El escaño 82: el negocio de llegar a viejo

(*Cada semana, Susana Escribano -experta en los entresijos políticos y conocedora de los protagonistas de la actividad parlamentaria en la comunidad- escribe sobre las claves políticas de Castilla y León. Si eres suscriptor, apúntate aquí a esta newsletter.)

Es mal negocio llegar a viejo. O a mayor, para no herir susceptibilidades. El mayor gana años y experiencia. El viejo añade una situación de agotamiento ante la vida por falta de ilusión o dependencia de otros para lo más básico. Castilla y León es tierra de mayores (380.740 de 65 a 79 años) y de muy mayores (227.790 de 80 en adelante), según el INE. Carne de geriátrico y, a falta de plazas públicas, nicho de negocio. Nada que objetar a la iniciativa empresarial, si hay un control efectivo del trato que reciben personas altamente frágiles.

La covid-19 ha golpeado con ferocidad las residencias de mayores, privadas y públicas. 2.352 fallecidos hasta ahora no admiten paños calientes. La convivencia en comunidad era un factor de contagio, pero hay centros que han salido indemnes y otros que viven una tragedia, algunos gestionados por la propia Junta, lo que merece un análisis riguroso y honesto a parte iguales.

La red residencial autonómica (1.214 centros) es dispar en tamaño y con un importante peso de la iniciativa privada. Fondos de inversión y constructoras aterrizaron en los servicios sociales cuando explotó la burbuja del ladrillo. Regular los requisitos exigibles a estos centros es competencia autonómica.Y responsabilidad de la Junta controlar que se cumplen. «La pandemia es una lupa que magnifica lo que ya existía», defendía en El Norte Míriam González, experta en Derecho Comunitario, esposa del liberal británico Nick Clegg e hija del que fuera alcalde de Olmedo y senador del PP, José Antonio González Caviedes.

Internos vulnerables y trabajadores sobrecargados en labores para las que no vale cualquiera (para dirigir centros tampoco) y mal pagados, con diferencias sangrantes, incluso en las nóminas de la Junta entre Servicios Sociales y Sacyl. Ese es el panorama que hay que reconducir en medio de una crisis brutal. Estaba ahí antes del coronavirus.

También en Castilla y León, donde los Servicios Sociales y la atención a la Dependencia acumulan sobresalientes. Lo último, pese a que el Gobierno central (de Rajoy antes) y de Sánchez (en lo que le toca) nunca han cumplido con la financiación. Pero esa valoración no puede maquillar que, cuanto menos, ha fallado la inspección de la red de residencias y el control serio de las ratios de personal. De la plantilla real, de atención directa, no la que incluye a trabajadores de baja y de vacaciones. Y la vigilancia de que cuentan con medios. No han tenido guantes, mascarillas o batas impermeables ahora. Pero lo necesitaban antes y un informe sobre el trabajo de las gerocultoras que en otoño hizo CC OO alertaba de esa falta de protecciones o la imposibilidad de utilizarlas en una tarea con «riesgo biológico» por falta de tiempo.

A las residencias llegan más bisabuelos que abuelos. A convivir, pero sobre todo a convalecer. Con sus insulinas, sondas, aerosoles, polimedicaciones, cura de escaras a los encamados... Cada vez más con sus demencias. Es la última opción de la familia, cuando ya no pueden atenderles en casa. La regulación que tramitaba la Junta suprimía la obligación de contar con médico en centros de hasta 100 plazas y con enfermera en los de menos de 60. Era el tercer intento de cargar esa atención a los centros de salud sin aclarar cómo lo iba a hacer Sacyl, tras la anulación judicial de dos decretos en 2016 y 2017. Y contemplaba la relajación de ratios de personal de atención directa, con plazas privadas que cuestan una media de 1.935 euros mensuales. ¿A quién beneficiaba? Creo que a los abuelos, no.