al Ayuntamiento –parece que también a la Diputación- proponiendo a ambas administraciones que se construya un edificio en Valladolid para albergar el Archivo de Simancas, e incluso adjunta unos planos sobre dónde levantarlo: la prolongación del paseo de las Moreras, junto al Colegio Mayor Universitario, considerando que con esta propuesta se conjugarían definitivamente los peligros del Archivo: que se lo lleven fuera de la provincia, dotar al Archivo de una organización definitiva, asegurar la mejor custodia de los documentos y, añade, que el Ministerio de Educación Nacional está dispuesto a patrocinarlo.

El Ayuntamiento y la Diputación acogieron la idea con la mayor simpatía y ambas instituciones estaban dispuestas a colaborar incluso económicamente. De hecho, el Ayuntamiento, una vez que la idea se abrió paso en el Gobierno de España, llegó a consignar presupuesto para tal fin en 1945.

Mas, aquel nuevo intento de sacar el Archivo de Simancas, desapareció sin mayores explicaciones. Una buena noticia contribuyó a disolver las dudas de mover o no el Archivo: el 17 de julio de 1955 el ministro de Educación Nacional Sr. Ruíz- Giménez y dieciocho embajadores, entre otras autoridades, inauguraron la residencia para investigadores, construida muy cerca del castillo: «una realización de gran trascendencia dentro de los medios culturales españoles y aún del mundo, pues de todos los países llegan investigadores al Archivo de Simancas», dijo el ministro.

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