«Con un contrato puedo sostener a mi familia, dejar de depender de ayudas y empezar a soñar»

«Cuando yo era niña, mi padre fue asesinado por la guerrilla. Eso, y mis ganas de ayudar a los demás, me llevó a trabajar en la Mesa Municipal de Víctimas del conflicto armado de Colombia. Trabajaba defendiendo los derechos humanos, pendiente de si había problemas con la atención médica de las víctimas de la guerrilla. Además tenía una microempresa. Pero empecé a tener serios problemas de seguridad decidí venirme a España en diciembre de 2019. Me traje a toda mi familia», prosigue.

Desembarcaron en Madrid y pidieron asilo político. Entraron en un programa de protección internacional y fueron derivadas a Salamanca, donde estuvieron acogidas en un hotel durante seis meses. Allí recibieron la Tarjeta Roja, un documento provisional que permite que un extranjero procedente de un país en conflicto pueda quedarse en España mientras espera la resolución del asilo político por razones humanitarias. «Tiene una duración de seis meses. Hay empresas que desconocen su existencia y directamente no te contratan o, cuando quieren, resulta que ya va a vencer y no pueden. El proceso hasta conseguir la documentación que te permita trabajar es muy, muy complicado. Las citas en Extranjería son una locura. Pueden pasar cuatro meses hasta que te citen y entonces los documentos te caducan y hay que volver a empezar todo el proceso. Eso te genera innumerables problemas con la Seguridad Social porque no puedes reclamar los medicamentos, por ejemplo, aunque sí te atienden en las urgencias», aclara.

Su abuela es totalmente dependiente y ni su madre ni Paola encontraban trabajo. Aquellos meses esta joven los vivió «con mucho agobio, estrés y miedo». «Estás en un país que sólo conoces de lo que lees y ves en las noticias y en el que, a pesar de que el idioma es el mismo, todo se dificulta. Cuesta que nos entiendan y hacernos entender. Todo es complicado», explica Paola, que hizo numerosos cursos con el objetivo de que la búsqueda de empleo fuera más productiva. «Siempre me pedían experiencia, pero yo en este país no tenía ninguna. Eso era un hándicap importante», sentencia.

A los seis meses de su llegada, fueron trasladadas a Valladolid. Sus primeros trabajos fueron «en B», cuidando de personas mayores y haciendo limpiezas domiciliarias. Su primer empleo «en regla», le llegó en diciembre de 2021, gracias a la empresa de inserción Arco Iris Prolava, un proyecto de Cáritas Diocesana de Valladolid que persigue el triple objetivo de dignificar la entrega de ropa a personas necesitadas, dar una salida ética y responsable a los excesos de ropa que se producen en el mundo y crear empleo social. Las prendas que recogen tienen un doble destino: las buenas son reutilizadas y se les da una segunda vida en las tiendas de ropa Moda Re- de Cáritas, y las que no sirven, son recicladas, lo que beneficia al medio ambiente.

«El hecho de que Arco Iris Prolava me contratara como conductora y carretillera me permitió tener una documentación y una residencia. Ahora todo es mucho más fácil. A nivel personal, tener el contrato fue un logro inmenso, porque implicaba poder sostener a mi familia, tener una estabilidad, dejar de depender de ayudas y dejar de tener trabajos en B y mal remunerados. Este contrato me ha permitido poder soñar un poco más», dice.

Cada día recorre en furgoneta la ciudad y el alfoz recogiendo la ropa usada de los contenedores rojos de Arco Iris Prolava. Traslada la carga hasta la nave situada del polígono de Santovenia y allí, junto con el resto de la plantilla, empaqueta las prendas en grandes sacas que compacta para su traslado a una planta integral de tratamiento en Barcelona, donde las clasifican y luego traen de vuelta las que están en buen estado para ser puestas a la venta en las tiendas Moda Re-.

Paola es una persona optimista que, a pesar de las dificultades, afronta el futuro con ilusión. Tiene muy presente que el suyo, es un contrato temporal de inserción laboral con una duración de un año, que ya ha renovado por otro año más. «Extranjería archivó nuestro expediente de asilo político por error y tramitaron nuestra expulsión del país. La mía la he podido parar porque al tener contrato ya tengo arraigo laboral. Mi familia tiene un recurso de reposición que, de momento ha paralizado su expulsión, pero estoy a la espera de regularizar de forma definitiva su situación. Es lo que me tiene más intranquila. Yo tengo el NIE desde noviembre, pero ellas están sin documentación. La niña está escolarizada pero debe pasar un año hasta que lo tenga todo arreglado y para mi abuela, que es dependiente, no puedo solicitar la ayuda a domicilio al no tener papeles», expresa esta joven carretillera, cuyo próximo objetivo es estudiar trabajo social. «La experiencia la tengo toda, pero me falta el título y voy a tratar de conseguirlo», dice.