El Defensor del Paciente pide investigar la intoxicación en las cafeterías del Río Hortega

Ante este brote alimentario, que el propio hospital comunicó a la Dirección de Salud Pública, el Defensor del Paciente ha dirigido un escrito al Ministerio Público en relación «a la noticia que acabamos de conocer y que no es algo de este momento» y destaca que «la comida es fundamental« para los pacientes y, en general, las personas que comen en los hospitales. A su juicioo, se »está incumpliendo con algo tan serio como la alimentación». La asociación pone el foco en las empresas contratadas por la Administración «que no son vigiladas, lo que importa es que no sean caras (como si las pagaran ellos), en lugar de tener cocinas en los propios hospitales y cafeterías públicas y contratas».

No obstante, las intoxicaciones, probablemente por el consumo de pescado en mal estado, afectan solo a las cafeterías externas y no a la propia del hospital Río Hortega, que sirve a los pacientes bajo estrictos protocolos de salubridad. Cuando se detectó el brote, el Río Hortega avisó a Salud Pública, que tomó muestra de los alimentos presuntamente implicados para su análisis. Los resultados, apuntan desde la Consejería de Sanidad, «aún tardarán unos días».

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Desde el defensor del Paciente señalan, asimismo, que «todo esto pone en riesgo a las personas, es un presunto delito que corresponde a los que dirigen el hospital y a la comunidad. Por ello, la investigación tiene que ir dirigida, y esto le solicitamos, a todos los hospitales de Valladolid, porque nos tememos que será la misma contrata que ha propiciado estas intoxicaciones».

La situación de Castilla y León «como decimos siempre, está siendo denostada. ¡Un sistema ¡maravilloso! Roto por la inutilidad de gestión y falta de inversión, y este hospital es solo una muestra de ello», añade el escrito.

En el texto firmado por la presidenta de la asociación, Carmen Flores, se indica que «esta solicitud, como siempre , está la fundamentada en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieran noticia de algún delito público y por ello tenemos que denunciarlo inmediatamente al juez o al fiscal», concluye la carta.