El TSJ culpa al Ayuntamiento de causar un «colapso» de tráfico y anima a pedir indemnizaciones

Así, transitar por las vías exclusivas para el transporte público seguirá estando prohibido. Otra cosa es que la Policía Municipal vaya a ser especialmente celosa en la imposición de multas ante la situación de inseguridad jurídica que conlleva este fallo, en el que se obliga expresamente al Ayuntamiento a devolver «sin dilación ni excusas» las sanciones que se hayan podido imponer en estas vías.

No solo eso. La Sala anima a los vallisoletanos a reclamar daños y perjuicios a la Administración local. «La falta de estudio económico sosegado y la consustancial falta de audiencia a las empresas y vecinos usuarios de esas vías y por tanto afectados puede sustentar, incuestionablemente, las oportunas reclamaciones por responsabilidad patrimonial de verificarse la concurrencia de sus elementos. Todo ello con independencia de que la ordenanza que se tramite alcance finalmente su vigor, pues no podrá convalidar lo radicalmente nulo», señala la sentencia.

Si en primera instancia, la Justicia únicamente argumentaba que estas modificaciones se tenían que haber aprobado con una ordenanza por los «cambios sustanciales» que se habían implementado en la trama del casco histórico, el TSJ va mucho más allá en sus argumentaciones. Llaman la atención las valoraciones de la resolución, cuyo ponente es el magistrado Francisco Javier Zataraín y Valdemoro. La Sala de lo Contencioso Administrativo, que condena en costas al Consistorio, entiende que la intervención en esos puntos neurálgicos ha provocado un «colapso circulatorio». Literal. «El decreto anulado supuso una intervención extraordinariamente intensa en la circulación. Tanto, que puede afirmarse que existe un antes y un después de la implantación de las tres medidas controvertidas», sostienen los magistrados.

En su opinión, ese caos «se manifiesta más si cabe en contraste con la casi nula utilización de esos carriles bus taxi y bici (escasa en los primeros, casi nula en los últimos)», apuntan. Los jueces explican que «cambiando un sentido de circulación no se desnaturaliza el derecho de utilización de esas vías; instalando un semáforo, tampoco». Sin embargo, consideran que haciendo peatonal una calle o, como reconoce el Ayuntamiento, reduciendo la movilidad del vehículo privado para fomentar el uso de transporte público «sí se afecta general e intensamente a los derechos de los vallisoletanos y por ello, como mínimo, se ha de hacerse por ordenanza».

El concejal de Movilidad, Luis Vélez, quien aún no cuenta con la información sobre cuántas multas se han impuesto en estas calles y su importe, no comparte en absoluto esas valoraciones de los magistrados. «El contador de bicis de Isabel la Católica ha registrado el paso de más de cien mil vehículos», destacó el edil, quien subraya que Valladolid será «la única ciudad en España» en la que se obliga a atramitar modificaciones en la ordenación del tráfico mediante una ordenanza.

El alcalde, por su parte, avanzaba, en una comparecencia sobre fondos europeos, que la cantidad a devolver «no será mucha». «Necesito hablar con Asesoría Jurídica y ver qué pasos tomamos. Es un caso complejo», reconoció.

El PP, la formación que llevó a los tribunales estos cambios aplicados a partir de junio de 2020, advirtió de que el Ayuntamiento podría incurrir en un fraude de ley con esa ordenanza al considerar que la norma municipal «no puede convalidar lo que se ha hecho hasta ahora». La presidenta de la formación en el Consistorio, Pilar del Olmo, calificó la sentencia de «auténtico varapalo» al alcalde, además de subrayar que actúan como «Pepe Gotera y Otilio» en la gestión. «Le debería hacer reflexionar, ha hecho daño a la ciudad», argumentó Del Olmo, quien animó al equipo de gobierno a revertir la situación y revisar todo el plan municipal de movilidad. El PP destacó que ellos le han dado muchas oportunidades al regidor, que aplicó los cambios de forma «secreta y sin contar con nadie», antes de llevar el asunto a los tribunales. «Puente dice que somos la peor oposición, pero somos la mejor para los vecinos de Valladolid», recalcó la concejala.

Que el diseño de estos cambios no fue ni mucho menos perfecto está claro. El Ayuntamiento se vio obligado a modificar el carril bici de Isabel la Católica por los atascos que se generaban en la confluencia de esta vía y hace poco más de un mes ha tenido que sumar un canal para coches en Miguel Íscar hacia la plaza Zorrilla ante la congestión circulatoria que se registraba en esta calle, que contaba solo con un canal para el vehículo privado.

No obstante, el Ejecutivo local se mantiene firme en los beneficios de esta red de carriles para el transporte público y las dos ruedas. No tiene intención de desmontarla.