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Raro es el día que Dolores Moreno Romero –87 años– no amanece con la esperanza de tener alguna noticia, por mínima que sea, de su ... hermano Virginio. Que no se le vienen a la mente esos ojos marrones y ese poblado mostacho que lucía la última vez que le vieron. Porque «se le tragó la tierra» hace casi veintidós años en Portugal. Pero hasta ahí. No sabe más. Ni cuándo ni exactamente dónde.
La única certeza que maneja es que ni ella ni el resto de su familia saben «absolutamente nada» de este operario granadino que se esfumó, a sus 52 años, el 22 de diciembre de 2001. «Él estaba trabajando en Andorra y algo o alguien le llevó hasta Portugal, que es donde renovó el carné. Para mí que le hicieron algo, por lo menos le engañaron, porque hubiera llamado, él siempre llamaba y teníamos mucho contacto», relata esta octogenaria, natural de Alhama de Granada pero afincada en Valladolid capital desde hace sesenta años y donde desde entonces ha interpuesto diversas denuncias en comisaría.
No había nada de extraordinario en aquel 22 de diciembre. Era un día cualquiera. Sin previo aviso ni despedidas –ni tan siquiera alertó a la empresa para la que trabajaba de que se iba– «se largó». «Intentamos hablar con él y nos dijeron que llegó un chatarrero, con el que se encontró de puñetera casualidad, y se perdió de la noche a la mañana. Le preguntó a mi hermano por restos de chatarra y parece ser que se llevó la bobina entera; no sé si metería miedo o mi hermano cogió miedo y se fue para Portugal con él», considera Dolores.
Aunque ya han pasado casi veintidós años desde la última noticia que tuvieron de Virginio, su familia sigue luchando sin descanso. No pierde ni Dolores ni sus nueve hermanos la fe por que sus caminos vuelvan a cruzarse. Solo quieren saber qué fue de él.
Hombre, de nacionalidad española, de entre 13 y 17 años y que se ha marchado de forma voluntaria. Ese es el perfil predominante de las desapariciones registradas por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) a lo largo del año pasado. La memoria revela, por ejemplo, que la gran mayoría de los casos –el 87%– están catalogados como desaparición voluntaria (19.436), mientras que tan solo 103 de esas 22.285 (0,46%) están consideradas como forzosas. Por otra parte, recoge que el 55% de las denuncias resueltas a lo largo del año pasado se cesaron durante los tres primeros días de búsqueda.
No quieren 'irse' con la misma «cosa» que se fue su madre, que «no lo vio más». «¿Que cómo se lleva? El Señor quiera que no le toque a nadie. Ni esto ni accidentes, porque se te para la vida», admite, al tiempo que subraya que «nunca pasas página». «Hay veces que estoy medio dormida y siento que están llamando a la puerta; me levanto y digo 'pero Dolores'... Es la obsesión que tengo. Con el teléfono igual, cuando suena quiero pensar que igual ha dicho a alguien que llame», continúa.
Han «empapelado» Portugal –el punto donde pareció evaporarse, pues renovó el carné de identidad en la frontera, en la provincia de Salamanca– en varias ocasiones. Todas sin éxito.
El de Virginio Moreno Romero, que hoy tendría 72 años, es uno de los casos que siguen sin resolverse en España. No es el único. Él no tiene ningún vínculo con Valladolid –«no ha venido en la vida», reconoce su hermana–, aunque las diligencias policiales se llevaron a cabo en la capital vallisoletana, lugar de residencia de Dolores. Una de las desapariciones sin resolver más recientes de la historia de la provincia es la de María Dolores Sánchez Moya, vecina de Medina del Campo de la que no se sabe nada desde el 23 de julio de 1990, cuando se vio por última vez a esta mujer, entonces de 21 años.
Son casos que siguen abiertos, pese a la dificultad añadida en la búsqueda del paso del tiempo. «Es una barrera muy difícil de franquear, porque cuentas con el problema inicial de que, por ejemplo, no hay testigos, por lo que en estos casos recurrimos a las fuentes oficiales. Las primeras gestiones son las más importantes y en estos casos están perdidas», subraya el inspector y jefe del grupo de Homicidios y desaparecidos de la Policía Nacional de Valladolid, César Bruña.
César Bruña, jefe del Grupo de Homicidios y Desapariciones de la policía Nacional de Valladolid
Estas causas no 'mueren', dicho esto en el mejor sentido de la palabra. Pase el tiempo que pase. Ese es, precisamente, el mensaje que buscan transmitir los organismos encargados de dar con el paradero de la persona en cuestión. «No hay ninguna desaparición que se archive; siempre están las búsquedas activas en una base de datos nacional e internacional y se revisan de forma periódica», asegura Bruña, al tiempo que insiste en que «la línea de búsqueda es igual de intensa desde el primer momento». «Cuando el nivel mediático baja, la sensación de las familias es que la búsqueda ha cesado, pero trabajamos igual de intensamente», añade el inspector.
En el caso de la Policía Nacional, permanecen activas cuatro denuncias por desapariciones en el periodo 2000-2022. Por otra parte, cabe destacar que según se desprende de la memoria anual del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), organismo dependiente del Ministerio de Interior, la provincia de Valladolid cerró el 2021 con 32 búsquedas activas –de las que 19 eran menores–, mientras que en el caso de Castilla y León esta cifra era de 127 (87 hombres y 40 mujeres). Así cerró Valladolid el año, un ínfimo número si se tienen en cuenta que a lo largo de todo 2021 se alertó de que se había perdido el rastro a 387 personas, el 37% más que en 2020 (entonces 282). De esas 387 desapariciones, la mayoría –220– eran mujeres y 323 se correspondían con menores de edad.
«Buscamos siempre personas vivas», insiste el jefe del Grupo de Homicidios y Desapariciones de la Policía Nacional de Valladolid, César Bruña, al tiempo que hace hincapié en la importancia de poner en conocimiento de las autoridades lo antes posible la desaparición de un ser querido. El motivo, explica el inspector, no es otro que manejar toda la información de la persona en cuestión «cuanto antes». «Cuanto antes tengamos toda la información, mejor. La búsqueda inicial debe ser lo más rápida posible», argumenta.
Nada del mito de que es preciso esperar 24 o 48 horas para denunciar una desaparición. Es importante comunicarlo a la Policía o Guardia Civil lo antes posible para que se inicien las acciones pertinentes, independientemente de que la denuncia se interponga más adelante.
Las primeras gestiones que se realizan son a nivel interno, con difusiones con la fotografía del desaparecido entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Después –y tras unas comprobaciones previas por parte de la familia– se entrevistan con el entorno, comprueban posibles viajes o movimientos de dinero. En definitiva, «bucear» en la vida privada de quien se ha perdido el rastro. «Es muy importante conocer posibles adicciones, si hay algún tipo de problema...».
No obstante, concreta que hay «muchos tipos» de desapariciones y es la «anormalidad de la situación» el criterio fundamental a seguir a la hora de llevar a cabo cada investigación. «Lo que marca el riesgo es la no habitualidad de las conductas, la investigación va un poco en función de lo que ves», asevera.
Por otra parte, considera que su grupo realiza también una labor «confesora». «Muchas veces se desahogan con nosotros, al final la familia sabe que somos quienes vamos a ayudar a encontrar a su ser querido», apunta.
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