Condenan a un policía local por violencia de género sobre su expareja, también agente

Un fallo del Juzgado de lo Penal que la Audiencia de Valladolid confirmó en marzo de este año y en la que se condenaba a Raúl F.D. por delitos de acoso en el ámbito familiar, amenazas graves, vejaciones y daños por incluir su número de teléfono en una página web de contactos o llegar a amedrentarla con disparos con una pistola de aire comprimido en la fachada de su vivienda, así como amenazar a la víctima.

Los hechos, según recoge la sentencia, se desencadenaron en septiembre de 2016, cuando Raúl y su expareja finalizaron una relación de tres años (en abril de ese año acabó la convivencia). Precisamente, el 23 de septiembre el policía local manifestó a la víctima frases como 'si te veo con otro, te arranco la cabeza'. Hechos que continuaron, según se confirma a través la dirección IP del móvil del denunciado, con una publicación en una página web erótica con el número personal de su expareja, ofreciendo servicios de naturaleza sexual. «Valorando los elementos de prueba se constata que fue el acusado quien, desde su teléfono y utilizando el correo mamenpolculo@gmail.com, publicó un anuncio en la página www.pasión.com ofreciendo servicios sexuales y añadiendo el número de la denunciante», reflejan los hechos probados de la sentencia.

Igualmente y suplantando la identidad de su exnovia, el ya condenado solicitó también en febrero de 2017 alarmas de hogar en la vivienda de la víctima a través de Securitas Direct y Preventy Security System, motivando así que la citada empresa le efectuara diversas llamadas durante dos días.

Ya en marzo de 2017 y después de un juicio en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer en el que no se acordó ninguna medida de protección, Raúl F.D. se acercó a la vivienda de la víctima en una localidad del alfoz de la capital, donde, con el fin de asustarla gravemente, efectuó un disparo con una pistola de aire comprimido, causando desperfectos en una chapa de la galería exterior de la vivienda. Un ruido que despertó a la denunciante, que llegó a ver a Raúl por la ventana «con un objeto oscuro en la mano que se guardó en el bolsillo derecho». Un hecho que sucedió días después de que la víctima hallara impactos presuntamente con el mismo arma en varias de las ventanas de su domicilio, lo que propició, «por temor», a dormir en el salón.

Eso fue el 23 de marzo, pero según relata la denunciante, días antes, ya empezó a sufrir actos vandálicos similares en su vivienda con la aparición de «impactos en su ventana similares a los de la madrugada del 23 de marzo», además de desperfectos en su vehículo y en el portal de acceso a la vivienda (esto sucedió en diciembre de 2016), lo que obligó a la comunidad de vecinos a cambiar los bombines de las puertas y a instalar cámaras de videovigilancia.

Tras el incidente del 23 de marzo, la víctima llamó a la Guardia Civil, que se presentó en la vivienda de esta, testificando horas más tarde a la par que presentaba la denuncia. Una declaración que derivó en la movilización de varios agentes hasta el domicilio del denunciado tras encontrarse su móvil «apagado o fuera de cobertura». Fue precisamente el propio Raúl el que devolvió la llamada, alegando encontrarse en León, su localidad natal, y que se presentaría en Valladolid en una hora y media.

A pesar de esas manifestaciones la Guardia Civil se personó en la vivienda del condenado (cercana a la de la víctima), observando los agentes el coche y la moto de Raúl. Finalmente, según el atestado de la Guardia Civil, antes de esos noventa minutos a los que hacía referencia el condenado, Raúl salió de su casa «intentando ocultar su rostro», si bien fue detenido por la Guardia Civil. En el traslado a dependencias oficiales, el condenado llegó a proferir frases intimidatorias a los agentes.

Ese mismo día se le requirió para la entrega voluntaria de armas que pudiera tener en su posesión, afirmando tener una pistola de aire comprimido de proyectiles de acero de 4,5 milímetros en su casa (en perfecto estado según ratificó balística en el juicio), y un día más tarde, el 24 de marzo de 2017, el juez de Violencia sobre la Mujer otorgó orden de protección contra la víctima.

Desde ese día hasta la ejecutoria de lo Penal al Ayuntamiento y a la Jefatura de la Policía Local (firmada este 21 de noviembre), la causa ha pasado por tres juzgados de lo Penal, después de que la Audiencia lo devolviera en dos ocasiones, y el recurso de casación no fuera admitido por el Tribunal Supremo (cabe recurso ante el Constitucional).