PSOE y Toma la Palabra critican una ordenanza que «no protege la salud» de los vecinos

«Incertidumbre y confusión». A falta de poco más de dos meses para que entre en vigor la Zona Baja de Emisiones, el PSOE considera que aumentan las dudas sobre su aplicación en Valladolid. Aunque oficialmente es el 1 de enero de 2025 hasta seis meses después no se impondrán sanciones, y las prohibiciones a los vehículos con etiqueta B se posponen hasta el 1 de enero de 2028. Además, para los socialistas las exenciones para acceder al centro generan inseguridad. «La falta de información ha sido la pauta de Carnero también en este tema», lamentan.

El PSOE critica la reducción «al mínimo» del perímetro de la ZBE y consideran que es evidente que la nueva zona de bajas emisiones «ni protegerá la salud de los ciudadanos ni beneficiará la economía de la ciudad». Según el principal partido de la oposición, los empresarios de comercio vaticinaban un impacto negativo en los negocios del área, pero la contestación de Ayuntamiento «no deja lugar a dudas», ya que reconoce que «no existen estudios científicos o de mercado que atestigüen una disminución de los ingresos del sector minorista», según destacan.

El Grupo Municipal Socialista advierte de que esta zona de bajas emisiones «dificultará el acceso a nuevos fondos comunitarios» porque, a su juicio, las medidas del Ayuntamiento de Valladolid «no sintonizan con las directrices de la Unión Europea para reducir el tráfico en el centro de las ciudades y potenciar el transporte público y los medios sostenibles, como la bicicleta, y tampoco se contemplan nuevas peatonalizaciones de calles» como si ocurrió, según recuerdan, en los mandatos de Óscar Puente con Regalado, Constitución, Menéndez Pelayo, Claudio Moyano, Pasión, María de Molina y la Plaza Mayor íntegra.

Por su parte, Valladolid Toma la Palabra expresa su firme rechazo a las modificaciones propuestas por el equipo de gobierno del Ayuntamiento. «Lejos de avanzar hacia una ciudad donde priman las personas y su salud frente a la contaminación y el tráfico, suponen un grave retroceso en la lucha por una movilidad más amable y la mejora de la calidad del aire, priorizando un modelo de ciudad obsoleto, que sigue poniendo el vehículo privado en el centro de las políticas urbanas», subrayan.

Para la formación el proyecto actual reduce drásticamente la extensión de la ZBE a la tercera parte del proyecto original presentado por el anterior equipo de gobierno sin una justificación técnica que la recomiende. «Es una muestra clarísima de la falta de voluntad política para acometer las mejoras que nuestra ciudad necesita urgentemente», manifiesta el concejal Jonathan Rracionero.

«Retrasar la implementación de restricciones a vehículos sin etiqueta ambiental seis meses y 24 meses para los de etiqueta B y ampliar exenciones sin criterios claros y sin ningún documento que lo argumente, no solo compromete la eficacia de la ZBE, sino que pone en peligro la salud de la gente», critica el edil.

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