Valladolid

El edificio de la Electra tiene un comprador interesado en construir apartamentos para mayores

La compra del inmueble supondrá el final de una historia de varios proyectos que han intentado revitalizar el edificio durante las últimas dos décadas. La última fase del relato comenzó en mayo de 2022, cuando la construcción salió al mercado inmobiliario comercializada por Solvia. Desde entonces, dos carteles de la agencia inmobiliaria han adornado la fachada principal del inmueble. Anuncios que, a pesar de la futura venta, todavía permanecen colocados y que animan a comprar el edificio para «construir aquí tus proyectos».

Desde la agencia inmobiliaria Solvia confirman que, efectivamente, el inmueble «se ha vendido» y que en estos momentos existe una reserva que permanece a la espera de firmar y que se concretó hace unas semanas. En la página web de la inmobiliaria, no hay rastro del anuncio de venta del edificio de la Electra Popular Vallisoletana, que sí había estado disponible previamente y donde se vendía por un precio «a consultar». De momento, no ha trascendido el coste de la operación.

La venta del inmueble llega cuatro años después de la inclusión del edificio en la Lista Roja de Hispania Nostra, donde entró en 2019 debido a su «ruina progresiva», como explican desde el portal. Unas calificaciones que además denotan que el inmueble precisará un proceso de rehabilitación una vez se concrete la operación. Respecto a esto, cabe destacar que la fachada principal está protegida por el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, de manera que se debe mantener intacta. El mismo PGOU contempla la posibilidad de construir cerca de cien pisos en el interior del inmueble, una opción que no aparecía recogida en el plan de 2004 -cuando Iberdrola aún no había mudado su sede-, que reservaba el inmueble de forma exclusiva al uso dotacional y terciario. De hecho, uno de los primeros planes tras la marcha de la compañía eléctrica fue la de abrir un hotel de cinco estrellas.

El cambio en la ordenación vino propiciado para que fuera «coherente» con un planteamiento del Ayuntamiento de Valladolid, que intentó incluir parte del inmueble en una operación urbanística con la Ciudad de la Justicia como protagonista, como explicaban desde el consistorio en 2021. En 2018, el Ayuntamiento intentó una permuta a tres bandas. El entonces alcalde de Valladolid, Óscar Puente, acompañado del exconcejal de Urbanismo, Manuel Saravia, presentó una operación inmobiliaria para hacer con el antiguo colegio El Salvador, en la plaza de San Pablo, cuya compra fue aprobada en junio de 2021, tres años después del anuncio. De vuelta a la operación, que el antiguo regidor calificó de «redonda», la compra del antiguo centro educativo se realizaría a través de una compañía, que luego cedería al Ayuntamiento el terreno. A cambio, esta sociedad, recibiría 6.000 metros cuadrados de edificabilidad en el bloque de la Electra, que se sumarían a los 6.891 ya existentes, lo que permitiría levantar cerca de cien viviendas. El plan, que también impulsaba el plan parcial Zambrana para rehabilitar la barriada de Las Viudas, no dio sus frutos. La operación se podría llevar a cabo pues la ficha de la parcela contempla dos opciones. Su uso dotacional y terciario, que permitiría una edificabilidad de dicha superficie y otra que requeriría un plan especial para incrementar los metros hasta los 12.000, que permitiría hacer pisos.

El edificio de la Electra Popular Vallisoletana, donde está previsto construir viviendas de mayores, cuenta con tres naves, una central y de menor altura, y dos laterales, una de ellas rematada con el antiguo escudo de la ciudad. La venta del edificio, parte del patrimonio de la ciudad, se une a las operaciones de compraventa de estos inmuebles que permanecen abiertas en la ciudad. Una de ellas es la del cuartel General Monasterio, ubicado en el Arco de Ladrillo número 37, y donde ahora se construye el nuevo barrio de cuarteles. El edificio salió al mercado inmobiliario el pasado mes de junio por un precio de 2,5 millones de euros, con la obligación de preservar su fachada y con la finalidad de darle un uso terciario, como pueden ser un hotel o una residencia.