El Defensor del Paciente canaliza denuncias por falta de traslado a hospitales y sedación en geriátricos en Castilla y León

La Asociación Defensor del Paciente, entidad de ámbito nacional, ha remitido a la Fiscalía Superior de Castilla y León 17 casos en los que familiares de mayores fallecidos en residencias de ancianos denuncian desatención con repercusión en su salud, la negativa a trasladarles a hospitales ante el empeoramiento de su estado y requerimientos coercitivos de sedación en los propios geriátricos sin haber podido constatar el estado del mayor. Carmen Flores, presidenta de esta asociación que se centra en la denuncia de carencias sanitarias y negligencias médicas, ha señalado que «el goteo de consultas es constante y muy triste, porque hay muchos fallecidos en unas condiciones muy penosas».

Las familias que han contactado con esta asociación entienden que lo que han vivido sus mayores y ellos mismos encaja en situaciones de falta del deber de protección, de información y cuidado, además de denegación de auxilio a personas muy vulnerables, según explica Carmen Flores.

Se trata de centros de Valladolid y León, sobre todo, pero también de Ávila y Segovia. En la mayoría de los casos que desde esta asociación han puesto en conocimiento de la Fiscalía hay fallecidos y responden a un patrón en el que la familia no logra obtener información o esta es muy limitada, cuando no contradictoria en lo que se les traslada desde la residencia sobre la situación de su allegado, que se encuentra confinado en una habitación y al que finalmente se le aplica sedación tras una férrea negativa a trasladarle a un hospital.

Detrás de la mayor parte de las investigaciones que se solicitan hay familias a título individual, pero también existe alguna impulsada de forma colectiva. Es el caso de un grupo de allegados de internos de La Beneficencia, en Valladolid. A esta se suma el centro Ballesol, también en la capital vallisoletana; la residencia de Mensajeros de la Paz, en La Bañeza (León); o geriátricos en Sanchonuño (Segovia) y Cebreros (Ávila). En este caso se denuncia la «retención» de una anciana en contra de su voluntad.

A otras 16 familias que les han expuesto casos de desatención grave, aunque sin el luctuoso resultado de los anteriores, desde la Asociación del Defensor del Paciente se les ha aconsejado que exijan explicaciones a la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León oficialmente, por burofax. «Sean centros públicos o privados, la Administración debe fiscalizar lo que ocurre y el servicio que prestan», ha remarcado Flores.