San Gregorio, al borde de acabar calcinado

Lo descubrió una de las señoras de la limpieza al comenzar su jornada laboral. Eran las siete de la mañana. Un intenso olor a quemado la alertó del peligro. El fuego la sorprendió nada más abrir una de las puertas del pasillo central. Estaba devorando la sala donde se encontraban las oficinas de Tesorería. Nadie pudo escuchar sus voces de auxilio porque los empleados residían en el extremo opuesto del edificio. Tuvo que correr hacia allá para avisarles. Era el 2 de marzo de 1923, hace ahora cien años.

Los bomberos llegaron a las siete y media. Colocaron la bomba y la cuba-automóvil en la Plaza de Capitanía, frente a la iglesia de San Pablo, y tendieron las mangas por el pasadizo que daba entrada al convento de los religiosos dominicos. Numerosos vallisoletanos, alertados por el ruido, se acercaron a las inmediaciones de San Gregorio. Todos se temían lo peor, pues el fuerte viento avivaba el fuego y amenazaba con extenderlo al patio del Colegio. Era urgente ponerlo a salvo.

Para ello, el arquitecto municipal, Juan Agapito y Revilla, que había acudido raudo al lugar del siniestro junto al alcalde, Isidoro de la Villa, el concejal Cossío y el gobernador Leopoldo Cortinas, ordenó a los bomberos derribar la parte del edificio que tocaba con el Colegio para, a base de pico y pala, crear un cortafuegos. El esfuerzo fue ímprobo, pero logró aislar la zona que ardía del patio central. Toda la ayuda era poca. Por eso fue providencial la llegada de las tropas de infantería del Regimiento Isabel II, al mando del teniente Ribera, y de la Guardia Civil, que enseguida procedió a custodiar los patios y las salidas.

El fuego convirtió en escombros todas las dependencias de Hacienda, dejando solo en pie las paredes. Devoró toda la documentación de la Abogacía del Estado (escrituras de compra y venta, apoderamientos, herencias, etc.), incluidos una caja con dinero y los libramientos para pagar el sueldo a los abogados del Estado que no habían cobrado, también la documentación de la Tesorería de Hacienda y todo el contenido de la Habilitación y de la Administración de Contribuciones. Gracias a la labor del ordenanza Andrés Redondo pudo salvarse el libro general de expedientes y algunos documentos muy importantes de la Inspección de Hacienda, mientras que el arrojo de Florentín Quemada, del delegado García Bajo y del interventor Blanco fue decisivo para librar del fuego casi todo el contenido de la Intervención de Hacienda.

El fuego, que no pudo ser totalmente controlado hasta las nueve de la noche, momento en el que hubo que sofocar el último conato de incendio, no se cobró vida alguna pero puso en jaque la del bombero Gaspar Rodríguez Muñoz, de 27 años, al destruir la cornisa en la que se apoyaba para cortar una viga incendiada. Trasladado por la Cruz Roja al Hospital de Esgueva, permaneció dos horas sin sentido. Aunque no se detallaron las causas del siniestro, algunos periódicos culparon a una chispa de la chimenea que habría caído sobre un montón de papeles.

«Maravillas como el viejo colegio de San Gregorio, no pueden servir de alojamiento a los servicios públicos. Busque el Estado albergue adecuado para sus establecimientos oficiales, y dé a los monumentos el trato que merecen. Lo requiere así el respeto debido al arto, del que el Estado tiene que ser protector y no explotador ni usufructuario, que por una mala entendida economía ponga en riesgo de destrucción los tesoros de muestra arquitectura y nuestra historia», denunciaba El Norte de Castilla.

Al día siguiente, 3 de marzo de 1923, se procedió a trasladar la oficina de la Abogacía del Estado a las dependencias del Gobierno Civil, situadas en el Palacio Villena, y el resto al Salón de Quintas de la Casa Consistorial. El día 15 se hacía pública la adjudicación a Andrés Martín del arrendamiento de las nuevas oficinas de Hacienda, que el 14 de mayo quedarían instaladas en su inmueble de la Plaza de la Libertad por 29.000 pesetas anuales. Siete años más tarde comenzaba la construcción del edificio de la Plaza de Madrid, obra del arquitecto Manuel Cuadrillero, inaugurado el 14 de abril de 1933 y sede de la Delegación de Hacienda hasta octubre de 2014.