El alcalde que alentó la rebelión de Burgos contra Castilla y León

Ha sido el alcalde de Burgos que más tiempo ha permanecido en el cargo y el responsable, en gran medida, del gran desarrollo industrial de la ciudad y la provincia. Pero también ha pasado a la historia por alentar la movilización burgalesista más dura contra la configuración actual de la Comunidad Autónoma. José María Peña San Martín, fallecido el martes, 23 de julio, a los 86 años, dio su gran salto profesional cuando fue nombrado gerente del Polo de Promoción Industrial de Burgos en sustitución del mallorquín José de Fortuny. Era diciembre de 1966 y tenía tan solo 29 años.

Nacido en 1937 en el pueblo burgalés de La Nuez de Abajo, se había licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y llevaba tiempo trabajando en la Comisaría del Plan de Desarrollo, dependiente del Ministerio de Industria. A su buena gestión se achaca, de hecho, el despegue industrial de Burgos en los años 60 y 70, que se materializaría con la creación de cerca de un centenar de empresas y una inversión superior a los 19.000 millones de pesetas.

Pero José María Peña ha pasado también a la historia por dos hitos políticos muy relevantes: sus trece años como alcalde de Burgos y su reacción contra la configuración actual de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. En efecto, su mandato edilicio se extendió entre 1979 y 1992, primero bajo las siglas de la Unión de Centro Democrático (UCD), luego (1983) bajo el paraguas de la coalición AP-PDP-UL, en 1987 como líder de Solución Independiente, y en 1991 como independiente dentro del PP. Al año siguiente, sin embargo, una condena judicial por el «caso de la construcción» lo inhabilitó durante doce años, más siete de suspensión de cargo público, por un delito de prevaricación continuada. Su última aventura política, ya como concejal, transcurrió entre 2003 y 2011.

Fue durante su primer mandato al frente del Consistorio burgalés cuando reactivó un burgalesismo contrario a Valladolid y, por ende, al proyecto autonómico en ciernes. Todo comenzó cuando en mayo de 1981, la UCD, en su proyecto de Estatuto, decidió ubicar en Tordesillas la capital de la autonomía. Dicho proyecto sería aprobado en Salamanca el 27 de junio de ese mismo año. La noticia no fue bien recibida en Burgos, en cuyo Palacio de la Isla se había instalado desde 1978 la sede del Consejo General de Castilla y León, antecedente directo de la Junta. Peña y José María Codón, también de UCD, reaccionaron creando la llamada Junta pro Burgos Cabeza de Castilla, que, en última instancia, proponía crear una Comunidad Autónoma que abarcara exclusivamente las provincias de Castilla la Vieja y que tuviera su sede en la capital burgalesa.

La entidad burgalesista atrajo a muchos ciudadanos, organizaciones de todo tipo y a miembros destacados de AP y UCD, y convocó movilizaciones ciudadanas, en ocasiones tan masivas, como la que el 26 de junio de 1981 reunió a 20.000 manifestantes por las calles de Burgos. También consiguió que el Ayuntamiento de Villadiego, presidido por el centrista Agustín de la Sierra, anulara, el 5 de mayo de 1982, su anterior acuerdo de adhesión a la iniciativa autonómica, actitud que fue secundada por el Ayuntamiento de Humada y, posteriormente, por otros 19 consistorios. Sólo la intervención del presidente del Consejo General, el burgalés José Manuel García-Verdugo, pudo contener el problema. Aun así, en enero de 1983, la Junta burgalesa promovió una amplia manifestación solicitando al Gobierno y a las Cortes españolas la reconstrucción de una autonomía castellana con las seis provincias de Ávila, Burgos, Logroño, Santander, Segovia y Soria; Valladolid quedaría fuera y Palencia podría incorporarse «si se sentía castellana».

Las acusaciones de «centralismo castellano» proferidas contra Valladolid fueron en aumento, sobre todo cuando el primer ejecutivo autonómico, presidido por el socialista Demetrio Madrid, decidió ubicar en la capital vallisoletana la sede de la Junta y en el castillo de Fuensaldaña, de manera provisional, las Cortes regionales. El acuerdo fue recurrido entonces por las autoridades locales burgalesas, parlamentarios de Alianza Popular y Junta pro-Burgos, siendo desestimado primero por la Audiencia Territorial de Burgos (1985) y, definitivamente, en 1988, por el Tribunal Supremo.

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