Valladolid

Comienza la instalación de las 32 cámaras de control en la zona de bajas emisiones

Fuentes de la Concejalía de Medio Ambiente explican que ya está listo el anillo de fibra óptica en todo el perímetro de la ZBE, una red por la que se mandará la información que registren los dispositivos. En el despliegue, se han utilizado las canalizaciones subterráneas ya existentes para evitar tener que abrir nuevas zanjas, aunque en algunos puntos ha sido necesario acometer estas obras.

En principio, la idea es aprovechar, allá donde sea posible, los báculos de los semáforos para colocar los aparatos que fiscalizarán a los vehículos, aunque en algunos puntos es necesario levantar postes, ya que la disposición de los luminosos de regulación del tráfico no permiten una buena visión por la altura o los ángulos que tienen. Es el caso de la plaza de Poniente, donde se colocado uno específico para la cámara. En todo caso, las dispositivos enfocarán solo la parte trasera para registrar las matrículas, porque la Ley de Protección de Datos impide sacar fotografías en las que su pueda identificar al conductor, según acotan los técnicos municipales.

Además de estas 32 cámaras en el anillo de la ZBE, se instalarán otras 17 en un radio de entre 100 y 150 metros fuera del área para controlar los flujos de tráfico en el entorno y saber qué tipo de motores circulan fuera de la zona vedada, como por ejemplo en el Paseo de Zorrilla o en la avenida de Salamanca. La inversión en estos dispositivos y en la aplicación informática que gestionará las autorizaciones y permisos de acceso asciende a 410.937 euros y cuenta con una inyección de fondos europeos de 305.656. Ha sido la empresa Teva la adjudicataria de estos suministros.

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Toda la información que recojan las cámaras se enviará a los servidores del área de Movilidad, en el edificio de la Jefatura de la Policía Local, en el barrio de La Victoria. Allí se cotejarán los datos recibidos con el registro de exenciones y autorizaciones gestionadas para la ZBE, de manera que cuando se detecte que un coche que no está autorizado a entrar por tener una etiqueta cuyo acceso está prohibido y no haya solicitado el preceptivo permiso se comprobará con la foto captada por la cámara y se pondrá en marcha el expediente sancionador.

La multa prevista por infringir la ordenanza es de 200 euros (100 por pronto pago). No obstante, la norma contempla una gran batería de supuestos en los que se permite entrar a la zona de bajas emisiones independientemente de la calificación ambiental del automóvil, moto o furgoneta.

De momento, aún quedan muchos aspectos por cerrar. Entre ellos, la puesta en marcha de esa aplicación para teléfono móvil mediante la que se tramitarán las autorizaciones. El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, anunció esta misma semana que próximamente el Ayuntamiento iniciará una campaña informativa en la que se dará a conocer todos los detalles de esta nueva medida, que realmente no tendrá consecuencias punibles para los conductores hasta el próximo verano.