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El PP en el Ayuntamiento de Valladolid reclamó este miércoles el cese del gerente de Auvasa después de que un juzgado haya declarado nulo el Plan de Movilidad aplicado en el centro de la ciudad, conocido como VA-10 y que afecta a los ... carriles bici de Isabel la Católica y la avenida de Gijón, así como a la red de vías exclusivas para el autobús y el taxi, que recorren el casco histórico.
La portavoz de la formación, Irene Núñez, acompañada del concejal y abogado Francisco Blanco, consideró que Álvaro Fernández Heredia es el «ideólogo» de lo que califican como un «despropósito», que ha convertido a Valladolid en «la ciudad de los cincuenta atascos, cuando antes era la de los quince minutos», porque en ese tiempo, aseguraron, se completaban la mayor parte de las rutas en coche.
Este directivo, autor del Madrid Central de Carmena, según recordó la edil, «no reside en Valladolid y no convive con los problemas de los demás vecinos».
Núñez destacó que «nadie sensato está contra el diseño de una ciudad más sostenible», pero acotó que los cambios introducidos en el verano de 2020 se llevaron a cabo «sin consenso, sin escuchar a los sectores afectados y sin alternativas». «Vía imposición», resumió la portavoz. Blanco calificó de «muy grave» que el equipo de gobierno municipal tramitara estos cambios sustanciales en 21 calles del centro de la ciudad por decreto en vez de hacerlo mediante una ordenanza.
Esta es la razón por la que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo húmero uno ha estimado el recurso presentado por el PP contra esta implantación. La magistrada subraya que se trata de una transformación en el tráfico de gran calado, que hubiera requerido de un procedimiento administrativo y político más armado, como es el caso de la ordenanza, que tiene que ser aprobada por el Pleno municipal, además de estar abierta a la audiencia pública y a las alegaciones. Ofrece más garantías.
Blanco adelantó que si el PP gobierna en 2023 revertirá estas actuaciones. Su formación ha presentado sin éxito varias iniciativas para corregir la situación, entre ellas permitir que motos o vehículos de reparto pudieran circular por la vías exclusivas para el transporte público, con el objetivo de aligerar la circulación.
Vélez anunció el martes que recurrirán la sentencia. El fallo no cambia la situación. Los carriles bici y bus-taxi siguen operativos y la Policía Local controlará que se respeten.
Francisco Blanco advirtió de que si el TSJ acuerda la firmeza de la sentencia de primera instancia se podrá reclamar la devolución del importe de las multas que se hayan tramitado en esos carriles.
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