Denuncian al delegado del Gobierno por una actuación policial a la entrada de la Catedral de Valladolid

La Asociación de Abogados Cristianos ha presentado una querella contra el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, por un supuesto delito contra el derecho a la libertad religiosa después de que varias patrullas de agentes de la Policía Nacional obligarán a dispersarse a los fieles que acudieron a una misa celebrada a media tarde del domingo 22 de marzo en la Catedral de Valladolid.

La denuncia, presentada ante el juzgado de Guardia, recuerda cómo aquel día «varias patrullas de la policía hicieron acto de presencia, dispersando a los fieles que se hallaban fuera instándolos a que regresaran a sus domicilios». También asegura que al «sacerdote que iba a oficiar se le indicó que suspendiera la celebración o, si no, que la oficiase en solitario sin presencia de los fieles».

En el texto, los letrados denunciantes argumentan que el artículo 11 del Real Decreto de Estado de Alarma del 14 de marzo excluyó la asistencia a actos religiosos de la lista de actividades prohibidas durante el confinamiento por el coronavirus. siempre que se tomarán «medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro».

Lo que pasó en Valladolid «es una clara vulneración de un derecho fundamental que ni un estado de alarma puede limitar», insiste la presidenta de este colectivo de abogados, Polonia Castellanos, firmante de la denuncia. Este colectivo deja claro en su escrito que la responsabilidad de echar a los creyentes de la seo no fue de los agentes («cumplen órdenes») sino de sus superiores.

Los hechos se produjeron el 22 de marzo a las seis de la tarde cuando unas veinte personas se congregaron ante la entrada del lateral del templo, en la plaza de la Universidad, para participar en la misa convocada por el Arzobispado. Varias patrullas de las policías Nacional y Local instaron a los fieles a irse a casa. También propusieron al sacerdote que iba a oficiarla (el sacerdote esgrimió el citado artículo 11) a que suspendiera la celebración o la llevara a cabo en solitario.

«Nos parece que 20 fieles en un templo como la catedral no deberían tener problemas para evitar contactos», insiste Castellanos. Esta organización ha presentado diez denuncias en otras tantas ciudades españolas (Granada, Murcia, Sevilla, Cádiz...) por situaciones similares. Incluso hay otra querella contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por «instigar» una persecución general contra el culto en las iglesias cristianas.

La situación vivida en la catedral no fue la única ocurrida en el acceso a iglesias de Valladolid que hizo intervenir a los agentes. Desde el Arzobispado declinaron pronunciarse sobre la situación creada y la querella judicial.

Horas después de estos hechos, que también se produjeron en otras capitales de la región, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, trasladó al Gobierno la necesidad de aumentar el confinamiento con medidas como «cerrar los lugares de culto» , aunque continuaron abiertos. Ningún juzgado en España ha iniciado la instrucción de estas denuncias. Algo que Castellanos achaca al «enorme atasco judicial y el cierre físico de los juzgados».